Para profundizar avances en Uruguay 
El foro “Diálogo entre Sociedad Civil y Estado sobre la ratificación de recomendaciones formuladas a Uruguay por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)” fue organizado para analizar e intercambiar reflexiones con el objetivo de determinar acciones para cumplir con las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Ese organismo, que examina regularmente y sin distinción la situación de los derechos humanos en los 192 estados miembros de la ONU y donde la sociedad civil tiene un rol importante, convocó a Uruguay el 29 de enero para que presentara su informe. Tras el análisis del extenso relato, los 85 delegados de turno de los países miembros del foro mundial realizaron 188 recomendaciones.
En el encuentro del lunes en un hotel de la Ciudad Vieja, organizado por la alemana Fundación Friedrich Ebert (FES) y Amnistía Internacional, con sede en Londres, participaron por el Gobierno Javier Miranda, secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, y Alejandra Acosta, en representación de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Cancillería.
También estuvieron Juan Raúl Ferreira y Mirtha Guianze, por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Simone Rperger, directora de FES Uruguay, y Juan Miguel Petit, en representación de la ONU en Uruguay.
En tanto, desde la sociedad civil asistieron al diálogo delegados del capítulo uruguayo de Amnistía Internacional, de la Asociación Amigos y Amigas del Museo de la Memoria, Asociación Civil el Paso, Centro de Archivos y Acceso de la Información Pública y la Colectiva Mujeres.
A ellos se sumaron el Colectivo Ovejas Negras, la Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida, el Comité de los Derechos del Niño de Uruguay, el Consejo de la Nación Charrúa, Cotidiano Mujer, Crysol, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), el Observatorio de Políticas y Derechos Humanos en el Mercosur, la católica Orden Franciscana Seglar del Uruguay y la Red uruguaya contra la violencia doméstica y sexual.
Miranda resaltó que desde el Gobierno se ha procurado que la comparecencia del Estado uruguayo ante organismos internacionales no ha sido complaciente.
“No se trata de decir que somos buenos, sino de hacer una evaluación del proceso —dijo—. Por consiguiente, también dejamos constancia en los informes presentados de las dificultades que hemos encontrado en la realización de los distintos aspectos vinculados con las normas internacionales".
“La actitud del Estado desde 2010 ha sido de diálogo constructivo”, aseguró Miranda, para luego indicar que esta instancia de diálogo contribuye al seguimiento de las recomendaciones realizadas por la ONU. Precisó en tal sentido que hay una voluntad expresa del Gobierno de sistematizar la elaboración de los informes como el seguimiento de las recomendaciones.
Destacó el fortalecimiento de las instituciones de derechos humanos en la institucionalidad del Estado para proponer, diseñar y evaluar políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Asimismo reivindicó la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil en la presentación de informes independientes a los presentados por los organismos gubernamentales.
“Eso es lo que permite tener distintos puntos de vista e incluso ver donde se nos plantean los desacuerdos para que estos queden manifiestos y a partir de allí elaborar los diálogos para superar, sintetizar o dejar claro cuáles son estos desacuerdos; es a partir de la articulación de los disensos en que se crece políticamente”, puntualizó.
Rechazo a recomendación de Bangladesh
De las 188 recomendaciones recibidas por Uruguay en el Examen Periódico Universal, Uruguay solo rechazó una.
Se trataba de la presentada por Bangladesh, que indicaba que Uruguay debía “velar por la protección y el derecho a la vida familiar, partiendo del hecho de que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad basada en la relación estable entre un hombre y una mujer”.
La delegación nacional cuestionó esa recomendación por considerar que la protección efectiva de la institución familiar debe darse de una manera amplia y no discriminatoria. Por ende, se rechazó la limitación del concepto de familia en función de la identidad de género u orientación sexual.
Por su parte, Alejandra Acosta indicó que Uruguay rechazó la recomendación porque significaba un retroceso en los avances legislativos logrados por Uruguay.
Desde Amnistía Internacional Uruguay se coincidió con la decisión del Estado uruguayo por entender que la aceptación de esa recomendación habría sido incompatible con legislación nacional e internacional sobre derechos humanos.
Gobierno y sociedad civil monitorean 187 recomendaciones de respeto a derechos humanos
Representantes del Gobierno de José Mujica y de organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos dialogaron sobre el cumplimiento de las recomendaciones en la materia realizadas a Uruguay en el Examen Periódico Universal realizado por el organismo especializado de la ONU en enero en Ginebra. En esa instancia, el país aceptó 187 llamados de atención y rechazó uno por considerarlo discriminatorio.
Ese organismo, que examina regularmente y sin distinción la situación de los derechos humanos en los 192 estados miembros de la ONU y donde la sociedad civil tiene un rol importante, convocó a Uruguay el 29 de enero para que presentara su informe. Tras el análisis del extenso relato, los 85 delegados de turno de los países miembros del foro mundial realizaron 188 recomendaciones.
En el encuentro del lunes en un hotel de la Ciudad Vieja, organizado por la alemana Fundación Friedrich Ebert (FES) y Amnistía Internacional, con sede en Londres, participaron por el Gobierno Javier Miranda, secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, y Alejandra Acosta, en representación de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Cancillería.
También estuvieron Juan Raúl Ferreira y Mirtha Guianze, por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Simone Rperger, directora de FES Uruguay, y Juan Miguel Petit, en representación de la ONU en Uruguay.
En tanto, desde la sociedad civil asistieron al diálogo delegados del capítulo uruguayo de Amnistía Internacional, de la Asociación Amigos y Amigas del Museo de la Memoria, Asociación Civil el Paso, Centro de Archivos y Acceso de la Información Pública y la Colectiva Mujeres.
A ellos se sumaron el Colectivo Ovejas Negras, la Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida, el Comité de los Derechos del Niño de Uruguay, el Consejo de la Nación Charrúa, Cotidiano Mujer, Crysol, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), el Observatorio de Políticas y Derechos Humanos en el Mercosur, la católica Orden Franciscana Seglar del Uruguay y la Red uruguaya contra la violencia doméstica y sexual.
Miranda resaltó que desde el Gobierno se ha procurado que la comparecencia del Estado uruguayo ante organismos internacionales no ha sido complaciente.
“No se trata de decir que somos buenos, sino de hacer una evaluación del proceso —dijo—. Por consiguiente, también dejamos constancia en los informes presentados de las dificultades que hemos encontrado en la realización de los distintos aspectos vinculados con las normas internacionales".
“La actitud del Estado desde 2010 ha sido de diálogo constructivo”, aseguró Miranda, para luego indicar que esta instancia de diálogo contribuye al seguimiento de las recomendaciones realizadas por la ONU. Precisó en tal sentido que hay una voluntad expresa del Gobierno de sistematizar la elaboración de los informes como el seguimiento de las recomendaciones.
Destacó el fortalecimiento de las instituciones de derechos humanos en la institucionalidad del Estado para proponer, diseñar y evaluar políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Asimismo reivindicó la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil en la presentación de informes independientes a los presentados por los organismos gubernamentales.
“Eso es lo que permite tener distintos puntos de vista e incluso ver donde se nos plantean los desacuerdos para que estos queden manifiestos y a partir de allí elaborar los diálogos para superar, sintetizar o dejar claro cuáles son estos desacuerdos; es a partir de la articulación de los disensos en que se crece políticamente”, puntualizó.
Rechazo a recomendación de Bangladesh
De las 188 recomendaciones recibidas por Uruguay en el Examen Periódico Universal, Uruguay solo rechazó una.
Se trataba de la presentada por Bangladesh, que indicaba que Uruguay debía “velar por la protección y el derecho a la vida familiar, partiendo del hecho de que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad basada en la relación estable entre un hombre y una mujer”.
La delegación nacional cuestionó esa recomendación por considerar que la protección efectiva de la institución familiar debe darse de una manera amplia y no discriminatoria. Por ende, se rechazó la limitación del concepto de familia en función de la identidad de género u orientación sexual.
Por su parte, Alejandra Acosta indicó que Uruguay rechazó la recomendación porque significaba un retroceso en los avances legislativos logrados por Uruguay.
Desde Amnistía Internacional Uruguay se coincidió con la decisión del Estado uruguayo por entender que la aceptación de esa recomendación habría sido incompatible con legislación nacional e internacional sobre derechos humanos.
Ver publicación Examen Periódico Universal-Uruguay
