Gobierno uruguayo actualiza normativa de control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
A pesar de que Uruguay es considerado de bajo riesgo en cuanto a la problemática de las armas de destrucción masiva y el financiamiento al terrorismo, ajusta cada vez más su normativa en la materia y conformará un órgano centralizador de personas y organizaciones sospechosas, dijo el titular de la secretaría antilavado de activos, Daniel Espinosa, al abrir este lunes en Montevideo un foro internacional organizado por la OEA.
Expertos internacionales participan de la “Conferencia subregional sobre el fortalecimiento de los controles fronterizos y aduaneros y la cooperación internacional y regional para prevenir y combatir el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y sus medios de financiación”, que se extenderá hasta este miércoles 21 en la sede del Mercosur, organizada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), con apoyo del Global Partnership Program de Canadá.
Espinosa destacó la importancia de este encuentro para Uruguay, que desde hace dos años trabaja en una revisión del plan de acción referido cumplir la resolución 1.540 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre proliferación de armas químicas y nucleares.
El titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) añadió que el año pasado se aprobó, por decreto la Estrategia Nacional Antiterrorismo, “documento reservado mediante el cual el país actualizó sus mecanismos de defensa contra posibles actos de terrorismo en el país”.
Precisó que, entre 2015 y 2016, el Gobierno realizó una evaluación nacional de riesgos que abarcó el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas.
Con respecto al financiamiento de terrorismo, dijo que se concluyó que en Uruguay el riesgo es reducido, ya que no hay grupos terroristas que operen en el país. No obstante, se detectaron algunas falencias en cuanto a la normativa aplicable en estos casos como tipificación del delito y el congelamiento sin demora, temas en los que se está trabajando.
Los controles de las organizaciones sin fines de lucro fueron otro tema en el cual se profundizó. Se elaboraron dos proyectos integrales de ley, de los cuales uno ya fue aprobado, que es el de lavado de activos y que incluye a ese tipo de organizaciones como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. Ahora resta aprobar cómo identificar qué organizaciones son más riesgosas de estar involucradas en lavado o financiamiento del terrorismo, agregó.
Finalmente, Espinosa dijo que la evaluación también detectó la falta de algún órgano estatal que centralice las acciones contra el financiamiento del terrorismo, como el manejo de una lista nacional en la cual se incluya a las personas sospechosas y que a su vez, se encargue de comunicarle a la ONU la información correspondiente.
“Uno de los objetivos fundamentales para este año es la aprobación de la ley antiterrorista porque, entre otras cosas, en 2019 Uruguay tiene una evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), por lo cual es muy importante tener aprobada y reglamentada esta ley”, concluyó.
Por su parte, el director nacional de Aduanas, Enrique Canon, detalló los principales aspectos de la reforma que se implementa en esa repartición.
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