Incautación de bienes al narcotráfico es una “fuerte señal” contra acciones delictivas
El decomiso y posterior remate de bienes incautados al narcotráfico y otras actividades ilícitas es una “fuerte señal “ para los delincuentes, a quienes les importa más sus ganancias que su libertad. Esa fue una de las principales reflexiones que se escucharon en la doble jornada de trabajo que realizaron los técnicos del Fondo de Bienes Decomisados de la Junta Nacional de Drogas junto a jueces y fiscales de todo el país.
El Taller sobre Incautación, Decomiso y Gestión de Bienes Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos se desarrolló entre el 17 y 18 de este mes en Colonia y permitió realizar un balance de la aplicación de la normativa en la materia y hacer una puesta a punto de las estrategias necesarias para combatir las actividades ilícitas, tanto por parte del Estado como desde la Justicia.
En ese contexto, se destacó especialmente que Uruguay cuenta con una legislación adecuada en materia de afectación de bienes acorde a los estándares internacionales, pero presenta algunos problemas de efectividad para su aprovechamiento.
Los más de sesenta técnicos reunidos en Colonia coincidieron en que es necesario desarrollar una cultura investigativa de los aspectos patrimoniales de las conductas ilícitas que pueda actuar como estrategia preventiva y disuasiva en la lucha contra la criminalidad.
Concluyeron, asimismo, en que existe una plena conciencia sobre la importancia y efectividad del decomiso y la confiscación en materia penal establecida en la leyes especiales de lavado de activos y narcotráfico, pero advirtieron que se deben difundir ampliamente los criterios de interpretación de estas disposiciones especiales o promover ajustes normativos para asegurar un mejor aprovechamiento de la legislación por parte de la Justicia.
También hubo consenso en afirmar que el trabajo interinstitucional es fundamental en este tema y que es importante dar una señal a las organizaciones delictivas a las que les importa más el producto económico de esas actividades que la pena de cárcel.
Durante el encuentro, la encargada del Fondo de Bienes Decomisados de la Junta Nacional de Drogas (JND), Elena Lagomarsino, puntualizó que Uruguay implementa una buena práctica de remate anticipado para evitar la pérdida de valor de los bienes.
Ante jueces y fiscales, remarcó el compromiso de los funcionarios del Fondo de Bienes
Decomisados con esta causa y sostuvo que volcar el resultado económico a las políticas de prevención, atención e inserción social y de fortalecimiento de las organizaciones de represión de esas actividades que participan directamente en la incautación de esos bienes es lo más importante, ya que produce un efecto reparatorio.
Por ello, quedó claro luego de las dos jornadas de trabajo que la apropiación patrimonial no es solo una cuestión accesoria en un proceso, sino que es tan importante como la condena y la pena de cárcel.
Desde 2010, el Fondo de Bienes Decomisado de Uruguay, en coordinación con la Justicia, ha realizado 15 remates en los cuales se subastaron unos 410 vehículos, dos inmuebles, joyas, muebles y artículos varios con un producido bruto que ronda los dos millones y medio de dólares.
Por su parte, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, coincidió con Lagomarsino en que la incautación de los bienes es central en el marco de las acciones contra el crimen organizado.
Manifestó que desde la perspectiva de la JND, que tiene a cargo la gestión de los bienes, es necesario que desde el inicio mismo de la causa se piense en todo lo relacionado con las propiedades y los capitales que las personas involucradas manejan.
Calzada recordó que, tanto la normativa como la legislación en esta materia, se desarrolló de manera significativa entre los años 2005-2010 y que en este período se trabajó en lograr que todos los actores del sistema que tiene sus distintas autonomías conozcan en toda su dimensión las posibilidades que la legislación permite para dar una lucha clara contra estos aspectos del narcotráfico.
“Como bien se planteó en este encuentro a la delincuencia le importa menos la libertad que el dinero. Ese es el eje de la actuación que tenemos que tener desde el conjunto del sistema de justicia y desde la JND”, concluyó.
"Chip cultural"
El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibal Pino, realizó un balance positivo del funcionamiento de los juzgados letrados penal especializado de crimen organizado. En ese sentido, remarcó que el Juzgado de primer turno tuvo diez causas nuevas en 2014 con 50 personas procesadas, mientras que el de segundo turno, registró 51 personas procesadas, 26 por tráfico de estupefacientes.
Para Ruibal Pino el trabajo que se realiza en esta materia desde 2007 es auspicioso. “Los juzgados de crimen organizado están trabajando muy bien con todas las autoridades que tienen competencia investigativa ya sea la Junta Nacional de Drogas, la Secretaría de Lavado, la Unidad de Análisis Financiero del Banco Central, Banco de Previsión Social, Dirección de Impositiva; todos han conformado un grupo de trabajo para los dos juzgados que permite muy rápidamente entrecruzar datos para que el juez tome decisiones”.
A su entender la Justicia está preparada para los procedimientos pero reconoció las dificultades que se crean por la entidad de los bienes incautados poco habituales en nuestro país, haciendo alusión al remate de vehículos de gran porte, ómnibus, camiones, avionetas, barcos y yates.
En la misma línea, el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, subrayó que la normativa uruguaya sobre medidas cautelares y decomiso es muy buena, acorde a las convenciones internacionales.
No obstante, Díaz admitió que la norma no ha sido aplicada en toda su extensión lo que atribuyó a un tema cultural.
“Tratamos de focalizar en este encuentro la necesidad de hacer un cambio de ‘chip cultural’, de preocuparnos no solamente por la pena privativa de libertad sino además por el decomiso de los bienes de los integrantes de las organizaciones criminales. Ese es una cuestión cultural que lleva su tiempo y sobre la cual hay que machacar y machacar”, sostuvo refiriéndose a la ley 18.494.
“La conclusión principal es que es necesario que los bienes que se cautelan se rematen rápidamente para que no se deterioren y que en todo caso la medida cautelar subsista sobre el saldo del precio del remate. Ese fue un avance importantísimo”, puntualizó.