Inseguridad alimentaria registra su mayor reducción en hogares con menores de seis años
Datos primarios de la Encuesta Continua de Hogares revelan una reducción interanual de la inseguridad alimentaria moderada o grave, de 13,2% a 12,4%. La mayor se observa en hogares con menores de seis años y en los quintiles de menores ingresos. “El objetivo es pisar el acelerador y lograr bajas sostenibles y sustantivas”, afirmó la titular del INDA, Micaela Melgar.
En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) abrió un espacio de diálogo interinstitucional para construir una agenda nacional sobre sistemas alimentarios y garantizar el derecho a la alimentación.
La directora de organismo, Micaela Melgar, señaló que Uruguay es un país productor de alimentos, y, sin embargo, enfrenta desafíos en cuanto al acceso a ellos. El objetivo es que el debate se centre en la alimentación, como una causa nacional que involucre al sector productivo, el privado, organizaciones sociales y al Estado, explicó.
La inseguridad alimentaria está asociada a la falta de acceso a productos inocuos, saludables y culturalmente aceptados. Se mide mediante una escala de experiencia de inseguridad alimentaria (FIES, por su sigla en inglés).
En ese contexto, la jerarca dijo que datos primarios, provenientes de la Encuesta Continua de Hogares, revelan una tendencia a la baja. La inseguridad alimentaria moderada o grave en los hogares se redujo, del 13,2% al 12,4%, y la grave, del 1,9% al 1,5%.
En hogares con niños menores de seis años, la inseguridad alimentaria disminuyó, de 18,9 a 14,8%. Es la reducción interanual más pronunciada para este grupo poblacional desde que se comenzó a aplicar la medición, en 2022. En tanto, la grave en esta población bajó, de 2,2% a 1,8%.
Más allá de esta reducción, Melgar aseguró que los niños siguen estando más expuestos que el resto de la población a la inseguridad alimentaria. "La brecha se achica, pero persiste. Y mientras persista tenemos que poner el foco ahí", advirtió.
Por otra parte, Melgar expresó que la inseguridad alimentaria afecta con mayor intensidad a los hogares de menos ingresos. En el primer quintil, la moderada o grave se redujo, de 33% a 31,8%, y la grave, de 5,8 a 4,8%. Estos datos muestran que la reducción relativa es más fuerte en las situaciones más severas, lo que muestra que se está logrando atender a quienes más lo necesitan, dijo.
“El objetivo es pisar el acelerador y lograr bajas sostenibles y sustantivas. Uruguay tiene la capacidad productiva, del Estado y de su propia sociedad para avanzar”, aseguró.
Los avances son producto de decisiones políticas
El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, subrayó la importancia de hablar de derechos y garantizarlos, así como de trabajar para que las desigualdades se reduzcan y se construyan condiciones de justicia social.
“Este Gobierno se propuso, desde el primer día, como objetivo central, trabajar sobre la pobreza en niños y adolescentes, que implica trabajar sobre los hogares más pobres. Eso lo vamos cumpliendo, logrando paulatinamente resultados”, afirmó.
Civila dijo que estos datos se suman a los de reducción de la pobreza y acciones vinculadas a la alimentación escolar y liceal, así como las políticas de transferencias. “Lo que se está logrando no es producto del destino o la casualidad, sino de decisiones políticas”, expresó.
El acceso a la alimentación como un derecho
El subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, apreció el trabajo de la Comisión de Seguridad Alimentaria, en el marco del Consejo Nacional de Políticas Sociales, que permite un trabajo articulado de política pública.
En ese sentido, señaló la necesidad de disponer de un marco legal que establezca que el acceso a la alimentación es un derecho, integrar la diversidad institucional, alinear metas y objetivos, planificar a mediano y largo plazo, incorporar conocimiento en el diseño de las políticas y coordinar acciones con gobiernos departamentales y municipales.
Por su parte, el subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, mencionó que la salud de la población depende en un 70% de determinantes sociales, como los ingresos, la vivienda, la alimentación y la actividad física. En ese contexto, manifestó que, cuando la alimentación se concibe como un derecho, “la desalimentación" surge como una epidemia.