Coordinación
Roballo explicó a la Secretaría de Comunicación que esta jornada de capacitación a inspectores parte de un proyecto vinculado con el rol que estas personas cumplen, basado en el trabajo de campo. “En un proyecto moderno y sofisticado es necesario generar cada vez mayores herramientas para la detección de estas situaciones”, indicó.
El titular de la Inspección aseguró que, si bien en Uruguay se puede encontrar alguna situación denominada como “grosera”, es mucho más probable que se registren situaciones “camufladas”, por lo que es imprescindible dotar a los inspectores de herramientas más afinadas que le permitan cumplir con su misión de detección y corrección de casos. Recordó que el objetivo de la Inspección es la protección de las personas en relación de dependencia laboral y definió este tipo de actividades como “un puntapié inicial” para llegar a determinadas realidades y corregirlas.
Entre las situaciones que se registran en las inspecciones, Roballo ejemplificó casos en los que se está en el límite de lo permitido y requieren corrección, como extensas jornadas de trabajo, combinadas con la imposibilidad de la libertad ambulatoria; el no pago de los rubros salariales por largos períodos; la carencia de condiciones adecuadas y la falta de elementos esenciales como agua potable, alimentación, comunicación, sanidad.
El trabajo de Inmujeres
Ramírez destacó la importancia del abordaje interinstitucional de un tema como la trata de personas, que involucra: explotación sexual, comercial y laboral. Recordó que Inmujeres trabaja en el tema, desde 2008, en el marco del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos e identifica la trata como una cuestión de violencia basada en género. Reconoció la labor que lleva adelante el Estado para construir condiciones que den respuestas a estas situaciones, pero aseguró que resta mucho por hacer.
El instituto cuenta con un servicio de atención especializado, que recepciona las denuncias y atiende caso por caso. Ramírez aseguró que desde 2011 a la fecha se registraron en el país más de una veintena de denuncias. En caso de detectarse situaciones de trata, el instituto tiene un sistema de respuesta, de contención inmediata, que incluye soluciones habitacionales y económicas transitorias para aquellas personas que no tienen a quién recurrir.
“Uruguay vive una situación complicada por ser un país de destino, tránsito y salida. Tenemos trata interna en el caso de niños y adolescentes. Tenemos un problema que debemos abordar y una normativa internacional que cumplir (Protocolo de Palermo y Ley de Migraciones). Deberíamos trabajar en una ley que redunde en un abordaje integral del tema”, añadió.
Goycoechea coincidió con Ramírez en el concepto de “flagelo” y dijo que se trata de una forma de esclavitud moderna. Recordó la importancia de que el asunto esté en la agenda pública y se refirió al rol de la OIM, institución que brinda su apoyo a los países para revertir la trata de personas. Agregó que si bien la mayoría de las víctimas son mujeres, niños y jóvenes; los casos de trata de hombres aumentaron sensiblemente en el último tiempo, sobre todo en materia de explotación laboral.
Fiscalización del trabajo doméstico
En relación al caso de reciente conocimientopúblico, que involucró a ciudadanas bolivianas, Roballo aludió a la fiscalización que la Inspección General del Trabajo realiza sobre el trabajo doméstico. Dijo que actúa de oficio desde el año 2010. Explicó que se investiga si se configuran abusos como los antes mencionados para definir la intervención de los organismos del Estado que correspondan.
“El objetivo central de la inspección es la corrección de la situaciones. De constatarse irregularidades se definen sanciones económicas. Pero si las condiciones que se dan tipifican conductas que puedan calificarse como delitos, se da cuenta al Poder Judicial para que intervenga”, relató Roballo.
Inspectores de trabajo se especializan en mejorar fiscalización de trata de personas
Generar herramientas necesarias para detectar casos de trata de personas en ámbitos laborales es el objetivo de un curso de capacitación para inspectores de trabajo que organiza el MTSS. Juan Andrés Roballo, inspector general del ministerio, señaló que en Uruguay se suele detectar situaciones “camufladas” de abusos de este tipo, por lo que es imprescindible dotar de recursos a quienes fiscalizan para corregir irregularidades.
La Inspección General del Trabajo del MTSS organizó un curso de capacitación sobre trata de personas para inspectores. La jornada tuvo lugar en el Edificio José Artigas con la participación de la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres-MIDES), Beatriz Ramírez; el inspector general de Trabajo y Seguridad Social, Juan Andrés Roballo y la jefa de la Misión Uruguay de la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM), Alba Goycoechea.
Roballo explicó a la Secretaría de Comunicación que esta jornada de capacitación a inspectores parte de un proyecto vinculado con el rol que estas personas cumplen, basado en el trabajo de campo. “En un proyecto moderno y sofisticado es necesario generar cada vez mayores herramientas para la detección de estas situaciones”, indicó.
El titular de la Inspección aseguró que, si bien en Uruguay se puede encontrar alguna situación denominada como “grosera”, es mucho más probable que se registren situaciones “camufladas”, por lo que es imprescindible dotar a los inspectores de herramientas más afinadas que le permitan cumplir con su misión de detección y corrección de casos. Recordó que el objetivo de la Inspección es la protección de las personas en relación de dependencia laboral y definió este tipo de actividades como “un puntapié inicial” para llegar a determinadas realidades y corregirlas.
Entre las situaciones que se registran en las inspecciones, Roballo ejemplificó casos en los que se está en el límite de lo permitido y requieren corrección, como extensas jornadas de trabajo, combinadas con la imposibilidad de la libertad ambulatoria; el no pago de los rubros salariales por largos períodos; la carencia de condiciones adecuadas y la falta de elementos esenciales como agua potable, alimentación, comunicación, sanidad.
El trabajo de Inmujeres
Ramírez destacó la importancia del abordaje interinstitucional de un tema como la trata de personas, que involucra: explotación sexual, comercial y laboral. Recordó que Inmujeres trabaja en el tema, desde 2008, en el marco del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos e identifica la trata como una cuestión de violencia basada en género. Reconoció la labor que lleva adelante el Estado para construir condiciones que den respuestas a estas situaciones, pero aseguró que resta mucho por hacer.
El instituto cuenta con un servicio de atención especializado, que recepciona las denuncias y atiende caso por caso. Ramírez aseguró que desde 2011 a la fecha se registraron en el país más de una veintena de denuncias. En caso de detectarse situaciones de trata, el instituto tiene un sistema de respuesta, de contención inmediata, que incluye soluciones habitacionales y económicas transitorias para aquellas personas que no tienen a quién recurrir.
“Uruguay vive una situación complicada por ser un país de destino, tránsito y salida. Tenemos trata interna en el caso de niños y adolescentes. Tenemos un problema que debemos abordar y una normativa internacional que cumplir (Protocolo de Palermo y Ley de Migraciones). Deberíamos trabajar en una ley que redunde en un abordaje integral del tema”, añadió.
Goycoechea coincidió con Ramírez en el concepto de “flagelo” y dijo que se trata de una forma de esclavitud moderna. Recordó la importancia de que el asunto esté en la agenda pública y se refirió al rol de la OIM, institución que brinda su apoyo a los países para revertir la trata de personas. Agregó que si bien la mayoría de las víctimas son mujeres, niños y jóvenes; los casos de trata de hombres aumentaron sensiblemente en el último tiempo, sobre todo en materia de explotación laboral.
Fiscalización del trabajo doméstico
En relación al caso de reciente conocimientopúblico, que involucró a ciudadanas bolivianas, Roballo aludió a la fiscalización que la Inspección General del Trabajo realiza sobre el trabajo doméstico. Dijo que actúa de oficio desde el año 2010. Explicó que se investiga si se configuran abusos como los antes mencionados para definir la intervención de los organismos del Estado que correspondan.
“El objetivo central de la inspección es la corrección de la situaciones. De constatarse irregularidades se definen sanciones económicas. Pero si las condiciones que se dan tipifican conductas que puedan calificarse como delitos, se da cuenta al Poder Judicial para que intervenga”, relató Roballo.