"Mejora en calidad de vida de adultos mayores es producto de políticas específicas"
El 14 % de la población uruguaya es mayor de 65 años y la mayoría reside en Montevideo y zona metropolitana. El 79 % es propietaria de su vivienda y un 2.8 % reside en hogares de ancianos. La responsable de Inmayores (MIDES), Adriana Rovira, aseguró que las condiciones de vida de estas personas mejoraron en los últimos años, producto del acceso a prestaciones monetarias, atención sanitaria, vivienda y participación.
En diálogo con la Secretaría de Comunicación, la directora del Instituto Nacional del Adulto Mayor (Inmayores), Adriana Róvira, informó que Uruguay es uno de los países con tasa de envejecimiento más alta. Casi el 19 % de la población tiene más de 60 años y un 14 % más de 65 años. La esperanza de vida se ubica en los 78 años para las mujeres y 76 para los hombres. “Esto tiene que ver con los indicadores de calidad de vida, porque los adultos mayores en Uruguay son personas con una amplia cobertura en materia de salud, dado que el Sistema Nacional Integrado de Salud permitió una cobertura prácticamente universal”, explicó.
Estado de situación
En lo que respecta a los ingresos económicos, por las transferencias vinculadas con seguridad social, un 98 % de la población tiene algún tipo de prestación y se mejoró en los últimos tiempos la calidad de las mismas. La jerarca entiende que esta mejoría a nivel sanitario y económico es parte de las respuestas que brindan las políticas públicas que han mejorado en lo conceptual, en materia de cobertura y en los mecanismos institucionales que permiten el acceso.
Aseguró que los adultos mayores comienzan a presentar un panorama de complejidad porque el aumento de la esperanza de vida implica un “envejecimiento de la vejez”, es decir, un crecimiento de los grupos de mayor edad (más de 70 años). “Esto, asociado a costumbres vinculadas al ciclo de vida, presenta un perfil de incremento de las enfermedades crónicas, que impactan en la autonomía e independencia de estas personas. Por eso estamos transitando hacia una gran demanda en materia de cuidados”.
En materia de participación y derechos humanos, consideró que se concretaron avances sustanciales, ya que en los últimos tiempos no solo se creó la Ley 18.617 que define un marco de acuerdos y mecanismos de protección para las personas mayores, sino que también se genera una nueva institucionalidad. Esto tiene relación con rectorizar las políticas públicas en ese sentido, a través de Inmayores y, a su vez, crear un espacio de coordinación y articulación entre los organismos del Estado competentes en el tema de vejez y políticas públicas, pero con participación directa de las organizaciones de adultos mayores.
En 2012 se creó el “Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez” que es el primer plan gerontológico que tiene Uruguay, donde se asumen niveles de compromiso por parte del Estado y un rol para la sociedad civil, no solo en el monitoreo de las acciones públicas, sino también participando en algunas líneas de abordaje y de trabajo.
La mayor parte de esta población reside en Montevideo y zona metropolitana. En cuanto al acceso a la vivienda, Rovira informó que el 79% de los adultos mayores es propietario de una vivienda, presentándose algunas dificultades en cuanto a su mantenimiento. Recordó que existe un Programa Nacional de Vivienda para Jubilados y Pensionistas (BPS-MVOTMA) que se financia con el aporte de estas personas. Un 97 % de los adultos mayores residen en hogares privados, con diversas composiciones, en su mayoría.
Se estima que unos 13 mil adultos mayores se alojan en residenciales, casas de salud o “dispositivos de larga estadía”. En el universo total de adultos mayores de 65 años, representa un 2.8 %, y presenta un perfil feminizado. “El promedio de edad de quienes allí residen se ubica en los 75 años y hay un volumen importante de mayores de 80 años”, indicó Rovira, quien explicó que el dispositivo de larga estadía resuelve tres áreas de problemas de la persona mayor: la vivienda, el cuidado y, a veces, situaciones de pobreza.
Asesoramiento y asistencia en casos de maltrato
Rovira explicó que el abuso o violencia generalmente acontece a nivel intrafamiliar, por lo que en julio comenzará a funcionar un servicio de asesoramiento y asistencia para los casos de maltrato. “Es necesario empezar a visibilizar este problema social que implica la violencia en las personas adultas mayores, que tiene algunos componentes similares a los de la violencia de género”, dijo. También destacó que las víctimas pueden ser hombres y que la violencia se produce con más asiduidad que en otras edades. Otra incidencia es el trato inadecuado o violento dentro de los hogares de larga estadía. La Ley 17.066 regula ese aspecto y la Dirección General de Salud (MSP) fiscaliza a las instituciones y tiene la potestad de cerrarlas en caso de detectarse una situación grave de vulneración de derechos.