Mejora en tasa de empleo de mujeres y formalización se refleja en más inclusión social
El ministro Eduardo Brenta considera que el conjunto de políticas laborales que el país viene implementando, como la formalización y mejora de la tasa de empleo de mujeres, normas legales en materia jubilatoria, inclusión en el mercado de trabajo y acciones de discriminación positiva hacia colectivos excluidos, son factores que aportan para que Uruguay lidere el ranking de inclusión social de las Américas.
En diálogo con la Secretaría de Comunicación, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, se refirió al índice de inclusión social realizado por la publicación Americas Quarterly que ubicó a Uruguay en el primer puesto con 75.5 puntos, seguido por Chile (68.4) y Estados Unidos (64.4). El jerarca recordó que nuestro país ya se encontraba en el anterior registro, del año 2010, en un lugar preferencial, ubicado tercero.
Esta mejora responde —según la encuesta— al adicional de tres indicadores nuevos, entre los cuales hay dos en los que Uruguay se coloca en el primer lugar: derechos de las mujeres y del colectivo GLBT (gays, lesbianas, bisexuales y transexuales). Hay dos factores del mercado de trabajo que para el MTSS son muy fundamentales para esta evolución, por un lado los niveles de formalización y por otro la tasa de participación femenina en el mercado.
En el primer caso, explicó que Uruguay tiene una relación inversa a la que plantea este informe, comparado con el resto del continente. “Mientras se hace referencia a que solo uno de cada cuatro trabajadores accede a la formalidad, en Uruguay es exactamente al revés: uno de cada cuatro es informal, por lo cual Uruguay ocupa el primer lugar”. A su vez, los trabajadores en nuestro país cuentan con una cobertura de seguridad social más amplia que la que refiere el informe, porque integra la salud, la seguridad social y los beneficios que el trabajador tiene más allá del acceso a la posibilidad de jubilarse (seguro de desempleo, seguro de enfermedad y acceso a la salud).
La segunda variante se vincula al crecimiento en los últimos años de la tasa de participación femenina en el mercado de trabajo, crecimiento que viene siendo sostenido en Uruguay. Este indicador, que es nuevo, contribuye al ascenso de nuestro país. Este se suma a otros derechos que se le reconocieron a las mujeres trabajadoras, como es el otorgamiento de un año por hijo para la jubilación; la eliminación de elementos que impedían el acceso al mercado de trabajo como la exigencia del test de embarazo, que se derogó en esta Administración. También aludió a la prioridad otorgada a las mujeres en distintos mecanismos legales, como la Ley de Empleo Juvenil, que está a punto de ser aprobada en el Parlamento, donde se define una asignación específica de beneficios adicionales a mujeres y a colectivos con mayores dificultades de ingreso al mercado de trabajo.
“Es claro que hubo un crecimiento del empleo en todo el continente, pero no de la misma calidad. Uruguay se plantea como objetivo, ya no la creación de puestos de trabajo en términos cuantitativos, sino la mejora de la calidad del empleo en términos de cobertura de seguridad social, lo que es coincidente con estos resultados y, a su vez, una política de discriminación positiva hacia los colectivos con mayor dificultad de acceso”, agregó. Es por ello que además del proyecto antes citado, las políticas en el marco de la negociación colectiva privilegian la inclusión de cláusulas de género y se prioriza a estos colectivos en los programas de capacitación.
Salarios
Según la publicación internacional, Uruguay se ubica en la primera posición en el ranking de países cuya población vive con más de cuatro dólares diarios. “El dato más relevante, elemento fundamental a la hora de evaluar la política salarial y que en Uruguay se rige a través de la negociación colectiva, es el rol del Salario Mínimo Nacional (SMN) que es clave a la hora de determinar los salarios que luego se pagan en los distintos sectores o ramas de actividad”.
El ministro sostuvo que está previsto que el SMN registre un aumento total del 108 % al final de este período de Gobierno, términos nominales. Brenta recordó que en 2010 el salario mínimo era inferior a 5.000 pesos, mientras que estima que el 1.º de enero de 2015 habrá un salario mínimo de 10.000 pesos. “Esto significa que no habrá trabajadores formales por debajo del mínimo”. Esto tiene dos efectos: por un lado contribuye a desestimular la informalidad, porque el trabajador busca empleos formales en la medida que el salario mínimo es más alto; y por el otro, tiene un impacto sobre los salarios de los sectores que están más cercanos al SMN, que tienen que “moverse” acompañando su evolución. “El SMN es una herramienta de impacto fundamental sobre los ingresos de los trabajadores y un mecanismo de inclusión social claramente decisivo”, añadió.