Méndez reconoció trabajo del Gobierno para mejorar situación carcelaria
El Relator Especial de ONU sobre tortura, Juan Méndez, reconoció las iniciativas emprendidas por el Gobierno las que, a su juicio, contribuyen positivamente a mejorar las condiciones de detención. Mostró su preocupación ante la posible baja de la edad de imputabilidad advirtiendo que llevaría a exacerbar los problemas del sistema penitenciario. Méndez realizó una visita a Uruguay entre el 2 y el 6 de diciembre.
Respondiendo a una invitación del Gobierno uruguayo, Méndez, Relator Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles de Naciones Unidas, realizó una visita de seguimiento para evaluar el nivel de implementación de las recomendaciones emitidas por su antecesor, Manfred Nowak, en su última misión de marzo de 2009.
En la oportunidad destacó las facilidades que le otorgaron las autoridades para entrar sin ningún tipo de trabas a las cárceles y centros del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente (INAU).
Hoja de ruta
El experto felicitó al Gobierno por la implementación de reformas institucionales que contribuyen a la prevención e investigación de casos de tortura y malos tratos en Uruguay. Entre ellas, elogió la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación y de la Escuela Penitenciaria; la creación de la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida; el inicio del proceso de incorporación de técnicos al sistema penitenciario y la incorporación de servicios de salud de ASSE.
“Fue muy positivo constatar que tanto las autoridades públicas como la sociedad civil han tomado las recomendaciones de Nowak como una hoja de ruta para encarar reformas de fondo en las políticas tendientes a prevenir e investigar las torturas y tratos crueles en el país”, enfatizó.
Clausuras y aperturas
El experto destacó la clausura definitiva del módulo de seguridad conocido como “las latas” en la cárcel de Libertad, así como en la cárcel de Cabildo, el pabellón de mujeres de Canelones y la vieja cárcel de Rivera que incumplían con estándares internacionales.
En ese marco, reconoció como muy positiva la construcción de la nueva cárcel de Punta Rieles y varios módulos en otras prisiones. No obstante, Méndez advirtió que aún persisten varios problemas que impiden que las condiciones generales de detención sean satisfactorias por lo cual entiende que la emergencia carcelaria continúa.
Particularmente, recomendó la clausura del módulo de seguridad ubicado en la planta baja del Centro de Rehabilitación de Mujeres y del sector conocido como “los boxes” del COMCAR.
También manifestó su preocupación por las condiciones generales de salubridad e higiene en varios de los centros visitados y los altos niveles de hacinamiento.
Infraestructura y reforma legislativa
“Si bien es de apreciar las muchas iniciativas que el Gobierno ha emprendido para afrontar el hacinamiento, cabe destacar que la solución va a requerir de profundas reformas legislativas e institucionales, además de infraestructura”, opinó el experto de ONU.
En este contexto, Méndez alertó sobre el aumento de la cantidad de población reclusa en el Uruguay, que tiene un ritmo de cerca de mil nuevas personas privadas de libertad por año. “De seguir ese ritmo, en los próximos años se llegará a una insólitamente alta tasa de encarcelación que no puede ser solucionable a través de la construcción de nuevas prisiones”.
A su juicio, si bien es notorio que en el área de los adultos privados de libertad las reformas son visibles y tangibles, las mismas no tienen todavía características satisfactorias en el sistema de aplicación de medidas judiciales privativas de libertad para niños y adolescentes.
Destacó como una acción positiva la creación del Instituto de Responsabilidad Penal de Adolescentes (SIRPA) en el ámbito del INAU.
“Durante mi visita a la escuela Berro pude constatar positivamente que se han ampliado los cupos existentes y se han iniciado diversas obras de infraestructura tendientes a incluir el trabajo educativo, psicológico, cultural y social así como el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y acuerdos con empresas privadas que facilitan la capacitación profesional y la rehabilitación de los adolescentes”, resaltó.
Sin embargo, apuntó que durante las visitas a los centros para adolescentes pudo constatar que todavía existen condiciones de reclusión inaceptables en algunos de ellos.
Preocupación por baja de edad de imputabilidad
En ese contexto, manifestó su preocupación por la futura realización de un plebiscito que implicaría la posible baja en la edad de imputabilidad penal. “Debo exhortar al sistema político y a la ciudadanía en general a tener en cuenta que tal decisión conllevaría a exacerbar los problemas del sistema penitenciario, como ser el hacinamiento, el aumento de penas y la falta de uso de medidas alternativas y la falta de rehabilitación y reintegración social”.
“Tengo esperanzas muy positivas de que la preocupación y compromiso que encontré en el sistema político y en la sociedad civil con estos temas permitirá encarar satisfactoriamente la reforma del proceso penal y del régimen penitenciario uruguayo”, sostuvo.