Reunión de Gabinete 
Varios de los proyectos enumerados como prioritarios están recién a estudio de las respectivas comisiones, otros ya tienen la sanción de una de las cámaras y son analizadas por la otra y hay un tercer bloque de iniciativas que están prontas para su sanción definitiva.
Guerrero indicó que el Parlamento está próximo a comenzar sesiones extraordinarias —las reuniones ordinarias finalizaron a mediados de setiembre— y la idea es tener una reunión de coordinación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para informar de las leyes que son prioridad para el Gobierno.
Reunión con Suprema Corte de Justicia
En segundo término, el Consejo de Ministros fue informado de la reunión mantenida el martes en la Torre Ejecutiva con los miembros de la Suprema Corte de Justicia.
Guerrero, en breve resumen de los motivos que llevaron a esta reunión, explicó que la ley de Presupuesto de 2010 contenía al artículo 64, el cual equiparaba los salarios de los ministros de Estado con el de los senadores y, en porcentaje, a distintos directores del Poder Ejecutivo.
Al entrar en vigencia la norma general en enero de 2011, la Suprema Corte de Justicia entendió que todos los magistrados y defensores de oficio del Poder Judicial estaban excluidos de ese artículo 64, por lo cual cobrarían la misma retribución que los ministros de Estado.
Así, a partir de ese momento, el Poder Ejecutivo envió una norma interpretativa para aclarar este tema, la cual fue recurrida por algunos colectivos del área judicial, tras lo cual fue declarada inconstitucional.
La Suprema Corte pagó el salario con los aumentos a los magistrados solo mientras la norma estuvo vigente.
En la ley de Rendición de Cuentas de 2012 se incluyó otra norma que modificada el artículo 64 original y el Poder Ejecutivo entendió que no estaban atados esos cargos a los de los ministros de Estado.
Esa nueva norma también fue recurrida por algunos colectivos e igualmente declarada inconstitucional, lo cual abrió la vía de una acción del cobro de aquellos que entendían que la ley, al ser declarada inconstitucional, reclamaron una deuda a enero de 2011 y un aumento de 21,6 % de ahí para adelante.
Guerrero explicó que todos los colectivos recurrieron distintas normas, por lo que existe un conglomerado muy heterogéneo de personas que reclaman adeudos salariales.
Señaló que existe, por un lado un problema de índole financiero, porque es muchísimo el dinero que hay que destinar a esto, y el otro inconveniente es jurídico, ya que se entiende que se necesita una norma de carácter habilitante para permitir cumplir con este aumento.
La Suprema Corte no puede redactar esa norma por razones constitucionales, ya que si en un futuro existe un recurso de inconstitucionalidad serán ellos quienes deben definirla. Por tal motivo se optó por conversar con las personas que saben más de normas jurídicas para plantear el problema.
Agregó que en un litigio, en este caso los reclamantes y el Poder Ejecutivo, no se puede discutir porque muchos de ellos son los propios magistrados y las normas indican que son ellos mismos los que tienen que juzgar.
Por esa causa, Guerrero dijo que cree que el camino debe ser el diálogo y el acuerdo.
Ministros informaron a Mujica sobre proyectos de ley cuya sanción entienden es prioritaria
“Un informe detallado de los proyectos enviados al Parlamento y que aún están a estudio” fue presentado por los ministros en la reunión del Gabinete realizada este miércoles en la residencia de la avenida Suárez, informó al término de la cita el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero. El objetivo es impulsar la aprobación de las iniciativas de mayor prioridad en esta legislatura que finaliza el 15 de febrero.
Guerrero indicó que el Parlamento está próximo a comenzar sesiones extraordinarias —las reuniones ordinarias finalizaron a mediados de setiembre— y la idea es tener una reunión de coordinación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para informar de las leyes que son prioridad para el Gobierno.
Reunión con Suprema Corte de Justicia
En segundo término, el Consejo de Ministros fue informado de la reunión mantenida el martes en la Torre Ejecutiva con los miembros de la Suprema Corte de Justicia.
Guerrero, en breve resumen de los motivos que llevaron a esta reunión, explicó que la ley de Presupuesto de 2010 contenía al artículo 64, el cual equiparaba los salarios de los ministros de Estado con el de los senadores y, en porcentaje, a distintos directores del Poder Ejecutivo.
Al entrar en vigencia la norma general en enero de 2011, la Suprema Corte de Justicia entendió que todos los magistrados y defensores de oficio del Poder Judicial estaban excluidos de ese artículo 64, por lo cual cobrarían la misma retribución que los ministros de Estado.
Así, a partir de ese momento, el Poder Ejecutivo envió una norma interpretativa para aclarar este tema, la cual fue recurrida por algunos colectivos del área judicial, tras lo cual fue declarada inconstitucional.
La Suprema Corte pagó el salario con los aumentos a los magistrados solo mientras la norma estuvo vigente.
En la ley de Rendición de Cuentas de 2012 se incluyó otra norma que modificada el artículo 64 original y el Poder Ejecutivo entendió que no estaban atados esos cargos a los de los ministros de Estado.
Esa nueva norma también fue recurrida por algunos colectivos e igualmente declarada inconstitucional, lo cual abrió la vía de una acción del cobro de aquellos que entendían que la ley, al ser declarada inconstitucional, reclamaron una deuda a enero de 2011 y un aumento de 21,6 % de ahí para adelante.
Guerrero explicó que todos los colectivos recurrieron distintas normas, por lo que existe un conglomerado muy heterogéneo de personas que reclaman adeudos salariales.
Señaló que existe, por un lado un problema de índole financiero, porque es muchísimo el dinero que hay que destinar a esto, y el otro inconveniente es jurídico, ya que se entiende que se necesita una norma de carácter habilitante para permitir cumplir con este aumento.
La Suprema Corte no puede redactar esa norma por razones constitucionales, ya que si en un futuro existe un recurso de inconstitucionalidad serán ellos quienes deben definirla. Por tal motivo se optó por conversar con las personas que saben más de normas jurídicas para plantear el problema.
Agregó que en un litigio, en este caso los reclamantes y el Poder Ejecutivo, no se puede discutir porque muchos de ellos son los propios magistrados y las normas indican que son ellos mismos los que tienen que juzgar.
Por esa causa, Guerrero dijo que cree que el camino debe ser el diálogo y el acuerdo.
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- Ministros informaron sobre proyectos de ley cuya sanción entienden es prioritaria
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