Tras cambios en precio del hierro 
En diálogo con la prensa, el ministro Kreimerman aludió a la intención expresada por la empresa Aratirí (Zamin Ferrous) de que el Gobierno ubique en otro sitio de la costa de Rocha el puerto previsto para sacar la producción de hierro, lo cual supone la construcción también de un mineroducto.
Proceso de negociación
El proyecto de explotación de los yacimientos de hierro en Valentines que presentó la empresa de capitales indios se enmarca dentro de la ley de Minería de Gran Porte que, según explicó el ministro, tiene como base un cambio fuerte para el país, que refuerza los aspectos ambientales y fiscales y la formación de un fondo para las futuras generaciones, entre otros puntos centrales.
Kreimerman recordó que el Gobierno venía negociando el contrato de acuerdo a dicha normativa, en un proceso que avanzaba con normalidad.
En esa etapa de la negociación se le exigió a la empresa las garantías que demuestran que el emprendimiento tiene respaldo, incluyendo los aspectos ambientales, o sea específicamente que el proyecto tenga un respaldo económico para la concreción de los planes de cierre de las minas.
Independientemente de eso, Aratirí había elegido un determinado lugar para instalar el puerto y sacar el mineral que luego, a raíz del estudio de la Comisión Interministerial de Puerto de Aguas Profundas (Cipap) se decidió visualizarlo como un lugar que no fuera único para una empresa sino como terminal para uso de múltiples tipos de carga.
El titular de la cartera de Industria, Energía y Minería precisó que esta inversión se hace posible por el incremento del precio del hierro en los últimos años en los mercados internacionales.
Hace algunos años atrás el precio de la tonelada de hierro era de solo 10 dólares y llegó a alcanzar un máximo de 150 dólares. Pero en ese devenir, los valores fueron variando, tal como se estimaba, para ubicarse en la actualidad en torno a los 90 dólares por tonelada.
Esto se debe a algunos cambios, a entradas y salidas del mercado de algunas minas y al enlentecimiento del crecimiento económico de los países asiáticos.
“Frente a esta perspectiva, la empresa Aratirí planteó la relocalización del puerto por el que saldría el mineral hacia el exterior”, sostuvo Kreimerman.
Tiempos de definición
“Si está en riesgo o no la concreción del proyecto… lo veremos. La ley estipula claramente que nuestra obligación es tratar de firmar el contrato con la empresa que había presentado el proyecto, porque ese es el orden del Código Minero: primero la prospección, luego la exploración y ahora la explotación”, explicó.
“Si eso no ocurriera en el plazo del año o la posible prórroga de 90 días, entonces habría que buscar otro interesado a través de una licitación o mediante la explotación por parte del Estado”, explicó el jerarca, quien entiende que se resolverá en las próximas semanas.
“Si está en riesgo no lo sabemos, puede haber otras fórmulas pero el tema está centrado específicamente, no en el contrato, sino en la salida portuaria”, afirmó.
Posteriormente aclaró que la firma de origen indio hizo el pedido basada básicamente en el tema de precio y el tiempo que podría insumir todo el desarrollo de este proyecto, que considera ambicioso, sobre todo en lo que respecta a la construcción del mineroducto y del propio puerto.
Negociación del Gobierno con minera Aratirí solo abarca la salida portuaria
La empresa Aratirí pidió la relocalización del puerto que se construya para exportar el hierro si finalmente se concreta esa inversión, asunto que centra las discusiones en la actualidad, dijo el ministro Roberto Kreimerman. El Gobierno, según establece la ley, debe hacer lo posible por acordar con la firma que presentó el proyecto, en caso contrario tendrá que llamar a licitación o hacerse cargo de la explotación.
Proceso de negociación
El proyecto de explotación de los yacimientos de hierro en Valentines que presentó la empresa de capitales indios se enmarca dentro de la ley de Minería de Gran Porte que, según explicó el ministro, tiene como base un cambio fuerte para el país, que refuerza los aspectos ambientales y fiscales y la formación de un fondo para las futuras generaciones, entre otros puntos centrales.
Kreimerman recordó que el Gobierno venía negociando el contrato de acuerdo a dicha normativa, en un proceso que avanzaba con normalidad.
En esa etapa de la negociación se le exigió a la empresa las garantías que demuestran que el emprendimiento tiene respaldo, incluyendo los aspectos ambientales, o sea específicamente que el proyecto tenga un respaldo económico para la concreción de los planes de cierre de las minas.
Independientemente de eso, Aratirí había elegido un determinado lugar para instalar el puerto y sacar el mineral que luego, a raíz del estudio de la Comisión Interministerial de Puerto de Aguas Profundas (Cipap) se decidió visualizarlo como un lugar que no fuera único para una empresa sino como terminal para uso de múltiples tipos de carga.
El titular de la cartera de Industria, Energía y Minería precisó que esta inversión se hace posible por el incremento del precio del hierro en los últimos años en los mercados internacionales.
Hace algunos años atrás el precio de la tonelada de hierro era de solo 10 dólares y llegó a alcanzar un máximo de 150 dólares. Pero en ese devenir, los valores fueron variando, tal como se estimaba, para ubicarse en la actualidad en torno a los 90 dólares por tonelada.
Esto se debe a algunos cambios, a entradas y salidas del mercado de algunas minas y al enlentecimiento del crecimiento económico de los países asiáticos.
“Frente a esta perspectiva, la empresa Aratirí planteó la relocalización del puerto por el que saldría el mineral hacia el exterior”, sostuvo Kreimerman.
Tiempos de definición
“Si está en riesgo o no la concreción del proyecto… lo veremos. La ley estipula claramente que nuestra obligación es tratar de firmar el contrato con la empresa que había presentado el proyecto, porque ese es el orden del Código Minero: primero la prospección, luego la exploración y ahora la explotación”, explicó.
“Si eso no ocurriera en el plazo del año o la posible prórroga de 90 días, entonces habría que buscar otro interesado a través de una licitación o mediante la explotación por parte del Estado”, explicó el jerarca, quien entiende que se resolverá en las próximas semanas.
“Si está en riesgo no lo sabemos, puede haber otras fórmulas pero el tema está centrado específicamente, no en el contrato, sino en la salida portuaria”, afirmó.
Posteriormente aclaró que la firma de origen indio hizo el pedido basada básicamente en el tema de precio y el tiempo que podría insumir todo el desarrollo de este proyecto, que considera ambicioso, sobre todo en lo que respecta a la construcción del mineroducto y del propio puerto.