Tránsito: Uruguay busca armonizar permisos y normativas junto a 21 países iberoamericanos
El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, participó del encuentro anual del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (Oisevi). En la ocasión, se emitió una declaración, que será presentada en la 30ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Entre otras cosas, plantea armonizar permisos de conducir y normativas sobre factores de riesgo, así como implementar un índice de movilidad segura.
El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, participó en España del encuentro anual del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (Oisevi), organismo del que Uruguay ejerce la presidencia pro tempore.
En diálogo con Comunicación Presidencial, Metediera explicó que el trabajo del observatorio pone énfasis en cómo alcanzar el objetivo de bajar en un 50% la cifra de lesionados y fallecidos en siniestros viales, en concordancia con lo estipulado en el Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030.
En la ocasión, los responsables de seguridad vial de 22 países de Iberoamérica emitieron un pronunciamiento conocido como la Declaración de Madrid. El documento será presentado en la 30ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se desarrollará en noviembre, explicó.
El objetivo es que los mandatarios aprueben la declaración, que establece líneas de trabajo para los próximos años. Entre ellas se encuentran la armonización de los permisos de conducir y las normativas de cada país sobre factores de riesgo, como velocidades de circulación, consumo de alcohol y otras drogas, utilización de casco y cinturón de seguridad, y sistemas de retención infantil, entre otros.
Metediera explicó que, si bien Uruguay ya cuenta con normativa que regula estas infracciones, la idea es poder avanzar de forma colectiva con el resto de los países.
También se trabajará en la implementación del Índice Iberoamericano de Movilidad Segura, que mide y evalúa la política de seguridad vial de cada país a través de 11 dimensiones, como la seguridad de la infraestructura vial, la gestión de la velocidad, la formación de conductores y la institucionalidad existente, entre otras.