Países de la región promueven acceso a la información pública en materia medioambiental
Este martes se realizó en la cancillería, el seminario "Principio 10 y el proceso regional" con el objetivo de crear una estrategia común para un mejor acceso a la información, participación pública y justicia sobre medioambiente. Otro de los temas abordados en la instancia fue la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones.
El seminario abordó temas vinculados al Estado y la sociedad civil ante la iniciativa regional para la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre acceso a la información, participación pública y justicia en materia medioambiental en América Latina y el Caribe.
El director nacional de Medioambiente del MVOTMA, Jorge Rucks, explicó que este seminario tiene por objetivo poner en práctica una estrategia de trabajo para que la información sobre la temática de medioambiente sea accesible para los ciudadanos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y Uruguay.
Para lograr esta meta se realizaron previamente distintos tipos de actividades como la creación de una secretaría técnica por parte de los países y de las organizaciones sociales, tarea para la que se implementaron talleres en los que se discutieron distintas estrategias para avanzar en una postura común.
Rucks explicó que el Principio 10 expresa que, cuando un ciudadano tiene inquietudes desde el punto de vista del medioambiente, debe tener la posibilidad de participar en la toma de decisiones en casos concretos de contaminación o conflictos ambientales por el uso de los recursos naturales; y a toda la información registrada.
También destacó la importancia de que el seminario se desarrolle en Uruguay. En tal sentido, precisó que nuestro país avanzó respecto al acceso a información; a documentos de la justicia; y en participación social en temas ambientales.
Antecedentes
El Principio 10 fue adoptado de la declaración de la Cumbre de Río de 1992 por los jefes de Estado y de Gobierno con el objetivo de fortalecer el acceso a la información, la participación pública y la justicia en materia de medio ambiente. En esa oportunidad 178 gobiernos acordaron que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda".
En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Según el Principio 10 también se deberá proporcionar acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, como el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.
De la misma manera, en los preparativos y durante la Conferencia de 2012 de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20), los gobiernos y los grupos interesados señalaron la necesidad de adoptar medidas globales, regionales y nacionales para mejorar la implementación del Principio 10 del año 1992.