Obras en infraestructura vial

Participación Público-Privada: Gobierno y empresarios analizan inversiones y proyectos

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas realizó el “1er. Diálogo público-privado del sector vial" con el fin de conversar con empresarios sobre la aplicación de Ley de Participación Público-Privada en los proyectos de infraestructura vial que se implementarán. Entre las preocupaciones de los privados se encuentran los riesgos que asumirán, así como la competitividad de las empresas nacionales respecto a las extranjeras.

En esta primera reunión participaron cien empresas constructoras, financieras y asesorías legales para analizar en conjunto, paso a paso, la aplicación de la Ley de Participación Público Privada (Ley 18.786). Se realizó en el 21 de diciembre en la sede del ministerio. 

El ministro de Transporte, Enrique Pintado, sostuvo que se trata de un instrumento nuevo que todos los actores deben conocer en profundidad y por ello el MTOP debe evacuar las dudas de los empresarios.

Anunció que cuando inicie el proceso de selección para los primeros proyectos, que incluirán obras en las rutas 21 y 24, espera que no hayan contratiempos por la interposición de recursos. A su vez, dijo que luego de reglamentada la Ley de Participación Público-Privada se estipularán los plazos del proyecto cuyo pliego se presentará a principios de mayo. 

En la jornada, las autoridades acordaron una segunda instancia para los primeros meses de 2012, en la cual el sector privado deberá expresar sus inquietudes para que en la siguiente reunión sean contestadas y evacuadas. 


Inquietudes de los empresarios

Las inquietudes de los empresarios se refirieron al modelo de negocios, a cómo se adjudicarán los proyectos, qué tipo de moneda se utilizará y quién harán los controles. “Este es el primer diálogo de muchos que vamos a tener, porque queremos que los pliegos también salgan previa conversación con el sector empresarial”, subrayó Pintado. 


Otras dudas son: el manejo de los riesgos que asumirá el sector privado y cómo lo contemplará el sector público; y que las empresas nacionales sean adecuadamente contempladas por sobre propuestas de corporaciones extranjeras que por un interés puntual de tener más obras oferten a precios más convenientes. 


En representación de los empresarios, el gerente general de SIEMSA, Arandú Cabrera, indicó que “en principio no hay riesgo, son obras que conocemos bien, que las empresas nacionales están todas en condiciones de realizar”. También resaltó que se trabajará por generar condiciones que permitan rentabilidad en el largo plazo. 


Cabrera resaltó que esta ley es un instrumento que dinamizará el mercado y que como toda herramienta nueva tiene aspectos a perfeccionar. Afirmó que el crecimiento de los últimos años requiere un refuerzo en la infraestructura del país y este mecanismo impulsará los proyectos de obra.

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