Plan Juntos trabaja con 600 familias en la construcción de sus viviendas y este año comenzará con otras 400
“El Plan Juntos trabaja en la actualidad con 600 familias, que tienen sus viviendas en obra”, indicó el director de esta iniciativa, Sebastián Moreno. En 2017 terminó 250 intervenciones y este año el objetivo es desarrollar otras 400, añadió el jerarca, tras resaltar el alto compromiso de los integrantes del plan que en menos de un año terminan sus complejos habitacionales y participan en procesos sociales colectivos.
Moreno informó a la Secretaría de Comunicación Institucional que el Plan Juntos terminó 1.600 viviendas desde 2012, de las cuales 240 se hicieron en 2016. La iniciativa también facilita reparaciones edilicias y construcción de baños en caso de que las estructuras sean aprovechables, pero en el 80 % de las situaciones, son de materiales de desechos, por lo que son derrumbadas. Durante las obras, las familias viven en unidades habitacionales preparadas con contenedores.
Respecto a las construcciones, Moreno indicó que se recurre a materiales tradicionales, pero también adaptados o prefabricados, cuando se trata de un segundo piso. Cada grupo compuesto por diez familias debe realizar los trabajos en no más de un año.
Moreno añadió que el barrio montevideano de Marconi es uno de los ejemplos. Allí el plan Juntos trabaja con 55 familias, instituciones estatales como la policlínica Mizurraco y el programa Esquinas de la Cultura, de la intendencia. Según explicó, esa intervención fue solicitada por el presidente Tabaré Vázquez para atender la problemática de pobreza.
Algunos avances mencionados fueron la reconstrucción del anfiteatro y la labor en espacios públicos. “Cuando se comenzó a escuchar opciones para los espacios públicos, más de 100 vecinos concurrieron para debatir propuestas que salieron del propio barrio y que eran perfectamente aplicables, como la formación de una cooperativa de barrido, que fue contratada por el Municipio de la zona”, apuntó el funcionario.
“El problema de la vivienda precaria es mucho más fuerte en el área metropolitana (de Montevideo), pero también en el interior del país, como en las ciudades de Rivera, Salto o Paysandú”, precisó. “Realmente en esos lugares hay problemas muy parecidos, la magnitud es diferente en cuanto a la cantidad absoluta, pero en proporción a lo que es la ciudad son importantes”, añadió.
En cuanto a las donaciones, aclaró que nunca fueron el sustento del Plan Juntos, porque no llegaron a ser más del 15 % de la iniciativa, que siempre tuvo un presupuesto asignado. “En este período de gobierno (2015-2020) no estamos recibiendo donaciones y sí tenemos el presupuesto del Fondo Nacional de Vivienda con el que se trabaja”, abundó.
Respecto a la titularidad de las casas, explicó que, por ley, está establecido que después de terminadas las obras deben transcurrir diez años para que se otorgue la titularidad.
Por otra parte, valoró la organización de los vecinos, con ejemplos en los que se lograron acciones que excedieron a las obras, como ocurrió en el barrio Casavalle, en Montevideo, donde consiguieron una donación de pallets de madera y empezaron a buscar en Internet prototipos de muebles. Con apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, accedieron a capacitación para esas tareas y luego mostraron sus trabajos en el barrio. Así hicieron una muestra en la plaza Casavalle y, ante el interés, vendieron muebles y concretaron un emprendimiento cooperativo.
También en la ciudad fronteriza de Chuy un grupo de participante del Plan Juntos concretó un emprendimiento gastronómico de comida saludable y procura promocionar sus ideas.