Políticas sociales específicas contribuyen a redistribuir riqueza y mejoraron en 10 puntos la igualdad socioeconómica
El impacto del gasto público social en la redistribución de la riqueza en Uruguay llevó a que el índice de Gini, que mide la desigualdad socioeconómica en escala de menor a mayor de 0 a 1, bajara de 0,46 a 0,36 entre 2009 y 2014, según un estudio conjunto de la Cepal, Unicef y el Mides. Esos recursos “están muy bien orientados a ayudar con políticas específicas”, dijo Juan Pablo Labat, uno de los responsables del trabajo.
La publicación Las políticas públicas dirigidas a la infancia: aportes desde el Uruguay presenta un conjunto de trabajos que se pueden dividir en dos tópicos, uno que realiza un análisis macro del desempeño del gasto público, en particular aplicado a la infancia, y otro vinculado a estudios de corte evaluativo que abordan recomendaciones y estudios prospectivos para el desarrollo de las políticas, explicó Labat a la Secretaría de Comunicación Institucional
“Uno de los hallazgos más interesantes tiene que ver con que el índice de Gini, que es uno de los indicadores más clásicos que se usan para medir la desigualdad, que bajó 10 puntos por la acción del gasto”, añadió el director nacional de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Labat explicó que “el gasto en Uruguay está orientado a ayudar a las clases bajas, a las clases medias bajas y medias altas, incluso, en algunos casos, con políticas específicas que distribuyen hacia esos extractos recursos para el desempeño de distintas funciones”.
A la infancia se destina el 6 % del producto interno bruto (PIB), un 25 % más desde 2005 a 2015, aseguró el experto que coordinó, junto con Verónica Amarante, la investigación del Mides, en colaboración con la filial uruguaya de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
A ello agregó que el PIB aumentó en los últimos años, en un orden de entre un 30 % y un 40 % en términos reales, y que, en relación a este, el gasto público social creció un 25 % y el presupuesto de infancia creció más en términos relativos. “La inversión de Uruguay enfocada a sus riesgos sociales está muy bien dirigida, aunque aún es insuficiente para lograr el bienestar total e incluso para revertir los procesos de infantilización de la pobreza que tiene la sociedad”, advirtió.
Uruguay concentra el gasto público social en niños y en adultos mayores, con el 65 % destinado a educación para los menores de 18 años y de seguridad social para los mayores de 60 años. En el período 2005-2015, el gasto público social dirigido a la infancia presentó una tendencia creciente, según el mismo patrón que el gasto público social total, que se duplicó en términos reales.
El estudio investigó las funciones del Estado en salud, educación, seguridad y asistencia social, vivienda, medio ambiente, agua y saneamiento, entre otras áreas, y cómo esos gastos intervinieron en la política social en general y en la política de infancia en particular. También incluyó un análisis sobre el impacto distributivo del gasto.
El gasto público en el tramo de menores de 20 años ha crecido un 205 % en términos reales en el período estudiado, agregó. “Eso es una buena noticia, porque esto es difícil de cambiar, pues en él están todos los compromisos de la sociedad para su funcionamiento, lo que se gasta en educación, seguridad social y salud”, abundó.
En términos generales, sintetizó que los estudios ayudan a resolver cómo orientar las políticas, por ejemplo, para concretar la expansión de los servicios de primera infancia, ya sea con énfasis en determinadas zonas o con cupos abarcativos.
Las políticas públicas dirigidas a la infancia: aportes desde el Uruguay