Los primeros infractores a la ley de faltas realizaron tareas comunitarias de limpieza
En octubre comenzó a aplicarse la Ley de Faltas y Conservación de Espacios Públicos que prevé la prestación de trabajos comunitarios como pena. El Ministerio del Interior informó que el pasado fin de semana los 11 primeros imputados cumplieron tareas de limpieza como pena. Para Gustavo Belarra, representante del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), el balance de la primera experiencia es muy positivo.
La Ley de Faltas y Conservación de Espacios Públicos (19.120) entró en vigencia en el mes de agosto y establece la “prestación de trabajo comunitario” para aquellas personas que cometan faltas.
Según informa el sitio web del Ministerio del Interior, en la primera semana de octubre comenzó a aplicarse esta ley y ya se registraron casos de alta repercusión.
La ley prevé sanciones ante la comisión de las infracciones señaladas; se aplicarán a las personas que arrojan residuos en la vía pública o lugares inapropiados y las que dañan los contenedores de residuos; las que ocupan espacios públicos —dormir o acampar—, o están en grave estado de “alteración psíquica o física producida por el alcohol o estupefacientes”.
También a aquellos que revenden entradas para espectáculos públicos; los que provoquen o “participen en un desorden”; los que abusen del alcohol; los que inciten a niños a mendigar públicamente; los que soliciten dinero mediante actitudes coactivas o de acoso, obstaculizando el libre tránsito peatonal o vehicular y los que, en lugares públicos o privados, faciliten juegos de azar.
Asimismo será considerado falta el participar en competencias vehiculares no autorizadas o conducir sin la autorización correspondiente, en grave estado de embriaguez, sin casco o duplicando la velocidad permitida.
En cuanto al trabajo comunitario, la pena impuesta al que comete una falta consiste en la prestación de los servicios que se le asignen, que deberán ser acordes a las posibilidades físicas y mentales del obligado y —en la medida de lo posible— estar relacionadas con la falta cometida, según dispone la ley 19.120.
La Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) del INR se encuentra a cargo de la fiscalización de la pena. Reciben los casos, un equipo técnico evalúa la situación y posteriormente designa el lugar y el trabajo a realizar.
El subdirector técnico del INR, Gustavo Belarra, expresó: “el primer caso llegó desde Maldonado; nos fue derivado desde el Juzgado de Paz Departamental. Se trató de una persona que había cometido desorden en la vía pública mientras se encontraba en estado etílico”. Un equipo de la OSLA viajó al lugar de los hechos y trabajó en conjunto con la policía de Maldonado, por tratarse del primer caso.
Dijo que al momento hay cuatro casos en estudio en el interior del país, tres en Lavalleja y uno en Soriano, y que trabajará en ellos la Jefatura de Policía de cada departamento con un manual de procedimiento y en comunicación permanente con OSLA.
Para la implementación del trabajo comunitario fue necesaria una labor en conjunto entre el INR y la Intendencia de Montevideo, dijo el jerarca. “Con ellos venimos trabajando desde hace un tiempo y esto se fortaleció con la Ley de Faltas. El trabajo en conjunto es clave por el fin restaurativo y comunitario que tiene este tipo de tarea, donde los espacios públicos pasan a tener un rol trascendente”, explicó.
La intendencia detecta las necesidades, envía a OSLA la lista de actividades y, en base a los perfiles y horarios de las personas, se forman los grupos de trabajo. Balarra destacó que si la persona imputada no cumple con la pena tendrá un día de prisión.
El jerarca estuvo presente el pasado fin de semana en el cumplimiento de las tareas comunitarias asignadas a las primeras 11 personas y destacó el impacto positivo en ellas. “Los sancionados nos decían: estoy haciendo algo por mi comunidad, por mi barrio y eso me ayuda a reflexionar sobre el episodio... Nosotros entendemos que ahí está la clave, esto no puede quedar solo en el cumplimiento de las tareas comunitarias, sino que tiene que quedar en algo socio-educativo muy fuerte y nos parece que, mientras sigamos por ese camino, la tarea comunitaria puede ser muy positiva”.
Actualmente trabajan en la OSLA 20 funcionarios; se desempeñan en el control y acompañamiento de las personas que están cumpliendo prisión domiciliaria. También lo hacen con aquellos que cumplen tareas comunitarias por delitos excarcelables —se aplicaba antes de la aprobación de la Ley de Faltas— y que son derivados a centros educativos o de salud por períodos de entre 3 y 4 meses.
Para Belarra, la evaluación del trabajo realizado hasta el momento es altamente positiva, con resultados favorables en Montevideo y Maldonado. Hay que ser eficientes y rápidos en la derivación, en la aproximación diagnóstica a los perfiles y en garantizar que la tarea se desarrolle como se hizo el pasado fin de semana.