Protección social a familias con hijos se incrementó de 49 % en 2002 a 80 % en 2012
La cobertura de protección social con apoyos monetarios a familias con hijos se incrementó, de 49 % en 2002 a 80 % en 2012, según una investigación difundida en el seminario Transferencia Monetaria y Protección Social. El análisis de datos también destaca el rol de las deducciones fiscales, definidas como una renuncia fiscal que beneficia no solamente a las clases más vulnerables, sino también a las clases medias.
A partir de información de la Dirección General Impositiva, del Banco de Previsión Social y del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la investigación “¿Prisioneros del legado de bienestar? Alcance y límites de la expansión segmentada de las políticas familiares en Uruguay”, encabezada por la socióloga de la Facultad de Ciencias Sociales, Carmen Midaglia, y por la politóloga Florencia Antía, concluyó en que la cobertura de protección social con apoyos monetarios a familias con hijos pasó de 49 % en 2002 a 80 % en 2012.
“Hubo una fuerte expansión de la cobertura de forma poco visible”, afirmó Midaglia, y agregó que las deducciones fiscales en el impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) no son visibilizadas por la población como un componente de apoyo o de protección social, pero son recursos públicos que por medio de las deducciones se dejan a las familias para que inviertan en gastos vinculados con sus hijos.
Midaglia dijo que el sistema de tres instrumentos —asignaciones familiares, transferencias del Plan de Equidad y deducciones fiscales— tiene escasa articulación institucional entre ellos.
La investigadora aseguró en el Seminario sobre Transferencia Monetaria y Protección Social, que se realizó este miércoles en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, que “hay una percepción de que se le da plata solo a los pobres, pero el Estado hace una renuncia fiscal que también beneficia a las clases medias".
Asimismo, la investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas, Andrea Vigorito, señaló que a través de la implementación de las políticas sociales se instauró un sistema que recoge datos de los beneficiarios; se amplió la cobertura de los hogares vulnerables, se redujo la indigencia y la intensidad de la pobreza y se contribuyó a la desigualdad entre los menores de 18 años y los mayores de 65 años.
Agregó que el Plan de Asistencia Nacional a la Emergencia Social (PANES) redujo el bajo peso de los niños al nacer, aumentó el apoyo del Gobierno a la población; y las asignaciones familiares dentro del Plan de Igualdad aumentaron la escolarización media entre un 2 % y un 3 %; además sostuvo que la Tarjeta Uruguay Social incidió en el consumo de los hogares respaldados.
La investigadora también señaló la necesidad de mejoras en la coordinación entre las instituciones. Agregó que las transferencias generaron por parte de la población objetivo una mayor confianza en el Gobierno y en el ministerio, pero no en otras instituciones estatales.
El coordinador de Investigación del International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC–former International Poverty Centre), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del gobierno de Brasil, Fabio Veras Soares, definió a las trasferencias como parte de un sistema de protección social. “Ellas ofrecen protección contra riesgos específicos, particularmente, para las poblaciones más pobres y vulnerables, son un instrumento de promoción de inclusión social”, dijo.
Destacó que el foco de las transferencias monetarias está puesto en el consumo de alimentos con la finalidad de asegurar que las necesidades básicas estén satisfechas. La experiencia señala impactos positivos en la economía y en la sociedad, como se observa en Latinoamérica, Asia y África.
Pero en Uruguay tuvieron un impacto sorprendente, según Veras Soares, con una mejor calidad en el consumo de alimentos y un aumento de la frecuencia escolar. Apuntó que las transferencias buscan en todos los países donde se aplican el alivio inmediato de la pobreza y bloquear la transmisión intergeneracional de la pobreza, además de ser un promotor de derechos.
La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, indicó a las transferencias monetarias como el dispositivo estatal de ingreso a la inclusión social, puesto en práctica desde el origen de la secretaría de Estado, en 2005.
"Después de la culminación del Plan de Emergencia se pensó en algún tipo de transferencia para que las familias quedarán vinculadas a la institucionalidad del Estado porque nadie vive con la transferencia monetaria que hacemos", sostuvo.
Además enfatizó que se apeló a la transferencia monetaria a través de las asignaciones familiares y mediante la asistencia a la vejez para personas de entre 65 y 70 años que no accedían a la pensión a la vejez.
El responsable de la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del ministerio, Juan Pablo Labat, dijo que los resultados de las diferentes investigaciones han dado un panorama de visibilidad y de las condiciones que influyen en el desempeño de las políticas sociales.
Agregó que la idea es pensar las políticas públicas en base al mapa de todas las transferencias que desde el Estado se otorgan a todas las partes de la sociedad por distintos motivos y objetivos, pero que es necesario evaluar si se cumplen.
Labat precisó que las transferencias monetarias son el 0,5 del producto interno bruto (PIB) y que se debería también estudiar cómo se distribuye el otro 99,5 %. "Hay una especie de ofensiva conservadora donde, por un lado, reconocemos que es necesario tener programas para aliviar la pobreza, pero los beneficiarios quedan comprometidos a cumplir con un conjunto de condiciones sobre las que nadie evaluó si tenían condiciones para cumplir y sobre los cuales los impactos de las transferencias no tienen posibilidades de modificar".