Protocolo reforzará controles ambientales sobre la cuenca del río Santa Lucía
Representantes de los ministerios de Ganadería y de Vivienda y de la comuna de Canelones ajustaron el protocolo ambiental debido a la última detección de tala de monte nativo y desecación de bañados en la cuenca del río Santa Lucía. Serán reforzados los controles aéreos, hidrográficos y la recepción de denuncias ciudadanas. Solo por el daño a bañados se aplicaron multas por 1.000 unidades reajustable, unos 830.000 pesos.
Este lunes, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, encabezó la reunión institucional a partir de una violación de la zona de bosque nativo en la cuenca del río Santa Lucía. Luego del encuentro, las autoridades participantes participaron en una conferencia de prensa en la Intendencia de Canelones.
El titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Alejandro Nario, recordó que el pasado jueves se detectó mediante un control aéreo un caso de tala de bosque nativo en la zona de la cuenca y que al día siguiente se envió una inspección al lugar.
Este hecho motivó la reunión de hoy, en la cual se elaboró un protocolo de control ambiental a partir de cuatro ítems: controles mensuales aéreos para identificar y actuar rápidamente si el caso lo amerita; controles a través de la red hidrográfica de la cuenca; incremento del intercambio de información mediante controles satelitales y control ciudadano, que ya cuenta con una experiencia de denuncias por medio de formularios.
Nario agregó que en el sobrevuelo también se constató la canalización y la desecación de bañados y otras infracciones, por lo cual la Dinama intimó al productor al cese inmediato de sus prácticas y le aplicó una multa de 1.000 unidades reajustables, además de la multa que le aplicará la Dirección Forestal por la tala de montes.
"Una vez definidas las acciones en conjunto, se le exigirá al productor la recomposición final del daño que produjo, ya sea desde el punto de vista forestal y de los cursos de agua", explicó.
Por su parte, el director nacional del Área Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Pedro Soust, explicó que se concretó una variante en la multa económica, que evolucionó de los 400 dólares en 2010 a los 12.500 dólares por hectárea que se aplican actualmente. Además, quien comete una infracción está obligado a publicar (con los costos a su cargo) en los diarios de la capital el motivo de la infracción que le fue aplicada y la multa que debió pagar. Asimismo, se le exige un plan de reposición de los árboles que fueron talados, mediante un acuerdo con la dirección forestal.
Soust agregó que en estos momentos se está realizando una inspección minuciosa de las hectáreas deforestadas, qué tipo de árboles fueron cortados y qué práctica deberá utilizar el productor para recomponer el daño.