Regulación estricta de mercados de drogas incluye perspectiva de derechos humanos
La regulación estricta de los mercados como el del tabaco, alcohol y cannabis está orientada a incluir la perspectiva de derechos humanos en las políticas de drogas. Así lo afirmó este miércoles Julio Calzada, durante la apertura del Foro de Gestión de Riesgos y Daños que organiza la Junta Nacional de Drogas y que cuenta con la presencia de varios expertos internacionales.
El Foro de Gestión de Riesgos y Daños es organizado por la Junta Nacional de Drogas (JND) y se está desarrollando entre este miércoles 6 y jueves 7 de agosto. El evento se realiza en el Edificio Artigas con la presencia de varios expertos internacionales
La apertura estuvo a cargo del secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Mirtha Guianze, y la representante de la Federación de Usuarios de Drogas, Milagro Gallero.
Calzada valoró el espacio de reflexión que se abrió en este foro sobre la perspectiva de reducción de riesgos y daños.
En este sentido, el jerarca enfatizó que la política implementada por la JND desde hace varios años —que se plasmó en este período en una estrategia— incluye como uno de los puntos sustanciales el tema de los derechos humanos.
“Avanzar en este sentido implicó un cambio importante de mirada en relación a las políticas que se venían desarrollando en los últimos 40 años en el mundo”, sostuvo Calzada.
“Creemos que el consumo de drogas genera problemas de salud individual y colectiva, pero tenemos que distinguir los problemas asociados al consumo individual con el conjunto de problemas que están ligados a la forma de control”, añadió.
"Lo sustancial de esta perspectiva —reflexionó Calzada— es definir claramente cuales son aquellos problemas que están asociados al riesgo y al daño que pueden producir ciertas sustancias, como tabaco, alcohol, marihuana, cocaína o medicamentos, desde el punto de vista estrictamente de salud y todos los riesgos que tiene que ver con que, por ejemplo, un tercio de los hombres que están presos hoy en Uruguay lo estén por la ley de drogas".
“En ese sentido las políticas que hemos desarrollado durante los últimos años están orientadas en cómo incluir esta perspectiva de los derechos humanos en las políticas de drogas y cómo construir una estrategia de salud pública desde la perspectiva de los derechos humanos”, enfatizó.
Para Calzada, la gestión de riesgos es lo que enmarca la reducción de riesgos y daños y requiere de una preparación continua durante toda la vida. “Las drogas son uno de los riesgos que tenemos en diferentes momentos. Están ahí, nos podemos relacionar bien o mal con ellas, pero hay otros riesgos también en la vida. No podemos reducir esa gestión de riesgos solo al fenómeno de los usos de drogas, es necesario tener una mirada amplia del tema”.
Calzada dijo que se ha avanzado en la legislación pero reconoció que en otras áreas queda mucho para avanzar. “Creemos que la concepción de que es necesario de que haya mercados regulados, como el de tabaco y marihuana, como el del alcohol que hemos propuesto al Parlamento, forma parte de una política en esta orientación de incluir la perspectiva de derechos humanos en la política de drogas”.
Drogas y derechos humanos
Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Presidencia de la República, Mirtha Guianze, remarcó su firme convicción de que es necesario modificar aquellas políticas que comprometen los derechos de grupos vulnerables expuestos a los innumerables riesgos del fenómeno del tráfico ilícito de drogas.
Reafirmó que las políticas de drogas están directamente relacionadas con el derecho a vivir con dignidad, por lo que tienen como fin promover la inclusión social, el acceso a la justicia, a la salud y la educación, así como impulsar acciones preventivas para hacer frente a la delincuencia organizada transnacional y fortalecer a las instituciones democráticas.
"Un enfoque integrado, equilibrado, basado en el principio de la reducción del daño ayudará a incluir los derechos humanos en las políticas de drogas, resultando fundamental el sistema de aplicación de la ley y la justicia en apoyo a ese enfoque, para asegurarse de que las sanciones sean proporcionadas y que desde el ámbito policial no se obstaculicen los servicios de tratamiento y reducción de daños", dijo Guiaze.
“Se requiere coraje político para elegir este enfoque, por lo cual saludamos con entusiasmo la apertura de estas jornadas y deseamos un intercambio profundo y fructífero en favor de promover acciones innovadoras, que limiten los efectos perversos de la guerra contra las drogas, formando muros de contención que garanticen la aplicación irrestricta del Estado de Derecho y el trato digno y dignificante a las personas y grupos sociales afectados por este fenómeno”, sostuvo.