Siete intendencias se sumaron a la firma del acuerdo por alumbrado público
De acuerdo con el decreto reglamentario aprobado entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y UTE realizaron la firma del convenio por el alumbrado público con las intendencias de Salto, Río Negro, Treinta y Tres, Rivera, Rocha y Canelones. Este acuerdo se suma a la anterior firma con las intendencias de Durazno, Montevideo, Lavalleja, San José, Soriano.
El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, destacó que la firma del acuerdo con estas siete intendencias se originó a partir del convenio entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes. La firma se realizó de acuerdo con la Ley 18.860, del 23 de diciembre de 2011 y promueve la eficiencia energética para el alumbrado público.
Casaravilla recordó que en julio se realizó la firma del acuerdo con las intendencias que no tenían deudas con UTE —Montevideo, Durazno, Lavalleja, San José y Soriano—. En esta segunda etapa, firmaron las intendencias que, aunque mantienen deudas, firmaron un convenio de pago.
En una etapa posterior suscribirán el acuerdo las restantes intendencias. Casaravilla enfatizó que el objetivo final es alcanzar un plan de eficiencia energética para el alumbrado público de todo el país.
Por su parte, Enrique Cabrera (OPP) consideró la firma como un avance en el acuerdo del alumbrado público y recordó que para el año 2013 está previsto el plan de eficiencia energética para el área correspondiente a los departamentios suscriptos. En tal sentido, la Dirección Nacional de Energía comenzará a mantener reuniones con representantes de las intendencias a los efectos de establecer los futuros planes de eficiencia.
Decreto reglamentario
El decreto que regula la Ley 18.860, del 23 de diciembre de 2011, promueve la eficiencia energética de las luminarias mediante la instalación de equipos más eficientes.
Por otra parte, UTE transferirá a las intendencias anualmente 9.198.153 unidades indexadas —aproximadamente 1 millón de dólares—, que se destinarán a la implementación de planes de eficiencia energética.
Este nuevo marco normativo procura facilitar el pago de las deudas que muchos gobiernos departamentales mantenían con UTE.