Liderada por Instituto de Rehabilitación 
El informe enviado por el INR específica que, además de las 9.757 personas recluidas en los distintos centros penitenciarios del país, la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida (OSLA) registra otras 899 cumpliendo penas, que se distribuyen en tareas comunitarias en el 14 % de los casos, prisión domiciliaria en 6 % y aplicaciones de la ley de faltas en el resto.
El sistema también atiende a 30 niñas y 31 niños que viven con sus madres en prisión, además de que, según los registros a junio, 15 mujeres privadas de libertad estaban embarazadas.
Para explicar con más detalles y particularidades la nueva política penitenciaria implementada por el Gobierno de José Mujica, un periodista de la Secretaría de Comunicación se dirigió al edificio central del INR, situado en Cerrito 419, para dialogar con su subdirector técnico, Gustavo Belarra.
El funcionario enfatizó que una de las primeras prioridades implementadas fue contar con un solo sistema dirigido por una solo direccionalidad política encabezada por el INR para construir una nueva institucionalidad abarcando toda la población privada de libertad en el país.
Explicó que en 2010 se comenzó a unificar el sistema penitenciario en Uruguay, puesto que anteriormente existían 19 sistemas. “Existía la Dirección Nacional de Cárceles y sistemas penitenciarios desagregados a través de la gestión de cada una de las jefaturas de policía que hacía a su vez de cárcel departamental”.
Aseveró que otra prioridad del INR es, precisamente, que los centros penitenciarios abandonen la órbita de jefatura de policía local para quedar como una unidad ejecutora del Ministerio del Interior.
Detalló que el origen de esa unificación fue el decreto presidencial del 30 de abril de 2012, en el que se estableció un cronograma de pasaje de todas las cárceles de la jurisdicción de las jefaturas departamentales al INR.
“Hoy más de 92 % de la población privada de libertad en el país se encuentra bajo la responsabilidad directa del INR”, aseguró. Solo falta el pasaje de 6 unidades, distribuidos en Tacuarembó, Paso de los Toros, Flores, Florida, Durazno y Treinta y Tres, y que el tiempo máximo previsto de traslado es 2015.
El proceso de construcción en marcha de nuevas unidades penitenciarias en Lavalleja, Soriano, Rocha, Rivera, Artigas y San José, algunas ya inauguradas, es otro aspecto fundamental dentro de la nueva política del INR basado en los pilares de educación, trabajo, recreación y deporte, “para la inserción social de los internos”.
Belarra manifestó que el pasaje de las cárceles al INR posibilitará que los funcionarios policiales que hoy cumplen funciones en los centros penitenciarios puedan ser destinados a tareas operativas, ya que serán reemplazados por personal capacitado por el organismo.
En relación al rol que cumplen en la actualidad los operadores penitenciarios, el jerarca señaló que permite un mejor control de los protocolos previstos y un descongestionamiento en el trato diario de los internos con los encargados de la seguridad carcelaria.
Creación del INR
El INR surge en el marco de las acciones definidas por el Ministerio del Interior, de acuerdo a los compromisos programáticos del Gobierno que asumió en 2010, como instrumento del proceso de construcción de un Sistema Penitenciario Nacional.
Creado por la ley de Presupuesto Nacional del 27 de diciembre de 2010, sustituye a la entonces “Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación” y, aunque depende directamente del ministro del Interior, funciona como unidad ejecutora dentro del Inciso 04 de esa cartera.
De la dirección nacional del INR dependen tres subdirecciones, ocupadas también mediante cargos de confianza, subdirecciones nacionales administrativa, de seguridad y técnica, y dos coordinaciones de áreas territoriales, divididas en Zona Metropolitana y Zona Interior.
Asimismo tiene dependencia directa de la Dirección del INR, la Escuela de Formación Penitenciaria.
Nuevo rol de la Cárcel Central de Montevideo
Contar con la Unidad de Ingreso, Diagnostico y Derivación de la Zona Metropolitana, que funciona en el edificio de la otrora Cárcel Central “fue un primer paso para ordenar el sistema penitenciario y es uno de los logros más importantes de esta administración”, indicó Belarra.
Sintetizó que en dicha Unidad trabaja un equipo interdisciplinario, el cual es encargado de realizar una individualización y un diagnostico inicial de la persona que ingresa al sistema penitenciario en un máximo de cinco días para luego derivarlos a la unidad penitenciaria que instituya como conveniente.
En el diagnostico inicial recomendará cual es la medida de seguridad correspondiente de acuerdo al riesgo en coordinación con la subordinación operativa de la unidad.
También identificará necesidades y oportunidades de trabajo que se hará con esa persona a través de un diagnostico individual, el que permite a la subdirección técnica del establecimiento, que recibe a la persona, tener una primer fotografía sobre con quién está tratando.
“El agrupamiento tiene que ver con el delito, perfil criminológico y todos los factores de la persona. Se toma la decisión si es adecuado recluirla en Santiago Vázquez, en Libertad, si es para un centro de régimen abierto parcialmente como Juan Soler o para un centro del interior del país por razones de seguridad, riesgo o porque debe iniciar un proceso de tratamiento”, relató el subdirector del INR.
Trabajo con el interno próximo a salir en libertad
“Este año entendimos que era clave trabajar en las personas que tengan condición de pre-egreso a efectos de desarrollar un plan individual de trabajo porque contar con una coordinación y articulación con el Patronato Nacional de Encarcelados y Libertados es una de las claves para el proceso de inclusión social y su vida en libertad”.
Acotó que se debe acompañar y capacitar a esa persona para que cuando este afuera después de tantos años con privación de libertad tengan un tránsito adecuado y no reincidir en el delito.
“Se debe trabajar tanto con la familia como con el interno porque entendemos que el trabajo es el eje estructurador de la vida cotidiana del sujeto puesto que a través de él, sin dejar de lado la educación, pueden acceder a una mejor calidad de empleo y construir rutina o hábitos para contar con un ingreso económico”.
Unificación del sistema penitenciario uruguayo es clave para eliminar la superpoblación
Unificar el sistema penitenciario fue clave para su ordenamiento, destacó el subdirector técnico del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Gustavo Belarra, en el marco de una extensa entrevista sobre los cambios profundos en el área. Confirmó que hasta junio había en Uruguay 9.757 personas privadas de libertad, casi 7 % de ellas mujeres, y que 92 % del total ya está bajo la responsabilidad del organismo.
El sistema también atiende a 30 niñas y 31 niños que viven con sus madres en prisión, además de que, según los registros a junio, 15 mujeres privadas de libertad estaban embarazadas.
Para explicar con más detalles y particularidades la nueva política penitenciaria implementada por el Gobierno de José Mujica, un periodista de la Secretaría de Comunicación se dirigió al edificio central del INR, situado en Cerrito 419, para dialogar con su subdirector técnico, Gustavo Belarra.
El funcionario enfatizó que una de las primeras prioridades implementadas fue contar con un solo sistema dirigido por una solo direccionalidad política encabezada por el INR para construir una nueva institucionalidad abarcando toda la población privada de libertad en el país.
Explicó que en 2010 se comenzó a unificar el sistema penitenciario en Uruguay, puesto que anteriormente existían 19 sistemas. “Existía la Dirección Nacional de Cárceles y sistemas penitenciarios desagregados a través de la gestión de cada una de las jefaturas de policía que hacía a su vez de cárcel departamental”.
Aseveró que otra prioridad del INR es, precisamente, que los centros penitenciarios abandonen la órbita de jefatura de policía local para quedar como una unidad ejecutora del Ministerio del Interior.
Detalló que el origen de esa unificación fue el decreto presidencial del 30 de abril de 2012, en el que se estableció un cronograma de pasaje de todas las cárceles de la jurisdicción de las jefaturas departamentales al INR.
“Hoy más de 92 % de la población privada de libertad en el país se encuentra bajo la responsabilidad directa del INR”, aseguró. Solo falta el pasaje de 6 unidades, distribuidos en Tacuarembó, Paso de los Toros, Flores, Florida, Durazno y Treinta y Tres, y que el tiempo máximo previsto de traslado es 2015.
El proceso de construcción en marcha de nuevas unidades penitenciarias en Lavalleja, Soriano, Rocha, Rivera, Artigas y San José, algunas ya inauguradas, es otro aspecto fundamental dentro de la nueva política del INR basado en los pilares de educación, trabajo, recreación y deporte, “para la inserción social de los internos”.
Belarra manifestó que el pasaje de las cárceles al INR posibilitará que los funcionarios policiales que hoy cumplen funciones en los centros penitenciarios puedan ser destinados a tareas operativas, ya que serán reemplazados por personal capacitado por el organismo.
En relación al rol que cumplen en la actualidad los operadores penitenciarios, el jerarca señaló que permite un mejor control de los protocolos previstos y un descongestionamiento en el trato diario de los internos con los encargados de la seguridad carcelaria.
Creación del INR
El INR surge en el marco de las acciones definidas por el Ministerio del Interior, de acuerdo a los compromisos programáticos del Gobierno que asumió en 2010, como instrumento del proceso de construcción de un Sistema Penitenciario Nacional.
Creado por la ley de Presupuesto Nacional del 27 de diciembre de 2010, sustituye a la entonces “Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación” y, aunque depende directamente del ministro del Interior, funciona como unidad ejecutora dentro del Inciso 04 de esa cartera.
De la dirección nacional del INR dependen tres subdirecciones, ocupadas también mediante cargos de confianza, subdirecciones nacionales administrativa, de seguridad y técnica, y dos coordinaciones de áreas territoriales, divididas en Zona Metropolitana y Zona Interior.
Asimismo tiene dependencia directa de la Dirección del INR, la Escuela de Formación Penitenciaria.
Nuevo rol de la Cárcel Central de Montevideo
Contar con la Unidad de Ingreso, Diagnostico y Derivación de la Zona Metropolitana, que funciona en el edificio de la otrora Cárcel Central “fue un primer paso para ordenar el sistema penitenciario y es uno de los logros más importantes de esta administración”, indicó Belarra.
Sintetizó que en dicha Unidad trabaja un equipo interdisciplinario, el cual es encargado de realizar una individualización y un diagnostico inicial de la persona que ingresa al sistema penitenciario en un máximo de cinco días para luego derivarlos a la unidad penitenciaria que instituya como conveniente.
En el diagnostico inicial recomendará cual es la medida de seguridad correspondiente de acuerdo al riesgo en coordinación con la subordinación operativa de la unidad.
También identificará necesidades y oportunidades de trabajo que se hará con esa persona a través de un diagnostico individual, el que permite a la subdirección técnica del establecimiento, que recibe a la persona, tener una primer fotografía sobre con quién está tratando.
“El agrupamiento tiene que ver con el delito, perfil criminológico y todos los factores de la persona. Se toma la decisión si es adecuado recluirla en Santiago Vázquez, en Libertad, si es para un centro de régimen abierto parcialmente como Juan Soler o para un centro del interior del país por razones de seguridad, riesgo o porque debe iniciar un proceso de tratamiento”, relató el subdirector del INR.
Trabajo con el interno próximo a salir en libertad
“Este año entendimos que era clave trabajar en las personas que tengan condición de pre-egreso a efectos de desarrollar un plan individual de trabajo porque contar con una coordinación y articulación con el Patronato Nacional de Encarcelados y Libertados es una de las claves para el proceso de inclusión social y su vida en libertad”.
Acotó que se debe acompañar y capacitar a esa persona para que cuando este afuera después de tantos años con privación de libertad tengan un tránsito adecuado y no reincidir en el delito.
“Se debe trabajar tanto con la familia como con el interno porque entendemos que el trabajo es el eje estructurador de la vida cotidiana del sujeto puesto que a través de él, sin dejar de lado la educación, pueden acceder a una mejor calidad de empleo y construir rutina o hábitos para contar con un ingreso económico”.