Uruguay avanzó en atención a la primera infancia y los adultos mayores
Uruguay avanzó en materia de derechos con la creación del Sistema de Cuidados a través de la cobertura escolar pública a partir de los tres años y asistentes personales para las personas en situación de dependencia, destacó el Canciller Nin Novoa en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Resaltó también el descenso de la mortalidad materna.
En la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, el canciller de la República, Rodolfo Nin Novoa, comentó el documento de Autononomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible, que fue dado a conocer en el evento por la secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena.
El canciller dijo que del documento se desprenden propuestas concretas que orientan hacia la igualdad sustantiva de género, la garantía de los derechos y la autonomía económica y física de las mujeres.
Aseguró que la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas aprobada en 2015 en sus 17 objetivos y 169 metas fue permeada por la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos con la máxima de que ninguna persona quede rezagada.
La estrategia de Montevideo, documento que se proyecta aprobar al término de esta conferencia es un aporte más al proceso de generar sinergias entre la agenda global, regional y nacional, según apuntó.
Enumeró los eventos anteriores realizados, como el consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de Agosto de 2013; y además la conferencia sobre los derechos de las personas LGBTI realizada en julio de este año, ocasión en la que se constató la especial exclusión que padecen las niñas y adolescentes y mujeres trans, quienes sufren discriminación y violencia desde muy temprana edad en el ámbito escolar, lo que impacta en su posterior inserción social.
Nin Novoa expresó que del documento resulta una clara necesidad de promover el cambio cultural para revertir las desigualdades persistentes, para erradicar la discrimación y la violencia, así como la asignación y distribución de roles tanto en la familia como en la sociedad.
El ministro de Relaciones Exteriores afirmó que Uruguay está abocado a trabajar en políticas de equidad de género y empoderamiento de las mujeres en el marco de la promoción de la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas del Estado.
En tal sentido, mencionó que Uruguay avanzó en materia de derechos sexuales y reproductivos a través de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y del fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, lo que permitió el acceso universal a servicios y a un rápido y significativo descenso de las muertes por abortos que afectaban mayoritariamente a las mujeres más pobres.
“Uruguay también cumplió con la meta del milenio por la que disminuyó tres cuartas partes la mortalidad materna desde el año 1990 y actualmente se ubica en segundo lugar en las Américas detrás de Canadá”, precisó.
Entre otros avances con incidencia de género, citó a las leyes del matrimonio igualitario, de identidad de género, de protección de los derechos al trabajo de grupos vulnerables como el trabajo rural y el doméstico.
El funcionario dijo que no desconoce que existen dificultades en violencia de género, una baja representación de mujeres en toma de decisión, desigualdad en el mercado laboral y feminización de la pobreza.
Destacó que Uruguay trabaja actualmente en el proyecto para la conformación de una ley integral sobre violencia contra la mujer y en una ley integral sobre la trata de personas.
También en relación de la temática de adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan en forma reciente, dijo que se constató que buena parte de este segmento poblacional está constituido por adolescentes del sexo femenino en un 9.2 y en un 6.5 por varones.
En tal sentido, indicó que se desprende el interés de Uruguay en avanzar en un Sistema Nacional Integrado de Cuidados a partir de la aprobación de la Ley 19.353 de noviembre de 2015, con un modelo solidario y corresponsable entre familia, Estado, comunidad y mercado.
Entre las medidas concretas que adopta este sistema, destacó la ampliación de la cobertura de la escuela pública a partir de los tres años y un sistema de asistentes personales para las personas en situación de dependencia.
El canciller abogó por la participación de la academia, los sindicatos, los defensores de derechos humanos, el sector privado y los movimientos de mujeres para un cambio transformador y sostenible que atienda las causas estructurales de la desigualdad.