Justicia restauradora 
El Anexo del Palacio Legislativo es sede del "II Seminario sobre Justicia Restaurativa en Uruguay" a cargo de Brian Dowling, experto internacional en la materia, que finalizará este miércoles.
Dowling presentará la estrategia británica de mediación, mediante la cual víctimas e infractores se reúnen para lograr acuerdos que permitan reducir el daño causado por las actividades delictivas, como conflictos vecinales, daños, homicidios, rapiñas, copamientos y lesiones, entre otros.
El sistema incluye mediación. Sus resultados fueron considerados positivos en Gran Bretaña, donde incidieron en la reducción de la reincidencia delictiva y en la eliminación del estrés post-traumático de las víctimas.
Este modelo se desarrollará como experiencia piloto en la seccional N.° 25, de Montevideo, en una primera etapa, y luego en la N.º15 y la N.º 19 también de la capital uruguaya, y se enmarca dentro del Programa de Gestión Integral de Seguridad Ciudadana que implementa el Ministerio del Interior, en el mismo sentido de la Estrategia por la Vida y la Convivencia que en el año 2012 fue impulsada por el Presidente José Mujica.
El foro de dos días, dirigido a jueces penales, fiscales, defensores públicos, funcionarios policiales y psicólogos fue iniciado por el propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi, acompañado por el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique.
Bonomi dijo que esta iniciativa se enmarca en un proceso de modernización de la Policía Nacional y en la inminente aprobación del Código del Proceso Penal y el Código Penal. Agregó que este modelo representa una respuesta ante el delito y promueve la armonía social mediante la recuperación de la víctima, el victimario y la comunidad.
Explicó que la justicia restaurativa hace énfasis en la víctima, mientras que la retributiva (tradicional) en el victimario. “Cuando sufre el shock de encontrarse con su víctima, el victimario también inicia un proceso diferente”, relató.
El ministro dijo que se decidió desarrollar la primera experiencia en la seccional N.° 25 de Montevideo, ya que por su arquitectura moderna plantea una mayor aproximación a la comunidad, además de estar en una zona identificada como adecuada para implementarla.
Garantías
Pérez Manrique, por su parte, habló de la mediación como alternativa para alcanzar una solución al conflicto. En el caso específico de la mediación penal, dijo que víctima y ofensor deben estar aptos para desarrollar esta modalidad con un mediador, y que además deben contar con las garantías necesarias.
En este sentido, aclaró que el Código de Proceso Penal no prevé medidas alternativas como la mediación y la participación de la víctima y el código a estudio del Parlamento tampoco, por lo cual consideró que el plazo entre la aprobación del código (en esta legislatura) y su puesta en práctica (el 1° de enero de 2017) será tiempo oportuno como para implementar una reglamentación que contemple estas medidas. “Mediación dentro del proceso penal pero con las garantías”, insistió.
Baja reincidencia
La sicóloga Gabriela Fulco, asesora del ministro Bonomi en asuntos penitenciarios, informó que un grupo de trece funcionarios es intensamente calificado en esta técnica y recordó que existen algunas experiencias pasadas vinculadas a mediación y atención a la víctima.
La especialista explicó que muchas veces el ofensor desconoce que un “simple” arrebato le genere consecuencias emocionales a una persona, que le puede llevar entre 30 días y un año su recuperación, que genera un impacto en las víctimas secundarias del hogar y que su delito podía modificar las estrategias de vida de la familia afectada.
“Esa información que recibe el ofensor del daño que produjo, que no tenía incorporado, genera posibilidades de mejor rehabilitación en las personas privadas de libertad, y en las víctimas un alivio y la posibilidad de recuperación” desde el punto de vista terapéutico.
“Si hay una intervención de justicia restaurativa y de mediación, en general, el conflicto tiende a diluirse y a no escalar a otros grados de violencia que pueden ser más complejos y constituirse en un delito que requiera todo el andamiaje del sistema de justicia. Son costos en lo social y para el Estado que deben tenerse en cuenta”, dijo.
“Estamos convencidos de que hay que transitar este camino de cambio de la justicia retributiva a la justicia restaurativa. Tenemos muchos modelos en el mundo y específicamente en la región; Argentina lo puso en práctica, Chile y Brasil también con buenos resultados”, agregó.
Fulco indicó que la posibilidad de incorporar en un proceso de tratamiento en este campo, por lo general ayuda en la rehabilitación y en el deseo de emprender acciones reparatorias, sean en libertad provisional o bajo medidas sustitutivas.
“Sobre todo tiene un efecto en lo personal. Comprender, interiorizarse de los efectos del daño en la víctima, saber el alcance y las dimensiones da conciencia del impacto del acto delictivo y eso restringe la posibilidad de volver a cometerlo”, aseguró.
Uruguay incursiona en mediación víctima-victimario para reducir daño de conducta delictiva
Con la experiencia británica como referencia, Uruguay comienza a desarrollar en una seccional montevideana un piloto de mediación víctima-victimario basado en la justicia restauradora como complementaria a la tradicional justicia retributiva. Desde el Ministerio del Interior se explicó que esta modalidad permite resolver el problema del afectado, genera armonía en la comunidad y en muchos casos reduce reincidencia delictiva.
Dowling presentará la estrategia británica de mediación, mediante la cual víctimas e infractores se reúnen para lograr acuerdos que permitan reducir el daño causado por las actividades delictivas, como conflictos vecinales, daños, homicidios, rapiñas, copamientos y lesiones, entre otros.
El sistema incluye mediación. Sus resultados fueron considerados positivos en Gran Bretaña, donde incidieron en la reducción de la reincidencia delictiva y en la eliminación del estrés post-traumático de las víctimas.
Este modelo se desarrollará como experiencia piloto en la seccional N.° 25, de Montevideo, en una primera etapa, y luego en la N.º15 y la N.º 19 también de la capital uruguaya, y se enmarca dentro del Programa de Gestión Integral de Seguridad Ciudadana que implementa el Ministerio del Interior, en el mismo sentido de la Estrategia por la Vida y la Convivencia que en el año 2012 fue impulsada por el Presidente José Mujica.
El foro de dos días, dirigido a jueces penales, fiscales, defensores públicos, funcionarios policiales y psicólogos fue iniciado por el propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi, acompañado por el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique.
Bonomi dijo que esta iniciativa se enmarca en un proceso de modernización de la Policía Nacional y en la inminente aprobación del Código del Proceso Penal y el Código Penal. Agregó que este modelo representa una respuesta ante el delito y promueve la armonía social mediante la recuperación de la víctima, el victimario y la comunidad.
Explicó que la justicia restaurativa hace énfasis en la víctima, mientras que la retributiva (tradicional) en el victimario. “Cuando sufre el shock de encontrarse con su víctima, el victimario también inicia un proceso diferente”, relató.
El ministro dijo que se decidió desarrollar la primera experiencia en la seccional N.° 25 de Montevideo, ya que por su arquitectura moderna plantea una mayor aproximación a la comunidad, además de estar en una zona identificada como adecuada para implementarla.
Garantías
Pérez Manrique, por su parte, habló de la mediación como alternativa para alcanzar una solución al conflicto. En el caso específico de la mediación penal, dijo que víctima y ofensor deben estar aptos para desarrollar esta modalidad con un mediador, y que además deben contar con las garantías necesarias.
En este sentido, aclaró que el Código de Proceso Penal no prevé medidas alternativas como la mediación y la participación de la víctima y el código a estudio del Parlamento tampoco, por lo cual consideró que el plazo entre la aprobación del código (en esta legislatura) y su puesta en práctica (el 1° de enero de 2017) será tiempo oportuno como para implementar una reglamentación que contemple estas medidas. “Mediación dentro del proceso penal pero con las garantías”, insistió.
Baja reincidencia
La sicóloga Gabriela Fulco, asesora del ministro Bonomi en asuntos penitenciarios, informó que un grupo de trece funcionarios es intensamente calificado en esta técnica y recordó que existen algunas experiencias pasadas vinculadas a mediación y atención a la víctima.
La especialista explicó que muchas veces el ofensor desconoce que un “simple” arrebato le genere consecuencias emocionales a una persona, que le puede llevar entre 30 días y un año su recuperación, que genera un impacto en las víctimas secundarias del hogar y que su delito podía modificar las estrategias de vida de la familia afectada.
“Esa información que recibe el ofensor del daño que produjo, que no tenía incorporado, genera posibilidades de mejor rehabilitación en las personas privadas de libertad, y en las víctimas un alivio y la posibilidad de recuperación” desde el punto de vista terapéutico.
“Si hay una intervención de justicia restaurativa y de mediación, en general, el conflicto tiende a diluirse y a no escalar a otros grados de violencia que pueden ser más complejos y constituirse en un delito que requiera todo el andamiaje del sistema de justicia. Son costos en lo social y para el Estado que deben tenerse en cuenta”, dijo.
“Estamos convencidos de que hay que transitar este camino de cambio de la justicia retributiva a la justicia restaurativa. Tenemos muchos modelos en el mundo y específicamente en la región; Argentina lo puso en práctica, Chile y Brasil también con buenos resultados”, agregó.
Fulco indicó que la posibilidad de incorporar en un proceso de tratamiento en este campo, por lo general ayuda en la rehabilitación y en el deseo de emprender acciones reparatorias, sean en libertad provisional o bajo medidas sustitutivas.
“Sobre todo tiene un efecto en lo personal. Comprender, interiorizarse de los efectos del daño en la víctima, saber el alcance y las dimensiones da conciencia del impacto del acto delictivo y eso restringe la posibilidad de volver a cometerlo”, aseguró.