Uruguay participa de congreso en Viena con visión reflexiva y crítica sobre políticas de drogas
Con un discurso marcado por el cuidado de la salud y la preservación de los derechos y la seguridad de las personas, Uruguay participa de la 60.ª sesión de la Commission on Narcotic Drugs (CND), en su sede de Viena, Austria, con una delegación encabezada por el prosecretario de la Presidencia y titular de la Junta Nacional de Drogas, Juan Andrés Roballo, y el secretario general del organismo, Diego Olivera.

La delegación, integrada por el prosecretario de la Presidencia y titular de la Junta Nacional de Drogas, Juan Andrés Roballo, y por su secretario general, Diego Olivera, representa al país en la instancia de intercambio internacional y difunde la política nacional de drogas explicitada en su Estrategia Nacional de Drogas 2016-2020. En esta instancia, contó con apoyo del embajador Bruno Faraone, destacado en la Misión de Uruguay en Austria.
En su declaración, Uruguay ratificó lo expresado en el compromiso asumido por la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (Ungass, por su sigla en inglés) en abril de 2016 acerca de “respetar, proteger y promover todos los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad inherente a todas las personas y el estado de derecho al formular y aplicar políticas en materia de drogas”. Y reafirmó “la importancia de velar por el sistema de derechos humanos, subrayando que los derechos son universales, intrínsecos, interdependientes e inalienables” y enfatizó en que “es obligación de los estados garantizar su prioridad sobre otros acuerdos internacionales”.
Respeto de las convenciones y soberanía de Estado
Además, la delegación uruguaya ratificó la pertinencia de los objetivos y finalidades de las convenciones internacionales. Según la declaración: “(...) en plena congruencia con el Sistema de Derechos Humanos, el que exige de todos nosotros una actitud amplia, integral y equilibrada al momento de implementar a escala nacional cada una de sus disposiciones”. Asimismo, desde Uruguay se defendió una necesaria flexibilidad en la aplicación de esas disposiciones, en acuerdo a la soberanía de cada estado miembro. Se resaltó la transparencia, responsabilidad y actitud abierta al diálogo que el país ha mantenido en la aplicación de las leyes nacionales sobre drogas, particularmente la que regula el mercado de cannabis. En esa dirección, la declaración internacional de Uruguay reafirma la continuidad y profundización del diálogo con la comunidad internacional y con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). Y recordó los resultados positivos de la misión que la JIFE llevara a cabo en el mes de noviembre de 2015.
Regulación, no promoción
Uruguay dedicó un capítulo a explicitar su enfoque de regulación de mercados ante el fracaso de las estrategias centradas en el paradigma de guerra a las drogas. En su declaración ante la CND, el presidente de la Junta Nacional de Drogas y jefe de la delegación, Juan Andrés Roballo, expresó que el enfoque de Uruguay “no implica, bajo ningún concepto, la promoción del consumo ni el desconocimiento de los riesgos para la salud pública que se derivan del mismo”. Roballo subrayó que “este marco de acción es asumido con suma firmeza por nuestro país e incorpora no solo el consumo de sustancias ilegales sino también al alcohol y al tabaco”.
Sobre los alcances de la ley N.º 19172, de regulación y control de cannabis, la intervención de la delegación uruguaya afirma que este enfoque determina un rol firme y activo del Estado como garante de todo el proceso. Añade que “cada aspecto de su implementación conlleva acciones de control y fiscalización indelegables y para el desarrollo de las cuales se ha construido una institucionalidad específica que se suma y coordina el trabajo que ya llevan adelante los ministerios encargados de la salud pública y la seguridad interna”.
Esta normativa supone la construcción de un modelo “tendiente a proteger, promover y mejorar la salud pública de la población mediante una política orientada a minimizar los riesgos y a reducir los daños del uso del cannabis, que promueva la debida información, educación y prevención sobre las consecuencias y efectos perjudiciales vinculados a dicho consumo, así́ como el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los usuarios problemáticos”. El documento resalta que la implementación de la ley será sometida a una rigurosa evaluación a cargo de un comité científico asesor integrado por distinguidos académicos, exrectores de diversas facultades, quienes han organizado una red de consulta de 119 expertos nacionales e internacionales, entre los que se cuentan calificados investigadores y académicos de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) de la Organización de Estados Americanos, el Observatorio Europeo de Drogas, la Organización Panamericana de la Salud y el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA, por su sigla en inglés) de Estados Unidos.
Consumo de drogas como cuestión de salud
Uruguay llamó a “poner límites a la penalización y estigmatización de los consumidores de drogas y al encarcelamiento como única medida para ofensas menores”. Y añadió que “los problemas asociados al consumo de drogas son eminentemente cuestiones de salud e inclusión social y son estas áreas las que hoy requieren de nosotros una mayor atención”.
En su exposición, el presidente de la Junta Nacional de Drogas expresó que desde Uruguay se aboga por “una visión que reconoce la necesaria evolución en los instrumentos políticos para abordar el problema de las drogas de forma eficaz”. Afirmó que “esa evolución debe sustentarse en una visión reflexiva, crítica y basada en la evidencia de los resultados de las medidas implementadas hasta el momento, reconociendo sus virtudes para profundizarlas y sus errores para corregirlos”.