Estado uruguayo fortalece prevención, detección y atención a víctimas de trata de personas
Uruguay presentó el primer informe nacional sobre la situación de la trata y explotación de personas, que reúne los avances registrados entre marzo de 2025 y junio de 2026. El documento destaca el fortalecimiento de la respuesta estatal, la reactivación de servicios especializados de atención y la coordinación entre organismos para prevenir, detectar y asistir a las víctimas.
En el Día Mundial contra la Trata de Personas, el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas (CNTE) presentó un informe que sistematiza las principales acciones desarrolladas por el Estado uruguayo para enfrentar este delito y proteger a las personas afectadas.
La presidenta del CNTE y directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier, señaló que el documento constituye una rendición de cuentas de los organismos públicos y las instituciones que integran el sistema de respuesta nacional.
La jerarca recordó que la Ley N.° 19.643, aprobada en 2018, creó el Sistema Interinstitucional de Respuesta para Situaciones de Trata y Explotación de Personas, encargado de coordinar acciones de prevención, formación de operadores, atención especializada, asesoramiento jurídico, reparación a las víctimas y generación de información para el diseño de políticas públicas.
Reanudación de la atención especializada con alcance nacional
Xavier destacó que, a partir de abril de 2025, el Estado retomó los servicios de atención a víctimas de trata de personas con una modalidad centralizada y cobertura nacional.
Además, informó que se registraron avances en la reglamentación de distintos artículos de la ley, con el objetivo de fortalecer las herramientas institucionales para la prevención, detección y persecución de este delito.
El informe también señala que el CNTE ha trabajado de forma continua mediante planes de acción interinstitucionales y con el apoyo técnico y financiero de Naciones Unidas, en particular de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Ministerio del Interior reforzó controles y herramientas de detección
La subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, explicó que la cartera impulsó acciones para fortalecer la identificación temprana de posibles situaciones de trata de personas.
Entre ellas, mencionó campañas de sensibilización orientadas a reconocer señales de alerta, como la falta de documentación, el desconocimiento del lugar de residencia, el control ejercido por terceros o la imposibilidad de comunicarse libremente.
Asimismo, informó que se elaboraron guías específicas para la Dirección Nacional de Migración y la Dirección Nacional de Identificación Civil, con el propósito de mejorar la detección de situaciones de vulnerabilidad durante trámites migratorios, de residencia o documentación.
Valverde subrayó que estas actuaciones deben realizarse con especial cuidado para evitar estigmatizaciones por motivos de nacionalidad, edad, condición migratoria o situación económica, preservando siempre la privacidad de las personas involucradas.
Acceso a la Justicia y acompañamiento a las víctimas
La directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, Manuela Reguera, explicó que el organismo brinda atención psicosocial a las personas que ingresan al sistema judicial y deben afrontar un proceso penal.
La Ley N.° 19.643 encomienda además a la Fiscalía garantizar el acceso a la justicia mediante mecanismos que resguarden el anonimato de las denuncias y faciliten la participación de las víctimas de trata, tanto interna como internacional.
Según los datos presentados, durante 2024 fueron asistidas 37 víctimas de trata de personas con distintos fines, principalmente vinculados a la explotación laboral. En 2025 la cifra ascendió a 53 personas, de las cuales 52 eran migrantes.
La actividad fue organizada por el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).