Ministerio de Ambiente

El encuentro cuenta con el apoyo de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, reúne hasta el viernes 24 de abril a ministros y autoridades de los 19 países de América Latina, junto a representantes de organismos regionales e internacionales y miembros del público perteneciente a la sociedad civil y organizaciones ambientales y pueblos indígenas.

Tiene por objetivo dar seguimiento a las decisiones de la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes (COP 3), efectuada en Santiago de Chile en 2024, y avanzar en otros asuntos relativos al Acuerdo. Asimismo, se presentarán informes de la Secretaría, de la Mesa Directiva, los representantes electos del público y del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, así como planes y rutas de implementación nacional, y se podrá conocer cualquier otro asunto que las Partes decidan.

Fue inaugurado por Óscar Caputi, dado que Uruguay ejerce la Presidencia de la Conferencia de las Partes; Nicole Leotaud, representante electa del público de Trinidad y Tabago; Lakeisha Anderson-Rolle, Directora Ejecutiva del Bahamas National Trust; José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL (vía video); y Zane Lightbourne, Ministro de Estado para el Medio Ambiente de Bahamas.

“El Acuerdo de Escazú busca ser y fortalecer un ámbito de cooperación internacional en el que todos podamos apoyar y ser apoyados. En un mundo donde se cuestiona el multilateralismo, en el que la institucionalidad y los derechos son puestos en duda, con esta reunión reafirmamos nuestra voluntad de marchar unidos, de asegurar derechos y lograr que nadie quede atrás”, agregó el representante de la presidencia de la Mesa Directiva del Acuerdo.

Durante el día 22 de abril se realiza de una sesión especial para conmemorar el Día Internacional de la Madre Tierra, en la que, en línea con el llamado internacional a la acción, se buscará destacar cómo el Acuerdo de Escazú y los derechos de acceso contribuyen a la sostenibilidad ambiental en la región. 

Caputi destacó en su intervención del 21 de abril: “Aunque mañana – Día de la Madre Tierra- se cumplirán seis años desde la entrada en vigor de este instrumento regional, todos sabemos que el Acuerdo de Escazú sigue siendo un tratado joven, no solo por su período de vigencia, sino también por el dinamismo, la pujanza y la innovación que propone en el abordaje de las cuestiones ambientales”.

Hoja de ruta de Uruguay 

Uruguay elaboró su hoja de Ruta para la Implementación del Acuerdo de Escazú, mediante un proceso técnico y participativo, que contó con la cooperación de CEPAL y que se desarro­lló entre enero de 2023 y agosto de 2024. 

Fue presentada en noviembre de 2024 y aprobada por Resolución Ministerial 1224/024, de 5 de noviembre de 2024.

La Hoja de Ruta de Uruguay identificó un conjunto de acciones y objetivos prioritarios:

• 7 en acceso a la información ambiental;
• 5 en participación del público en los procesos de toma de decisiones ambientales;
• 4 en acceso a la justicia en asuntos ambientales;
• 2 en defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales; y,
• 4 en cooperación con otros Estados Parte.

Desde el Ministerio de Ambiente se viene avanzando con decisión en democratizar y fortalecer la gobernanza ambiental, poniendo en el centro la participación pública y el acceso a la información como pilares fundamentales.

En materia de información, se está trabajando fuertemente en la actualización y digitalización de los procesos de evaluación ambiental, procurando garantizar al público un acceso efectivo a información de calidad, a través de la incorporación de trámites en línea y herramientas que simplifican y transparentan los procesos.

A su vez, se avanza en la incorporación de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, para fortalecer la fiscalización y mejorar la actualización de la información ambiental, consolidando un Estado más moderno, eficiente y abierto.

En esta misma línea, se ha priorizado el fortalecimiento del Observatorio Ambiental Nacional, con el objetivo de hacerlo más accesible, amigable y útil para la ciudadanía. Su rediseño y su dependencia directa de la Dirección General de Secretaría permitirán que allí se concentre no solo la información vinculada a autorizaciones ambientales, sino el conjunto de la información ambiental nacional disponible, facilitando su acceso y comprensión.

En lo que refiere a la participación, a partir de un diagnóstico claro sobre las dificultades existentes, ha impulsado la creación de un grupo de trabajo ministerial, con representantes de todas sus direcciones nacionales, orientado a articular, fortalecer y garantizar el funcionamiento efectivo de los espacios de participación.

En ese marco, se avanza en un acuerdo con la Universidad de la República que incluye una consultoría con enfoque de investigación-acción, que permitirá no solo contar con un diagnóstico actualizado de los espacios de participación, sino también desarrollar líneas de acción concretas para su fortalecimiento, incluyendo instancias de capacitación para funcionarios y la elaboración de guías que aseguren una participación genuina, efectiva e inclusiva.

Este proceso se construye en diálogo permanente con la sociedad civil y con las comunidades, reconociendo su rol fundamental en la construcción de políticas ambientales más legítimas, territoriales y sostenibles.

En este sentido, es importante destacar la reactivación de comisiones de cuenca y consejos regionales, en línea con el enfoque de gestión integrada y participativa de los recursos hídricos, así como el fortalecimiento de las comisiones asesoras de áreas protegidas. Asimismo, se han creado nuevos ámbitos de participación a partir de las demandas de las organizaciones de la sociedad civil.

Por otro lado, de cara a la COP 30, se han impulsado instancias de diálogo e intercambio con organizaciones sociales para la construcción de los posicionamientos del país, consolidando una práctica que se busca sostener en el tiempo, fortaleciendo así una diplomacia ambiental participativa.

Asimismo, la convocatoria a una Evaluación Ambiental Estratégica sobre el hidrógeno verde y sus derivados incorporó un fuerte componente participativo, permitiendo integrar en sus resultados los aportes y preocupaciones de la sociedad civil.

Finalmente, estas líneas de trabajo se articulan con la Unidad de Género y Diversidad del Ministerio, incorporando una perspectiva que garantiza que la participación ambiental sea también más inclusiva, equitativa y representativa, contemplando las distintas realidades sociales, territoriales y culturales.

Acuerdo de Escazú

El Acuerdo de Escazú ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe y hasta el momento cuenta con 19 Estados Partes. Estos últimos son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Dominica, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Trinidad y Tabago y Uruguay. 

El Acuerdo fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y entró en vigor el 22 de abril de 2021 y está abierto a ratificación, aceptación, aprobación, o adhesión de los 33 países de América Latina y el Caribe.