Datos y Estadísticas
Objetivo Estratégico
Fortalecer la generación, disponibilidad, calidad y análisis de datos sobre las personas con discapacidad, y asegurar su uso efectivo para formular, implementar, monitorear y evaluar políticas públicas con enfoque de derechos humanos.
Objetivo Específico
Implementar el Baremo Único Nacional de Discapacidad (BUND) y consolidar el Registro Nacional de Personas con Discapacidad como fuente oficial de información estadística.
Puesta en marcha del BUND y emisión del certificado único de discapacidad con validez nacional.
Objetivo Específico
Desarrollar un sistema integral de monitoreo e indicadores para evaluar procesos, resultados e impactos de las políticas públicas en discapacidad.
Acción
Creación e implementación del Sistema Nacional de Gestión de Impacto del Instituto Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Objetivo Específico
Impulsar la creación del Observatorio Nacional sobre Discapacidad como espacio técnico de análisis, investigación y producción de evidencia.
Acción
Constitución del Observatorio y formalización de alianzas con organismos públicos, academia, sociedad civil y organizaciones de personas con discapacidad.
Fundamentación
Contar con datos confiables, actualizados y desglosados es una condición indispensable para diseñar políticas públicas que garanticen efectivamente los derechos de las personas con discapacidad.
En Uruguay persisten vacíos importantes en la disponibilidad, calidad y comparabilidad de datos, lo que limita la capacidad del Estado para comprender las condiciones de vida, las necesidades y las desigualdades que afectan a las personas con discapacidad.
Superar estas limitaciones es clave para avanzar hacia una política de Estado robusta, sostenible, basada en evidencia y con enfoque de derechos humanos.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad exige que los Estados cuenten con datos adecuados que permitan comprender la situación de las personas con discapacidad y evaluar el cumplimiento de sus derechos.
En sus observaciones, el Comité de la Convención ha manifestado preocupación por la falta de información desglosada, la ausencia de indicadores de derechos humanos y la invisibilización de dimensiones claves como género, territorio, violencia y desigualdades interseccionales.
Uruguay ha avanzado en la incorporación de las preguntas del Grupo de Washington en los censos, pero aún enfrenta vacíos relevantes en la caracterización de la población, especialmente en lo referido a personas institucionalizadas y a la diversidad de experiencias dentro de la discapacidad.
La existencia de información insuficiente limita la posibilidad de orientar políticas públicas efectivas, medir avances y corregir inequidades. Por eso, el Compromiso Interpartidario firmado en 2024, reconoce que sin datos sólidos no puede consolidarse una política de Estado. La implementación del Baremo Único Nacional de Discapacidad es un paso fundamental para homogeneizar criterios, fortalecer el Registro Nacional y construir estadísticas confiables a partir de un certificado único.
A esto se suma la necesidad de desarrollar un sistema integral de monitoreo que permita evaluar procesos e impactos, brindando a las instituciones información oportuna para la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la mejora continua. Complementariamente, la creación de un Observatorio Nacional sobre Discapacidad permitirá sistematizar la información existente, identificar brechas, impulsar investigación aplicada y generar evidencia, en diálogo permanente con las personas con discapacidad y sus organizaciones.
Este fortalecimiento del ecosistema de datos es clave para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas sostenibles, transversales y basadas en derechos humanos, capaces de transformar las realidades de las personas con discapacidad en Uruguay.