Uruguay sin barreras

Fortalecer  la institucionalidad en el área  de la discapacidad es clave para que los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) se cumplan y se integren en todas las políticas públicas.

La Convención, en su artículo 33, indica que los Estados deben designar organismos encargados de aplicar  la Convención, y promover la coordinación de medidas a distintos niveles y sectores.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha señalado su preocupación porque la institucionalidad que se encarga de las políticas de discapacidad ha tenido un rango bajo a lo largo de los años.

Durante la campaña presidencial se elaboró y firmó un compromiso interpartidario, lo que muestra con claridad la necesidad de otorgar mayor jerarquía institucional a las políticas de discapacidad. Promoviendo la creación de una nueva institucionalidad de carácter nacional y  descentralizado.

Se reconoce que, como ocurre en muchos países, es conveniente contar con  ámbitos supraministeriales para definir  las políticas. Esto permitiría una mayor articulación a nivel nacional y acciones transversales eficaces. 

También se señala  que la institucionalidad debe contar con presupuestos adecuados , y mecanismos formales de participación de las organizaciones de la sociedad civil.

Las prioridades del Programa de Gobierno y las plataformas sociales coinciden en la necesidad de generar ámbitos con categoría supraministerial, que coordinen  las políticas públicas en discapacidad.

El diseño de esta Institucionalidad debe asegurar una base técnica sólida y también la participación activa de las organizaciones representativas de personas con discapacidad.

Este cambio  institucional es la base para avanzar en una política de Estado sostenible, articulada y eficaz, capaz de superar lógicas asistencialistas y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.  

Objetivo Estratégico:

Jerarquizar y fortalecer la institucionalidad responsable de la formulación y ejecución de políticas públicas en materia de discapacidad y accesibilidad, asegurando su capacidad de diseñar, implementar, monitorear y evaluar con enfoque de derechos humanos.

• Objetivo Específico: Crear el Instituto Nacional de Derechos de Personas con Discapacidad (INADDIS)
  Acción:
  Creación del Instituto Nacional de Derechos de las Personas con Discapacidad.

• Objetivo Específico: Crear un ámbito a nivel supra ministerial para la definición de políticas y articulación interinstitucional.
  Acción: Creación de la Junta Nacional de Políticas en Discapacidad

• Objetivo Específico: Fortalecer la participación de las personas con discapacidad en las definiciones políticas.
  Acción: Creación de la Comisión Nacional de Participación de Personas con Discapacidad.

   

Objetivo estratégico 2:

Alinear la normativa y regulaciones nacionales con los estándares y obligaciones emanados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

• Objetivo Específico: Identificar y reformar toda la legislación y las regulaciones que están en contradicción con los estándares y preceptos de la Convención, utilizan términos peyorativos, discriminan negativamente, o restringen los derechos de las personas con discapacidad.