Institucionalidad
Objetivo Estratégico 1
Jerarquizar y fortalecer la institucionalidad responsable de la formulación y ejecución de políticas públicas en materia de discapacidad y accesibilidad, asegurando su capacidad de diseñar, implementar, monitorear y evaluar desde un enfoque de derechos humanos.
Objetivo Específico
Crear un organismo rector de las políticas en Discapacidad.
Acción
Creación del Instituto Nacional de Derechos de las Personas con Discapacidad.
Objetivo Específico
Crear un ámbito a nivel supra ministerial para la definición de políticas y articulación interinstitucional.
Acción
Creación de la Junta Nacional de Políticas en Discapacidad
Objetivo Específico:
Fortalecer la participación de las personas con discapacidad en las definiciones políticas.
Acción
Creación de la Comisión Nacional de Participación de Personas con Discapacidad.
Objetivo estratégico 2
Alinear la normativa y las regulaciones nacionales con los estándares y obligaciones que surgen de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Objetivo Específico:
Identificar y reformar toda la legislación y las regulaciones que están en contradicción con los estándares y preceptos de la Convención, utilizan términos peyorativos, discriminan negativamente, o restringen los derechos de las personas con discapacidad.
Fundamentación
Uruguay enfrenta el desafío de transformar su arquitectura institucional para garantizar, de manera efectiva, los derechos de las personas con discapacidad.
Las reivindicaciones de las organizaciones sociales, las recomendaciones internacionales y el acuerdo interpartidario firmado en el marco de las elecciones nacionales de 2024 dan cuenta de la necesidad de fortalecer y jerarquizar la institucionalidad responsable de estas políticas.
Avanzar hacia una institucionalidad más robusta, coordinada y con verdadera capacidad de incidencia permitirá superar enfoques asistencialistas y fragmentados para consolidar una política de Estado alineada a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
El artículo 33 de la Convención establece la obligación de contar con organismos designados para su aplicación y con mecanismos de coordinación multisectorial. Tanto el Comité de la CDPD como diversos actores nacionales han señalado que Uruguay ha mantenido históricamente estructuras de bajo rango para la gestión de estas políticas, lo cual limita su capacidad de incidencia y transversalización.
Un rediseño institucional adecuado permitirá mejorar la articulación entre organismos, fortalecer la coordinación territorial, garantizar mecanismos permanentes de participación y asegurar la sostenibilidad de las políticas a largo plazo.