Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

La lucha contra el hambre se ha transformado en una de las principales metas de los países de la región, impulsándose un trabajo regional que se adiciona a acciones nacionales que buscan asegurar la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) de toda la población.

En América Latina y el Caribe, la población rural asciende a cerca de 121 millones de personas, quienes representan aproximadamente el 20% de la población total. De ellas, el 48% son mujeres (59 millones) y cerca del 10% pertenecen a pueblos indígenas y afro-descendientes. De cara al logro de las metas fijadas en términos de SAN para la región, se destaca que las mujeres rurales desempeñan un papel importante en la preservación de la biodiversidad a través de la conservación de las semillas, en la recuperación de prácticas agroecológicas y en garantizar la soberanía y seguridad alimentaria desde la producción de alimentos saludables (FAO, 2011).

A pesar de ello, las mujeres rurales continúan viviendo en una situación de desigualdad social y política, la cual se expresa fuertemente en la dimensión económica a través de menos derecho a la tenencia (acceso, uso y transferencia) y herencia de la tierra, aspecto que sigue siendo un desafío en la región. Asimismo se han constatado sistemáticas brechas de acceso a la asistencia técnica y extensión rural, al crédito y a las políticas públicas de apoyo a la producción. De esta manera la desigualdad de género limita el empoderamiento y desarrollo de la autonomía económica y productiva de las mujeres, aspecto considerado como condición necesaria para erradicar la pobreza y el hambre en la región (FAO, 2011).

Con el objetivo de reflexionar sobre el lugar de las mujeres rurales en la agricultura familiar y la relevancia de su autonomía, con acceso a recursos productivos, a ingresos propios y participación en las políticas regionales, subregionales y nacionales activas para el logro de la seguridad alimentaria y nutricional. Estuvo incluida en la agenda de actividades y presentaciones de la XII Conferencia que se desarrolló del 25 al 28 de octubre en el Hotel Radisson y congregó a representantes de gobiernos, sociedad civil, organismos regionales e internacionales que atienden las temáticas vinculadas a la mujer. En ese marco se trabajó para la elaboración del documento Estrategia Montevideo que a va formalizar acuerdos y compromisos para lograr la plena autonomía de las mujeres y el ejercicio de sus derechos.

Claudia Brito[1] tuvo el rol de presentar y moderar la actividad, dio la bienvenida a Ministras y autoridades, mujeres rurales y representantes de organizaciones sociales, integrantes de agencias de cooperación y de gobiernos presentes de distintos países.  Destacó entre sus comentarios que las mujeres rurales son las que tienen más trabajo no remunerado, no solo con respecto a los hombres, sino también con relación a las mujeres urbanas, “tema que necesitamos atender de manera integral”.

Mariela Fodde[2] resaltó el trabajo interinstitucional y de cooperación entre las diferentes dependencias públicas para la construcción de políticas dirigidas a las mujeres “y que permiten hoy hacer una evaluación, mirando hacia atrás todo lo que se ha generado, y ver también lo que nos falta…que debe ser menos desde el punto de vista de partida”. Repasó datos que se han presentado en la Conferencia, donde se ubica a la mujer, y con otras vulnerabilidades adicionales, a las mujeres rurales que son el 48 % de la población de América Latina y el Caribe. Puntualizó que “Hablando de políticas de género, sin duda se debe promover las convergencias de la agenda social, productiva y transversal, a través del diálogo y la participación de las mujeres en la construcción de las políticas que releven las necesidades de ellas, sus familias, sus comunidades”,  y la llegada para dar respuesta coordinadamente desde el Estado a nivel de la generación de las políticas y también a través del trabajo articulado en territorio para la llegada de esas políticas.

José Olascuaga[3] presentó avances en materia de políticas hacia la mujer rural en el ámbito regional y nacional. Explicó que autonomía económica, política y física son las tres dimensiones fundamentales para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, en todos los procesos sociales de inclusión. “La participación de las mujeres rurales no solo en el hacer diario, es también fundamental en el diseño, en la ejecución y en la evaluación de las políticas,  una política no está completa sino se evalúa y se retroalimenta el proceso”.  El acceso a los recursos productivos, a la asistencia técnica, al crédito, a proyectos productivos y diferentes formas de apoyo que viene desde el Estado, que contribuyen a la autonomía económica y a la igualdad de derecho de las mujeres rurales.

A nivel de la REAF “ámbito donde se fomenta el diálogo político como método de trabajo, las mujeres han tenido una participación activa y protagónica, no solo en el grupo temático de género, además en los de comercio, registros, de juventud y acceso a la tierra, cambio climático, además en las Secciones Nacionales y espacios plenarios de la REAF”. La REAF realiza recomendaciones que dirige al Mercosur y que luego los gobiernos nacionales incluyen en sus políticas de agricultura familiar. En el tema de inclusión de perspectiva de género el aporte de trabajo a nivel regional en la REAF fue fundamental para llegar a las políticas nacionales de los países que la integran.

En Uruguay desde 2005 se promueve el desarrollo rural que basa su trabajo en la descentralización y la participación de los actores sociales en distintos ámbitos entre las que se destacan las Mesas de Desarrollo Rural. Destacó los comités de crédito local donde en un ámbito descentralizado, muy importantes para el acceso al crédito de la población rural que también tiene una amplia participación de las mujeres. Mencionó un proceso de sensibilización y formación en temas de género para los equipos técnicos que se comenzó a implementar desde 2015 en coordinación con INMUJERES y el Instituto de Colonización, “empecemos por casa. Estamos trabajando de manera articulada, en un protocolo de actuación para que nuestros equipos de trabajo en territorio puedan actuar correctamente y apoyar a las familias rurales con las que trabajan a diario, frente a situaciones de violencia de género o violencia doméstica que visualicen”.

Haciendo alusión a un estudio presentado por FAO sobre las condiciones desigualdad de las mujeres rurales de la región a la asistencia técnica, crédito, acceso a servicios, por parte del acceso de las mujeres, destacó que en Uruguay en  los últimos tres años se han generado una serie de intervenciones tratando de revertir esa situación. La DGDR realizó ajustes en el registro de Producción Familiar permitiendo la cotitularidad compartida del mismo, eliminando el varón como única cabeza de familia. Además conjuntamente con INMUJERES, se presentó Somos Mujeres Rurales, herramienta diferenciada con fondos concursables para financiar distintos proyectos generados a partir de las necesidades de mujeres rurales. Mencionó el avance en la cotitularidad de tierras que desde el INC se impulsa desde 2014.

Norma Carugno[4] pidió el reconocimiento del “rol protagónico de la mujer rural en la producción agropecuaria y en la alimentación” y su valoración “como productoras y guardianas de semillas nativas y criollas…somos defensoras, luchadoras y transmisoras de esos saberes que preservan la biodiversidad”. Hizo referencia a la autonomía que dijo “es en primer lugar un derecho de las mujeres en general, y de las mujeres rurales en particular”. Reivindicó la soberanía alimentaria como derecho de los pueblos a definir su política alimentaria y agraria independiente de los otros países, que implica “defender nuestro territorio”, conservar las semillas y evitar la contaminación. Y remarcó que “los gobiernos piensan en asegurar la alimentación… que no es lo mismo que dejarnos producir lo que queremos”.

Alicia Roldán[5] resaltó a las mujeres como transmisoras de la lengua y la cultura en el mundo. Así también destacó a las universidades como espacios generadores del conocimiento, desde donde los gobiernos construyen sus políticas de Estado. En esa línea señaló que la agricultura familiar no ha sido incluida en las materias de estudio, para su afianzamiento y fomento. “Las mujeres debemos recuperar la palabra para poner en su justo punto a la mujer en su rol, dentro de la vida de la humanidad, como primera proveedora de alimento para el sostenimiento de la especie. Al igual que su par de Uruguay destacó que las “mujeres de la agricultura familiar somos guardianas y cuidadoras de las semillas” que permite “la preservación de la vida y la producción de alimentos”. Destacó la asistencia técnica como una de las necesidades de las mujeres rurales para darle más oportunidades y a su vez mayor autonomía económica. Cerró haciendo alusión a la violencia de género, recordando a la productora rural campesina de Honduras Berta Cáceres y a través de ella a todas las mujeres víctimas de violencia.

Maddelin Brizuela[6] comentó el trabajo que se está realizando de la CELAC, en el grupo de trabajo especializado para discutir sobre las temáticas que refieren a la mujer. Comentó que se realizaron dos reuniones, en la primera se trataron temas de equidad, Igualdad y empoderamiento de las mujeres, para armar un marco regulatorio que definiera línea de acción del grupo. En la segunda instancia realizada en El Salvador, se abordaron seguridad alimentaria y nutricional, empoderamiento de la mujer rural, contó con el apoyo de FAO desde donde comenzaron a trabajar juntos. En esa instancia surge la elaboración de estrategia de género para la implementación del Plan SAN CELAC plan de nutrición para la erradicación de la pobreza y el hambre, y garantizar los derechos de las mujeres. Allí surge la elaboración de estrategia de género, contemplando también la participación de la sociedad civil, punto innovador, ya que el espacio de la CELAC solo está integrado por representantes gubernamentales.