Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

La actividad contó en su apertura con la participación del presidente del BSE, Marcos Otheguy; el ministro Castillo y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. El programa incluyó exposiciones sobre prevención de trastornos musculoesqueléticos, cumplimiento normativo de riesgos ergonómicos, aspectos legales de las enfermedades profesionales, ergonomía, reintegro laboral y riesgos psicosociales, además de la presentación del Observatorio Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, impulsado por el BSE y el MTSS.

El titular de Trabajo señaló que las políticas de seguridad y salud en el trabajo deben estar alineadas con la orientación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que desde 2022 reconoce el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable como un derecho fundamental.

En ese sentido, Castillo advirtió que la existencia de una buena normativa no garantiza por sí sola mejores condiciones laborales. “De nada sirve tener una excelente normativa si no se cumple, si no llega al lugar concreto donde se trabaja, si no modifica las condiciones reales”, afirmó.

El ministro sostuvo que la prevención debe traducirse en cambios concretos en la organización del trabajo, los equipos utilizados, los tiempos de trabajo y descanso, las pausas, las herramientas y los espacios. El objetivo del MTSS, explicó, no es únicamente constatar el cumplimiento formal de una medida dispuesta durante una inspección, sino promover una “prevención real” que permita modificar efectivamente las condiciones de trabajo.

Asimismo, el jerarca destacó que la seguridad y salud laboral constituyen una responsabilidad compartida entre trabajadores, delegados, empleadores, mandos medios, asesores en prevención, profesionales de la salud ocupacional, ámbitos bipartitos y el Estado. En esa perspectiva, planteó una inspección que, además de controlar y sancionar cuando corresponda, contribuya a asesorar, capacitar y promover el trabajo tripartito.

El ministro valoró además la respuesta articulada que, desde el comienzo de la actual administración, permitió impulsar el compromiso nacional por la vida, la salud y la seguridad en el trabajo, con participación del MTSS, el BSE, el Ministerio de Salud Pública y la Presidencia de la República.

En ese marco, destacó la creación del Observatorio de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales junto al BSE, como una herramienta destinada a transformar la información disponible en conocimiento útil para la prevención y la toma de decisiones.

Al agradecer al BSE por la realización del congreso, Castillo remarcó el carácter técnico, pero también “profundamente humano”, de la temática abordada. Que “todos podamos volver a nuestra casa a finales de la jornada”, expresó como síntesis del objetivo último de las políticas de seguridad y salud en el trabajo.

Por su parte, Puig repasó las principales líneas de acción desarrolladas por la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social desde el lanzamiento, el 1.º de abril de 2025, del Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo.

El inspector general destacó que ese compromiso debía traducirse en presencia efectiva del Estado en los lugares de trabajo, mediante inspecciones, capacitación y mecanismos de diálogo tripartito. “Había que cruzar el Río Negro”, señaló para referirse a la necesidad de que estas políticas alcanzaran a todo el territorio nacional.

En ese sentido, recordó que, a poco de iniciado el compromiso, él y la inspectora general Andrea Bouret se trasladaron a Salto y, al día siguiente, a Bella Unión, donde se constataban condiciones laborales que se habían mantenido durante décadas. Allí, la intervención estatal se extendió durante 11 semanas, con inspecciones continuas, cierres cuando fueron necesarios, capacitación y trabajo tripartito, hasta alcanzar condiciones de trabajo dignas.

Puig señaló que esa experiencia se inscribió en una estrategia más amplia de actuación en sectores y ámbitos donde se detectan situaciones de especial vulnerabilidad, incluyendo establecimientos donde se denunció represión antisindical, canteras con situaciones de explotación laboral, el sector arrocero y actividades vinculadas a la construcción, los puertos y los frigoríficos.

También destacó la coordinación con otros organismos del Estado, la Fiscalía y organismos internacionales, entre otros actores, para abordar situaciones de explotación y trata de personas. A su entender, la presencia estatal, la inspección y el trabajo tripartito constituyen herramientas fundamentales para evitar situaciones de impunidad y fortalecer la prevención.

Por otra parte, el inspector de Condiciones Ambientales de Trabajo (CAT), Guillermo Morena, abordó los desafíos regulatorios y técnicos vinculados con la prevención de los riesgos ergonómicos.

Morena repasó la evolución de la normativa en la materia y planteó la necesidad de avanzar hacia una gestión más sistemática, profesional e interdisciplinaria de la prevención, que incorpore, entre otras especialidades, conocimientos de ergonomía y psicología.

Advirtió, al mismo tiempo, sobre el riesgo de convertir la prevención en una acumulación de documentos. “No queremos caer en la papelocracia”, sostuvo, al señalar que un plan de prevención debe estar orientado a gestionar efectivamente los riesgos y no solamente a demostrar que existe documentación.

En ese sentido, explicó que el MTSS elaboró una guía de una página con contenidos mínimos para los planes de prevención, como una hoja de ruta común para empresas, trabajadores, organizaciones sindicales y asesores. Entre sus principales aspectos se encuentran la evaluación del cumplimiento normativo, la utilización de métodos específicos para los distintos riesgos, la aplicación de la jerarquía de controles y el seguimiento de las medidas adoptadas.

Morena remarcó que las medidas preventivas deben priorizar el control de los riesgos en su origen y en el ambiente de trabajo, antes que limitarse a intervenciones dirigidas exclusivamente a los trabajadores. La guía, aclaró, constituye un primer paso, abierto a mejoras, que busca establecer criterios comunes y reducir la burocracia sin disminuir las exigencias de prevención.