Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Vivian Gilles, integrante de la Asesoría Técnica de la DINAE, destacó la misión primordial de la unidad ejecutora: "Nuestra principal competencia es fomentar el empleo nacional para todas y todos los ciudadanos de este país". Gilles subrayó el compromiso institucional con las políticas públicas con enfoque social que cruzan el ámbito productivo y destacó programas de cercanía con la población.

En ese marco, resaltó el Programa de Inversión Productiva (PIP), el cual opera en articulación con 15 intendencias del país a través de fondos rotatorios que respaldan a más de 500 emprendimientos anuales. Gilles señaló que en las últimas ediciones se ha incorporado "la mirada de género interseccional desde el vamos", acompañando de forma personalizada a las personas en sus procesos productivos y asegurando la aplicación de las cuotas de acción afirmativa para poblaciones vulnerables y personas trans. Asimismo, valoró la proyección del programa Yo Estudio y Trabajo, señalando la importancia de construir políticas desde una mirada integral y humana.

Por su parte, Analía Villar, de la División de Políticas de Empleo de la DINAE, se refirió a los detalles técnicos y operativos de la Ley N.º 20.506 de Empleo Integral, promulgada el pasado 26 de junio. Villar explicó que la norma surge a partir de una evaluación de las legislaciones anteriores, buscando poner el foco directamente en las personas y no solo en las modalidades de contratación.

La nueva ley amplía la cobertura a ocho grupos poblacionales con dificultades estructurales de acceso al mercado de trabajo, entre los que se incluyen jóvenes, mayores de 45 años, jefas de hogar monoparentales, personas con discapacidad, personas trans, personas privadas de libertad y liberadas, así como cuidadores de personas con discapacidad.

Para incentivar la contratación en el sector privado, la normativa establece un esquema de subsidios que van desde un 25 % general hasta un 80 % para las poblaciones con mayores barreras de acceso, como personas trans y personas liberadas o privadas de libertad. Los contratos tienen una duración de entre 6 y 12 meses, ofreciendo facilidades especiales de mantenimiento del beneficio para las micro y pequeñas empresas.

Villar informó además que la DINAE se encuentra en la etapa final de elaboración de la reglamentación de la ley, con un trabajo fuertemente enfocado en la simplificación de trámites y la interoperabilidad de bases de datos junto al Mides para facilitar el acceso a las empresas y beneficiarios.