Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Arlegui expuso sobre qué acciones realiza el Estado uruguayo para la disminución de las brechas de género en el acceso al mercado laboral. En este sentido destacó que recientemente Uruguay ha incorporado el Sistema de Información del Mercado Laboral (SIMEL), en una colaboración con la OIT, que tiene como objetivo disponer de información oportuna y actualizada del mercado laboral para la toma de decisiones de los diversos actores y formular y evaluar planes y políticas públicas específicas en materia laboral.

"A través de esta herramienta se podrá obtener datos más precisos y efectivizar las políticas públicas que implementamos", destacó la directora general del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Con respecto a la reducción de la brecha salarial, señaló que se busca a través del plan integral de promoción del empleo y de una nueva ley, la 19.973, que a través de sus ejes temáticos disponga instrumentos y programas y proyectos con perspectiva de género.

Esta ley apunta al desarrollo de políticas activas de empleo para los grupos con mayor dificultad de acceso (jóvenes entre 15 y 29 años, mayores de 45 y personas con discapacidad) teniendo un subsidio mayor cuando se trata de mujeres.

"Hemos realizado a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), capacitaciones donde se promueve la eliminación de cualquier forma de violencia en el trabajo a través de acciones de información, sensibilización y capacitación a los operadores en prevención y sanción del acoso sexual laboral", agregó.

Asimismo, comentó la instrumentación de un proyecto de inserción laboral de mujeres en el sector de tecnologías de la información cuyo objetivo es contribuir a aumentar la participación laboral de las mujeres en un sector de alto dinamismo y de buenos recursos, y reducir las inequidades de género en el acceso a las fuentes laborales del sector TI.

Por otra parte, Arlegui, mencionó además el programa Yo Estudio y Trabajo, que ofrece una primera experiencia laboral formal a jóvenes estudiantes entre 16 y 20 años que no cuentan con una experiencia laboral formal previa.

Con respecto al acoso, señaló que Uruguay fue el primer país del mundo en ratificar el Convenio Internacional del Trabajo 190 y que se encuentra en el Parlamento también una ley para ser votada sobre la reglamentación del mismo.

En lo que refiere a la oficina de recepción de denuncias, destacó que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  cuenta con una abierta al público y con un sistema informático para poder tramitar las denuncias con mayor efectividad. 

En otro orden, y acerca de los índices de informalidad, la jerarca expresó que "Uruguay tiene algunos indicadores que van un poco a contrasentido de lo que ha pasado en otros países luego de la pandemia. Uruguay en prepandemia tenía un índice de informalidad del 25 % y pospandemia tenemos un índice de 21 %. La situación de las mujeres es diferente ya que la informalidad ha descendido mientras que la de los hombres es la que se ha mantenido", sostuvo.

Además mencionó que las trabajadoras domésticas se encuentran representadas en la negociación colectiva, a través del sindicato de trabajadoras domésticas, por una parte, y la parte empresarial a través de una gremial de empleadoras. "En estos días las trabajadoras domésticas han firmado un convenio de licencias por cuidados, en ese sector que es bien importante", señaló Arlegui.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

El Comité de la CEDAW está formado por 23 expertos en derechos de la mujer de todo el mundo. El tratado de la CEDAW es una herramienta que ayuda a las mujeres de todo el mundo a provocar cambios en su vida cotidiana. En los países que han ratificado el tratado, la CEDAW ha demostrado ser inestimable para oponerse a los efectos de la discriminación, que incluyen la violencia, la pobreza y la falta de protección legal, junto con la negación de la herencia, los derechos de propiedad y el acceso al crédito.