Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Durante la conferencia de prensa, Orsi explicó que la propuesta se enmarca en una estrategia más amplia que articula políticas de estímulo a la inversión con medidas concretas para favorecer el empleo. En ese sentido, señaló que ambas dimensiones forman parte de una visión integral del desarrollo, en la que el crecimiento económico debe traducirse en mayores oportunidades laborales.

El mandatario destacó que el proyecto pone el foco en poblaciones especialmente afectadas por el desempleo o con mayores barreras de acceso al mercado de trabajo, como jóvenes sin experiencia laboral, mujeres jefas de hogar y personas mayores de 50 años. Según indicó, la iniciativa busca dar respuesta a estas situaciones mediante herramientas concretas que faciliten la contratación.

Asimismo, detalló que el instrumento central de la ley es un sistema de subsidios al empleo que cubrirá entre el 25% y el 80% de la retribución mensual, dependiendo de las características de la población contratada. Este mecanismo apunta a incentivar a empresas de distintos tamaños a generar nuevos puestos de trabajo, con el apoyo directo del Estado.

Orsi subrayó además que la propuesta implica una asignación de recursos estimada en el entorno de los 10 millones de dólares anuales, con alcance nacional y contemplando las particularidades territoriales, en particular en aquellas zonas donde el desempleo presenta mayores niveles.

Por su parte, Castillo destacó el carácter interinstitucional del proyecto, que fue elaborado con la participación de diversos organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, así como entidades vinculadas al ámbito laboral y productivo.

El ministro señaló que la iniciativa surge como respuesta a una de las principales prioridades del Gobierno, vinculada a la mejora del acceso al empleo, especialmente en sectores que enfrentan mayores dificultades. En ese marco, valoró el proceso de elaboración del proyecto, que incluyó recorridas por todo el país y consultas directas con actores sociales y productivos.

Castillo explicó que la ley amplía el alcance de las políticas de empleo al incorporar nuevos grupos prioritarios, como personas afrodescendientes, personas trans, personas en situación de discapacidad y personas liberadas del sistema penitenciario, entre otros. Además, destacó que se contemplan mecanismos para facilitar el acceso de micro, pequeñas y medianas empresas, atendiendo a las dificultades que históricamente han tenido para utilizar este tipo de herramientas.

En relación con la implementación, indicó que el Ministerio de Trabajo tendrá un rol activo no solo en la ejecución, sino también en la difusión de la herramienta, con el objetivo de asegurar su efectiva utilización en todo el territorio. Asimismo, remarcó que la normativa prevé controles para evitar que los subsidios sean utilizados para sustituir empleos existentes.

El proyecto establece que los contratos podrán extenderse hasta 12 meses, con la posibilidad de adecuarse a períodos más breves en actividades de carácter estacional. La iniciativa tendrá vigencia durante el actual período de gobierno y será financiada a través de distintas fuentes, entre ellas recursos del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.

Finalmente, las autoridades señalaron que la propuesta no pretende resolver por sí sola la totalidad de los problemas de empleo, sino constituir una herramienta adicional dentro de una estrategia más amplia orientada a dinamizar el mercado laboral y generar nuevas oportunidades de trabajo.