Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presentó el informe de cierre de la primera fase de la undécima ronda de Consejos de Salarios, instancia que reafirma el papel de la negociación colectiva y el diálogo social como herramientas centrales para la construcción de acuerdos y la mejora de las condiciones laborales en Uruguay.

La fase inicial de la ronda comprendió 167 mesas de negociación del sector privado con vencimiento de convenios entre junio y noviembre de 2025. Al cierre del relevamiento -en el mes de mayo-, 165 mesas habían culminado su proceso y dos se encontraban próximas a alcanzar un acuerdo. En conjunto, las mesas cerradas abarcan a más de 670.000 cotizantes. 

De las 165 mesas concluidas, 137 finalizaron mediante acuerdos entre las organizaciones de trabajadores y empleadores —ya sea a través de acuerdos tripartitos, convenios colectivos recepcionados o acuerdos con abstención del Poder Ejecutivo—, lo que representa el 83% del total. El proceso demandó más de 890 instancias de negociación tripartita, con un promedio superior a cinco reuniones por mesa. 

Desde la Dirección Nacional de Trabajo (DINATRA) se destacó que el seguimiento permanente de las negociaciones permitió contemplar las particularidades de cada actividad económica y favorecer soluciones acordadas, respetando la diversidad de realidades productivas presentes en el país. 

Uno de los aspectos más relevantes de la ronda fue la incorporación de cláusulas no salariales en un número significativo de acuerdos, ampliando el alcance tradicional de la negociación colectiva hacia nuevas dimensiones del mundo del trabajo.

Según el informe, la mitad de los acuerdos alcanzados incorporó disposiciones vinculadas a cuidados, corresponsabilidad y conciliación entre la vida laboral y familiar; el 39% incluyó referencias explícitas a igualdad de género y el mismo porcentaje contempló acciones relacionadas con la salud mental. Asimismo, el 28% incorporó medidas vinculadas a situaciones de violencia o acoso y otro 28% abordó aspectos relacionados con categorías laborales y formación profesional. 

Entre las innovaciones registradas se encuentran la ampliación de licencias para el cuidado de familiares, beneficios para consultas de salud mental, medidas de apoyo a personas trabajadoras en situación de violencia basada en género y la creación de ámbitos de diálogo sobre capacitación, reconversión productiva e impacto de las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial. 

Además, más del 90% de los acuerdos incorporó mecanismos de prevención de conflictos o cláusulas de paz laboral, fortaleciendo las herramientas institucionales para la gestión de las relaciones laborales. 

El informe identifica algunos hitos especialmente significativos durante esta etapa.

En el sector del trabajo doméstico se concretó una reivindicación histórica mediante la creación de categorías laborales diferenciadas, asociadas a las tareas de carácter general, cocina y cuidados, lo que supone un avance en el reconocimiento de funciones y especializaciones dentro de la actividad. El acuerdo también incorporó mejoras en licencias vinculadas a cuidados y salud mental. 

Por su parte, en el sector rural se alcanzaron acuerdos que incluyen tanto aspectos salariales como condiciones de trabajo, consolidando la negociación colectiva como ámbito de construcción de consensos en una actividad donde históricamente predominaban otros mecanismos de fijación salarial. 

Asimismo, se señala que la ronda se desarrolló en un contexto de baja conflictividad relativa. Durante la primera fase se registraron medidas de conflicto en 16 de las 167 mesas de negociación, menos del 10% del total. El informe indica que los niveles observados se mantuvieron dentro de los parámetros históricos habituales y que los principales conflictos laborales del período estuvieron asociados a condiciones de trabajo, siniestralidad, reestructuraciones empresariales y situaciones de violencia, más que a la propia negociación salarial. 

Por su parte, en el sector público, la ronda presentó una novedad institucional relevante: por primera vez las mesas de negociación se instalaron antes del envío del proyecto de Presupuesto Nacional al Parlamento. Esta anticipación permitió un intercambio más amplio y la consideración de aspectos salariales y no salariales en distintos ámbitos de la administración pública. 

Los acuerdos alcanzados comprendieron, entre otros, a la Administración Central, los entes autónomos y servicios descentralizados, la enseñanza pública, ASSE, el Poder Judicial y la Policía, incorporando también medidas vinculadas a vivienda, cuidados, salud mental, carrera funcional y mejora de las condiciones de trabajo. 

La evaluación general realizada por DINATRA destaca que el 98,8% de las mesas de la primera fase alcanzó su cierre y que el elevado porcentaje de acuerdos confirma la vigencia de los Consejos de Salarios como instrumento fundamental del modelo uruguayo de relaciones laborales. Asimismo, subraya que la negociación colectiva continúa ampliando su alcance, incorporando nuevas agendas vinculadas a los cambios del mundo del trabajo y fortaleciendo los espacios de diálogo social.