Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

La delegación estuvo integrada por Andrea Badolati, responsable de la División de Negociación Colectiva de la DINATRA–MTSS; Ignacio Castiglioni, gerente legal de la Cámara de la Construcción del Uruguay; y Pablo Argenzio, secretario de Organización del SUNCA, mientras que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, participó mediante un saludo a distancia. La actividad contó con la presencia de autoridades chilenas —entre ellas el ministro Giorgio Boccardo, el subsecretario Pablo Chacón y el presidente de la CUT, José Manuel Díaz—, más de 230 asistentes y un saludo de la oficial de Programación de la OIT para el Cono Sur, Patricia Roa, consolidando el intercambio regional y posicionando la experiencia uruguaya como referencia en diálogo social y gobernanza laboral, especialmente en el sector de la construcción.

Durante su exposición, Andrea Badolati presentó el marco jurídico que sustenta el sistema de negociación colectiva en Uruguay, señalando que se trata de un modelo de larga data, fortalecido a partir de 2005, que articula distintos niveles de negociación y reconoce a la negociación por rama de actividad como un pilar central.

En ese sentido, explicó que el sistema se apoya en normas fundamentales como la Ley Nº 10.449 y la Ley Nº 18.566, que habilitan la negociación colectiva tripartita y bipartita, estableciendo que los acuerdos alcanzados en los niveles superiores fijan pisos mínimos que no pueden ser disminuidos en los niveles inferiores. Este diseño, indicó, garantiza coherencia, equidad y previsibilidad en las relaciones laborales.

Badolati destacó especialmente el rol del Consejo Superior Tripartito como órgano de coordinación y gobernanza de las relaciones laborales, integrado por representantes del Poder Ejecutivo, de los trabajadores y de los empleadores. Entre sus cometidos se encuentran la consulta previa sobre el salario mínimo nacional, la clasificación de los grupos y subgrupos de actividad y el asesoramiento al Poder Ejecutivo en materia de negociación colectiva.

Asimismo, detalló el funcionamiento de los Consejos de Salarios, órganos tripartitos que actualmente abarcan 24 grupos de actividad y más de 200 mesas de negociación. A través del diálogo social, estos ámbitos fijan salarios mínimos por categoría y rama, actualizan remuneraciones y, cuando existe acuerdo entre las partes, regulan otras condiciones laborales, como licencias sindicales, cláusulas de prevención de conflictos, salud mental, cuidados y paz social. Los acuerdos alcanzados, una vez registrados y publicados, tienen fuerza de ley.

En su presentación, la responsable de la División de Negociación Colectiva subrayó los impactos concretos del modelo uruguayo. Entre ellos, destacó el aumento del salario real en un 70,6 % entre febrero de 2004 y febrero de 2025, así como la evolución del salario mínimo nacional, que entre enero de 2005 y enero de 2025 pasó del equivalente a 41 dólares a más de 530 dólares.

Badolati señaló además que el sistema de negociación colectiva ha contribuido al fortalecimiento de las organizaciones sociales y a la ampliación de derechos laborales a sectores históricamente vulnerados, como el trabajo doméstico, rural, de cuidados y de clasificación de residuos. En ese marco, remarcó que el diálogo social ha permitido reducir la conflictividad, mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores y consolidarse como una herramienta que fortalece la democracia y la cohesión social.

También se refirió a los desafíos actuales del sistema, entre ellos la informalidad, el subregistro, el trabajo por cuenta propia y las nuevas formas de empleo vinculadas a plataformas digitales, así como la necesidad de actualizar la clasificación de grupos de actividad y abordar temas como productividad, reducción del tiempo de trabajo e igualdad de género desde ámbitos tripartitos.

Desde la perspectiva sindical, Pablo Argenzio afirmó que el modelo de negociación colectiva por rama y el tripartismo han tenido un impacto directo en la superación de la pobreza en el sector de la construcción. Sostuvo que esta herramienta ha significado avances sustantivos en derechos laborales, mejores condiciones para la inversión y mayor dignidad para los trabajadores y sus familias, además de constituir un aporte a la defensa de la democracia.

Por su parte, Ignacio Castiglioni señaló que el diálogo social y la negociación colectiva se han consolidado como un diferencial positivo para la industria de la construcción en Uruguay, al convertirse en una herramienta permanente de gestión de las relaciones laborales. Enfatizó que este enfoque promueve un cambio de paradigma, basado en la cooperación, la buena fe y la confianza entre los actores sociales.