Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Durante su exposición, Paseyro presentó siete mitos instalados sobre la política de vivienda y las contrastó con datos, experiencias concretas y las herramientas previstas en el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat 2025-2029. El objetivo, explicó, fue proponer una mirada de la vivienda “no solamente como una obra física, sino como una política de Estado, una inversión y una tarea compartida”.

Uno de los principales puntos planteados por la ministra fue la necesidad de ampliar las formas de acceso a la vivienda. En ese sentido, explicó que alquilar, comprar, construir o mejorar una vivienda existente son alternativas que responden a distintas situaciones.

“El dato relevante no es cuántas viviendas producimos, sino cuántos hogares logran resolver su necesidad habitacional”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó las dificultades que enfrentan hogares que pueden afrontar el pago mensual de un alquiler, pero quedan fuera del mercado formal por las garantías, depósitos u otros requisitos. Señaló que uno de cada tres hogares inquilinos destina más del 30% de sus ingresos a la vivienda y que, en el primer quintil de ingresos, ese porcentaje alcanza en promedio el 37,6%.

Frente a esta realidad, destacó el programa Abriendo Puertas – Alquiler, que comenzó con 75 unidades en Montevideo, Tacuarembó y Artigas, dirigidas inicialmente a hogares monoparentales y jóvenes que buscan acceder a su primera vivienda. La meta planteada para 2029 es alcanzar 3.300 soluciones mediante alquileres de viviendas del Ministerio y subsidios parciales para el alquiler en el mercado privado. También anunció que a mediados de octubre se lanzará Abriendo Puertas – Primera Vivienda, junto al Banco Hipotecario del Uruguay, que combinará préstamos del BHU con la posibilidad de subsidios a la cuota por parte del Ministerio.

Otro de los ejes de la exposición fue la intervención en asentamientos irregulares. Paseyro sostuvo que reducir el número de asentamientos no puede ser el único indicador para evaluar una política de integración urbana.

Como ejemplo, se refirió a Piedras Blancas, donde se desarrolla una intervención integral que alcanza a más de 500 familias. Allí, 100 familias que viven junto a una cañada y están expuestas a riesgo de inundación serán relocalizadas en viviendas construidas en el mismo barrio, fuera del área inundable. Las primeras 28 viviendas ya fueron entregadas. Para el resto de las familias se prevén obras de saneamiento, vialidad, regularización de la tenencia y mejoras habitacionales.

“Que un asentamiento deje de serlo es una gran noticia, y trabajamos para eso codo a codo con los gobiernos departamentales. Pero tiene que ser el resultado de haber transformado las condiciones de vida de las personas, no un número que perseguimos como un fin en sí mismo”, afirmó.

La ministra informó además que desde 2025 hasta la fecha las intervenciones de integración social y urbana alcanzaron a 10.520 hogares, entre proyectos terminados y en ejecución.

En esta línea, destacó el fortalecimiento de la DINISU y la coordinación con los gobiernos departamentales y otros organismos públicos. También presentó el programa Más Barrio, que comenzó a desplegarse en cinco territorios prioritarios: Cerro Norte, Las Piedras, San Antonio y zonas de Durazno y Rivera. Para el quinquenio se identificaron 21 zonas prioritarias y el programa cuenta con una línea de crédito de CAF de hasta US$ 250 millones, con una primera etapa de US$ 50 millones.

Paseyro también planteó que la política habitacional debe articularse con otras políticas públicas. “Las personas no viven sus problemas por separado”, sostuvo, y señaló que una vivienda adecuada puede incidir en la salud, las posibilidades de estudiar, sostener un empleo y desarrollar un proyecto de vida.

Otro de los puntos abordados fue la dimensión económica de la vivienda. La ministra cuestionó la idea de considerar la vivienda social exclusivamente como un gasto y destacó el impacto de la inversión habitacional sobre el empleo y distintas cadenas productivas.
“La inversión en vivienda no termina en la vivienda. Moviliza empleo y una extensa cadena de actividades económicas”, sostuvo.

Actualmente, el Ministerio cuenta con 26 edificios de vivienda pública proyectados al 2030, con una inversión aproximada de US$ 115 millones. A su vez, desde el inicio de la actual gestión y hasta junio de este año se terminaron más de 3.000 viviendas cooperativas y hay más de 5.800 en ejecución.

También destacó el régimen de vivienda promovida, que desde su creación en 2011 movilizó más de US$ 5.171 millones en la construcción de 32.500 viviendas. En 2025 ingresaron 326 proyectos, que representan 15.281 viviendas, el mayor volumen anual desde la creación del régimen.

En relación con el programa Entre Todos, informó que desde 2025 se aprobaron 21 proyectos, que representan 1.757 viviendas, y señaló que el objetivo es profundizar la articulación entre inversión pública y privada para ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda.

La innovación en los sistemas constructivos fue otro de los temas abordados. Paseyro destacó la experiencia de construcción de viviendas sociales en madera y señaló que desde 2011 se construyeron más de 1.000 viviendas de este tipo a través del Sistema Público de Vivienda.

“En la vivienda pública, la calidad no es discrecional”, afirmó, y explicó que todos los sistemas constructivos deben cumplir con estándares de habitabilidad, seguridad y durabilidad.

La ministra también vinculó la innovación con la generación de empleo y el desarrollo productivo nacional, a partir del aprovechamiento de la cadena forestal y la incorporación de mayor valor agregado dentro del país.

En materia de ordenamiento territorial, Paseyro planteó la necesidad de aprovechar mejor el suelo y los inmuebles existentes en áreas consolidadas. En ese marco, destacó el Laboratorio de Economía Urbana Circular y Gestión Territorial, que comenzó a trabajar en Minas y Paso de los Toros para desarrollar herramientas destinadas a recuperar inmuebles y áreas urbanas vacantes y generar nuevas oportunidades de acceso a la vivienda.

También señaló que el Plan Quinquenal prevé trabajar en una nueva Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano y en conjunto con los gobiernos departamentales para conformar carteras de tierras que permitan disponer de suelo bien localizado cuando la política habitacional lo necesita.

El último de los puntos planteados por la ministra estuvo relacionado con la participación en el diseño y ejecución de las políticas de vivienda. Paseyro destacó la reapertura de espacios de diálogo con organizaciones sociales, academia, sector privado e instituciones públicas para la elaboración del Plan Quinquenal y señaló que esa participación continúa durante la implementación de las políticas.

En ese sentido, sostuvo que la información técnica debe complementarse con el conocimiento de quienes viven en los territorios.

“La información técnica es imprescindible. Escuchar a quienes viven allí también”, afirmó.

Hacia el cierre de su exposición, Paseyro señaló que la política habitacional requiere la participación de distintos actores, entre ellos los gobiernos departamentales, las cooperativas, las organizaciones sociales, el sistema financiero, los organismos internacionales y el sector privado.

“La vivienda es un tema que el Estado no puede resolver solo”, sostuvo, y agregó que se necesita un Estado que planifique, coordine, invierta y rinda cuentas, junto con el compromiso de los distintos actores vinculados al sector.

Como cierre, la ministra destacó los resultados del primer año de gestión. “En 2025 el Ministerio concretó 9.345 soluciones habitacionales y tiene otras 19.674 en ejecución”, informó.

Paseyro sostuvo que, más allá de los números y de las distintas herramientas que integran la política habitacional, el objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas y lograr que cada hogar pueda acceder a una solución adecuada a su realidad.