Segunda reunión de la COAVI y la COAOT
El próximo miércoles 21 de mayo, a las 16:00 horas, en la sala Lumiere (Batlle y Ordóñez 621), en Canelones, se desarrollará la segunda instancia de la Comisión Asesora de Vivienda (COAVI) y la Comisión Asesora de Ordenamiento Territorial (COAOT), con el objetivo de profundizar en las propuestas generadas en la primera jornada de trabajo, realizada el pasado 29 de abril, luego de diez años sin convocatoria.
Se trata de un espacio de participación social, diálogo y asesoramiento en donde actores públicos, privados, académicos y sociales proponen iniciativas en torno a seis ejes que buscan mejorar y transformar el acceso a la vivienda y el territorio y que será un insumo fundamental para el diseño del nuevo Plan Quinquenal de Vivienda.
Desde el MVOT, anunciaron que la ciudadanía también puede involucrarse con ideas, a través de la plataforma de participación ciudadana desarrollada por Agesic, que hasta el 28 de mayo permitirá que tanto personas, organizaciones, empresas como inversores, gremiales o la academia realicen aportes en temas de vivienda y ordenamiento territorial.
Durante el trabajo realizado por los distintos grupos en la primera COAVI y COAOT en Durazno, se presentaron una serie de propuestas para avanzar en soluciones habitacionales integrales, sostenibles y equitativas, en las cuales se profundizará a partir de este miércoles en Canelones.
En el caso del primer grupo, enfocado en la emergencia habitacional, los integrantes centraron su trabajo en plantear propuestas para los colectivos más vulnerables, como personas en situación de calle, residentes en pensiones, personas salidas de instituciones del INAU o del sistema penitenciario, y madres con niñas y niños a cargo que atraviesan situaciones de violencia basada en género. Se propuso avanzar en soluciones habitacionales permanentes, fortaleciendo el acceso al stock de viviendas existente en el Ministerio de Vivienda.
En cuanto al Grupo 2, abordó la gestión de las carteras de tierras como eje clave de las políticas de vivienda y urbanismo. Se identificó la necesidad de ampliar la disponibilidad de tierras e inmuebles públicos, tanto a nivel nacional como departamental, mediante distintas modalidades como expropiaciones, cesiones y compra directa. En ese sentido, se destacó la necesidad de consolidar una cartera nacional de tierras públicas para garantizar suelo adecuado y accesible para programas habitacionales. También se propuso agilizar trámites catastrales, actualizar registros con herramientas geoespaciales y aplicar incentivos para que los privados pongan terrenos vacantes en el mercado.
Por su parte, el Grupo 3 centró su trabajo en generar propuestas para facilitar el acceso a la primera vivienda, especialmente para hogares de ingresos medios y medios bajos. Se propuso ampliar las alternativas de compra y alquiler, así como mejorar las condiciones de autoconstrucción en terrenos con autorización, incluso si no hay propiedad formal. Se destacó la importancia del asesoramiento técnico, legal y notarial para regularizar estas situaciones. Asimismo, se planteó la necesidad de flexibilizar los modelos de vivienda, reconociendo “nuevas formas de habitar en colectivo”, como los adultos que se unen para poder hacer frente a los costos de las viviendas, o implementar el "derecho de uso" de un determinado inmueble. A su vez, se identificaron dificultades económicas, tanto para la compra como para el alquiler de viviendas, por lo que el grupo de trabajo propuso revisar condiciones crediticias para que sean más accesibles para los que desean comprar, así como también, estimular la baja de los precios de alquiler.
En tanto, el Grupo 4, abordó la política territorial transversal, y allí, los integrantes resaltaron el hecho de que el ordenamiento territorial haya sido incluido en el Plan Quinquenal de Vivienda, ya que, según coincidieron, “la vivienda no debe ser abordada de forma aislada sino en diálogo con el derecho a la ciudad”. También mencionaron una serie de problemas actuales, como el crecimiento de asentamientos en zonas periféricas sin condiciones adecuadas de infraestructura y servicios. Asimismo, se propuso fomentar programas de vivienda rural que favorezcan el arraigo y, de esta forma, evitar el vaciamiento de los territorios.
Por otro lado, el Grupo 5 trabajó sobre la optimización de los procesos vinculados a las cooperativas de vivienda y su articulación con el ordenamiento territorial. Se planteó la urgencia de aumentar el presupuesto del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización (Fonavi) utilizado para financiar la construcción de viviendas sociales y programas de mejora urbana, sugiriendo que se asigne al menos el 1% del PBI, y se reclamó la exoneración del IVA a los materiales de construcción. Se propuso acortar significativamente los plazos de escrituración, revisar el sistema de sorteos, y consolidar la cartera estatal de tierras disponible para cooperativas. A su vez, entre las iniciativas, se planteó la creación de viviendas colaborativas para adultos mayores.
Por último, el Grupo 6, centrado en la participación del sector privado, coincidió en la necesidad de evaluar el impacto de la Ley 18.795 de vivienda promovida, para analizar realmente su efectividad para facilitar el acceso real a la vivienda de los sectores de ingresos medios y medios bajos. Se señalaron limitaciones relacionadas con el precio de las viviendas, los mecanismos de financiamiento y la rigidez de los préstamos bancarios. Se propuso incorporar nuevas tecnologías constructivas como la madera y fomentar la industria nacional como forma de generar empleo y dinamizar el sector. Finalmente, se planteó la iniciativa de desestimular la construcción de viviendas fuera de la trama urbana, ya que esto promueve "la desigualdad, el acceso a los servicios y la segregación residencial".