Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

El encuentro reúne a altas autoridades de los gobiernos de la región, representantes de las Naciones Unidas, organismos multilaterales, parlamentos, el sector privado, la academia y la sociedad civil para analizar los avances y desafíos de la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.

Durante su intervención, Paseyro sostuvo que el Consenso de Montevideo continúa siendo "la principal hoja de ruta regional para responder a las transformaciones demográficas desde un enfoque de derechos humanos, igualdad y sostenibilidad". Sin embargo, advirtió que el principal desafío ya no es únicamente preservar los avances alcanzados, sino "convertirlos en capacidades estatales, políticas coordinadas y derechos efectivamente accesibles en todo el territorio".

La ministra señaló que Uruguay enfrenta un escenario marcado por el envejecimiento de la población, la disminución de la fecundidad, las transformaciones familiares y la movilidad humana, procesos que interactúan con desigualdades sociales, económicas, territoriales y de género y que requieren respuestas integrales.

En ese sentido, destacó que el país ha avanzado en una visión integral de la protección social y en la incorporación de una perspectiva de curso de vida, aunque afirmó que el desafío actual consiste en fortalecer la articulación entre distintas políticas públicas. "El desafío actual es traducir esa orientación en una articulación mayor entre las políticas de ingreso, salud, empleo, cuidados, vivienda y desarrollo territorial", afirmó.

Uno de los principales ejes de su exposición estuvo centrado en el rol de la vivienda dentro de la política demográfica. "La dimensión territorial y habitacional ocupa un lugar central en esta agenda. La vivienda y el hábitat no son dimensiones externas a la política demográfica; son condiciones materiales para ejercer los derechos, sostener la autonomía y organizar los cuidados", expresó.

Paseyro explicó que el envejecimiento poblacional, el crecimiento de los hogares unipersonales, las migraciones internas y la concentración metropolitana están modificando las necesidades habitacionales del país. Por ello, sostuvo que Uruguay debe seguir incorporando estas tendencias en la planificación pública, promoviendo "viviendas accesibles y adaptables, entornos seguros y proximidad a los servicios".

La ministra también destacó al Sistema Nacional Integrado de Cuidados como una experiencia relevante para la región y una base institucional sobre la que Uruguay debe continuar avanzando. Señaló que el sistema permitió reconocer el cuidado como un derecho y como un componente central de la protección social, aunque planteó la necesidad de ampliar progresivamente su cobertura, asegurar su sostenibilidad y profundizar la corresponsabilidad entre el Estado, las familias, las comunidades, el mercado, así como entre mujeres y varones.

En materia de igualdad de género, recordó que Uruguay cuenta con importantes avances institucionales y normativos, pero advirtió que persisten brechas significativas en materia de autonomía económica, participación política y distribución del trabajo de cuidados, desigualdades que se profundizan cuando se combinan con factores como la ruralidad, la discapacidad, la situación migratoria o la ascendencia étnico-racial.

Asimismo, remarcó que los derechos sexuales y reproductivos continúan siendo uno de los pilares del Consenso de Montevideo y sostuvo que la prioridad es garantizar que esos derechos puedan ejercerse "de manera oportuna, equitativa y con calidad en todo el territorio".

Hacia el cierre de su intervención, Paseyro señaló que Uruguay identifica cuatro prioridades para los próximos años: avanzar hacia sistemas de protección social con cobertura universal, fortalecer el derecho al cuidado y la corresponsabilidad social y de género, garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos y consolidar la incorporación de las tendencias demográficas en las políticas de vivienda, hábitat, salud, empleo, educación y desarrollo territorial.

Finalmente, afirmó que "la implementación del Consenso de Montevideo exige sostener una visión integral del desarrollo" y concluyó que "no se trata solamente de adaptarnos a una población que cambia, sino de asegurar que esos cambios no profundicen las desigualdades y que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida con autonomía, seguridad y pleno ejercicio de sus derechos".