Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Como parte de las actividades, este martes, Paseyro integró el panel “Vivienda Social como Motor de Desarrollo: Articulación Sectores Público, Privado y Financiero”, un espacio de intercambio centrado en el rol de la vivienda social como catalizador de desarrollo integral, generación de empleo, fortalecimiento comunitario, mejora de la salud y la educación, y dinamización de las economías locales.

El panel abordó además modelos innovadores de financiamiento —como subsidios, microfinanzas e hipotecas sociales—, mecanismos de articulación público-privada, diseño urbano sostenible, tecnologías constructivas eficientes y programas de mejoramiento barrial, con el objetivo de analizar cómo escalar soluciones habitacionales financieramente viables, socialmente inclusivas y ambientalmente sostenibles.

Junto a la ministra uruguaya participaron Emil Rodríguez Garabot, director de Desarrollo Urbano de CAF; Anacláudia Rossbach, secretaria ejecutiva de ONU-Habitat, quien abrió el panel; Juan José Ayerza, CEO de TECHO; Michelle Sol, ministra de Vivienda de El Salvador, y Alejandra Robledo, directora ejecutiva de Sostenibilidad de Constructora Bolívar, quien actuó como moderadora.

Al tomar la palabra, Paseyro agradeció la invitación y comenzó su intervención destacando las lecciones aprendidas de la política habitacional uruguaya desde una mirada integral del hábitat.

“Si tuviera que resumir lecciones aprendidas, empezaría porque la política de vivienda y hábitat la podemos pensar como una política pivot dentro de un conjunto de políticas sociales y urbanas”, señaló. En ese sentido, explicó que se trata de una política “pivot” por tres razones.

La primera, explicó, es que la vivienda articula múltiples dimensiones. “Cuando hablamos de vivienda, hablamos de la propia materialidad de la vivienda, pero también hablamos del suelo, de las infraestructuras, de los servicios públicos y de la convivencia”, afirmó.

En segundo lugar, subrayó que la vivienda condiciona la eficacia de otras políticas sociales, ya que consideró que una solución de vivienda adecuada, bien localizada, “permite que las políticas de salud, de educación, de cuidados y de seguridad trabajen en sintonía y tengan el impacto que todos queremos”.

Como tercera razón, Paseyro remarcó el fuerte efecto multiplicador de derechos y capacidades que tiene la inversión en vivienda, tanto en lo social como en lo económico. “Invertir en vivienda tiene un impacto en el gasto hoy, pero tiene una reducción de costos futuros, si pensamos en lo que está asociado a la exclusión y a la segregación”, expresó y definió a la vivienda como “un derecho que habilita otros derechos”.

En ese marco, Paseyro remarcó especialmente el impacto de la política habitacional sobre las infancias. “Para nosotros en Uruguay es un tema muy crítico cómo impacta esto en las infancias. El 32% de niños menores de seis años vive bajo la línea de pobreza, y eso nos convoca al trabajo y a pensar alternativas en conjunto. El gobierno solo no puede y necesita de otros actores”, dijo.

En ese sentido, nombró la importancia de la articulación entre el sector público, el sector privado, los organismos del Estado, las organizaciones sociales y las comunidades, así como los destinatarios de las políticas públicas.

A su vez, planteó que el problema no solo es la vivienda sino también la falta de suelo donde construirlas. “El suelo es una problemática en todos los países. Cuesta conseguir suelo apto, con todos los servicios, bien localizado, para poder implementar estos programas”, señaló.

Por eso, remarcó la necesidad de un Estado activo en la gestión del suelo, en coordinación entre el gobierno nacional, las intendencias y el tercer nivel de gobierno. “La política habitacional y el ordenamiento territorial tienen que trabajar juntos para lograr el impacto que queremos”, afirmó.

Otra de las lecciones compartidas por la ministra fue entender la vivienda como un proceso dinámico y no como una solución definitiva y estanca. “La vivienda tiene que ir acompañando los cambios demográficos de la población. Ha habido un crecimiento de hogares monoparentales, hogares cada vez más pequeños, la independencia de los jóvenes, el envejecimiento de una parte de la población y, al mismo tiempo, la persistencia de hogares numerosos y asentamientos con graves carencias”, mencionó la ministra.

Por eso, aseguró que las políticas públicas “tienen que ser flexibles”, capaces de adaptarse a distintas poblaciones, territorios y realidades.

“No es lo mismo vivir en el norte o en el sur de las ciudades, en el centro, en la frontera o cerca del mar”, indicó.

Como experiencias concretas, Paseyro mencionó el Programa Mejoramiento de Barrios, que aborda de forma integral infraestructura, vivienda y trabajo comunitario, y adelantó la implementación de un nuevo programa junto a CAF, denominado Más Barrio, que incorpora la convivencia y la seguridad como aspectos fundamentales. “Vamos a atacar también la seguridad en los barrios, porque es parte de cómo habitamos”, afirmó, y habló del “derecho a la vivienda, pero también del derecho a la ciudad y a cómo vivimos en esos espacios y entornos”.

Al resumir su exposición, la ministra insistió en la necesidad de políticas de vivienda “integrales, con visión de proceso, flexibles y con participación de todos los actores de la sociedad”.

Durante su intervención, también fue consultada sobre el modelo de cooperativas de vivienda desarrollado en Uruguay y sobre la posibilidad de replicarlo en otros países de América Latina.

Sobre ello, Paseyro afirmó que las cooperativas “son un pilar fundamental de la política de vivienda en Uruguay y su fortaleza radica en un marco institucional claro, organizaciones sociales fuertes, continuidad de las políticas y gobiernos que apuestan por ese sistema”.

“Es un modelo que apuesta a la solidaridad, al trabajo colectivo y a una vida colectiva. Es más que una vivienda”, subrayó.

No obstante, aclaró que el cooperativismo no es aplicable a toda la población. “Para los sectores más vulnerables es muy difícil poder acceder al sistema cooperativo”, reconoció, y explicó que el Ministerio trabaja junto a las federaciones de cooperativas para generar procesos que permitan incluir a esos sectores.

En ese sentido, sostuvo que el modelo es replicable en la región “siempre y cuando haya un marco regulatorio claro, reglas claras y un gobierno que apueste al cooperativismo como solución habitacional para un sector trabajador que de otra manera no podría acceder a la vivienda”.

“Para desplegar su potencial, el cooperativismo necesita del gobierno, de normas claras y, por supuesto, de suelo”, concluyó Paseyro.