Presidencia Uruguay

Gobierno promueve monotributo especial para formalizar sectores productivos más pobres

El proyecto de ley se enmarca en el acuerdo alcanzado a través del “Ámbito por la Inclusión y la Formalización del Trabajo” que integran el MTSS, MEF, MIDES, MIEM, BPS, DGI, DNA y OPP.

El proyecto de ley -a consideración del Parlamento- promueve la creación de un monotributo social MIDES que atenderá la preocupación y demanda de miles de ciudadanos que integran hogares en situación de pobreza y que desarrollan alguna actividad productiva y comercial en estado de informalidad.

Desde 2005, el MIDES ejecuta programas de apoyo a emprendimientos productivos para este sector de la población, el cual -en reiteradas oportunidades- manifestó la demanda por un instrumento especialmente diseñado para sus necesidades y que permita salir de la informalidad.

En 2010 se presentaron ante el MIDES aproximadamente 1.000 emprendedores a solicitar apoyo y solamente el 5% tenían su actividad en carácter de formal. Este instrumento busca ser una solución para la inclusión social de la gran cantidad de emprendedores informales.

En ese marco, sepromueve la creación de una prestación tributaria unificada, sustitutiva de cualquier otra contribución especial de la seguridad social y cualquier otro impuesto vigente, excluido el que grava las importaciones.

De aprobarseel proyecto de ley, podrán amparase a este nuevo régimen tributario las personas que integren hogares que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, que produzcan, comercialicen bienes o presten servicios y que no tengan personal dependiente.

Asimismo, se prevé la incorporación de personas que desarrollen tareas de manera asociativa, estableciendo un número máximo de cuatro integrantes. En caso de emprendimientos asociativos integrados exclusivamente por familiares que pueden integrar a cinco individuos.

Para incluir este régimen, el tributario deberá cumplir con las contraprestaciones que el MIDES determine entre los que se encuentran la concurrencia asidua al sistema educativo de los hijos y menores a cargo, la realización de controles de salud periódicos, la asistencia a instancias de capacitación que no impliquen un costo para los contribuyentes y la inexistencia de trabajo infantil ilegal en el núcleo familiar.