Mercosur: Ratificación de acuerdo mejorará respuesta contra la trata de personas
Con la participación de referentes nacionales e internacionales, Montevideo fue sede del seminario Trata de Personas, una Mirada Regional para Respuestas Integrales, focalizado en el abordaje del informe global de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre la temática, nuevas modalidades de explotación, respuesta institucional y cooperación. Para la directora del Inmujeres, Mónica Xavier, optimizar la coordinación y ratificar el acuerdo del Mercosur en la materia son aspectos fundamentales para una política regional más eficiente.
La titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier, quien ejerce la presidencia pro tempore de la Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del Mercosur, destacó la posibilidad de la entrada en vigor del acuerdo sobre el delito de trata del Mercosur, que se encuentra bajo tratamiento parlamentario en Uruguay.
Este documento habilitará la coordinación entre los países para abordar el delito de trata en todas sus formas. Con la aprobación de dos países miembro del Mercosur, entra de forma automática en vigencia para todos ellos y los asociados.
Xavier expresó que el bloque ha fortalecido, de manera progresiva, sus mecanismos de coordinación y colaboración en la materia. Agregó que el acuerdo de cooperación territorial refleja el compromiso de los estados en profundizar el intercambio de información para la prevención de este delito.
Respecto a la normativa regional, Xavier informó que Uruguay también completó la ratificación de un acuerdo para el reconocimiento de medidas cautelares para mujeres víctimas de violencia doméstica.
En su oratoria, remarcó la importancia del diálogo con representantes universitarios, la sociedad civil y todas las instituciones que trabajan en la temática.
Uruguay garantiza derechos
Xavier afirmó que la trata representa una grave violación a los derechos humanos, que afecta, de forma desproporcionada, a mujeres, niñas y adolescentes, por lo que la perspectiva de género también debe estar presente en el análisis y las propuestas para enfrentar este flagelo.
Añadió que es un delito que se sostiene en profundas desigualdades y se nutre de la discriminación, la pobreza, la exclusión y la violencia basada en género, por lo que requiere acciones sobre las causas estructurales, de tal forma que se fortalezca la prevención, se garantice el acceso a la justicia y se promuevan tanto la reparación como la restitución de derechos a las víctimas.
Explicó que, históricamente, la problemática afectaba, en su inmensa mayoría, a niñas, niños y mujeres, pero que, en el último tiempo, se ha incrementado la trata en varones. En ese sentido, se constata que, en mujeres, predomina la trata sexual, en tanto que, para hombres, es muy marcado el destino laboral, favorecidos ambos por la movilidad humana en el mundo.
Destacó que “Uruguay es robusto en su normativa”, que cuenta con legislación garantista e integral para proteger a los migrantes “y es un antídoto para que, luego, las personas en situación de vulnerabilidad no sean cooptadas por estas redes”.
La trata de personas como delito transnacional
Xavier subrayó la importancia de abarcar todos los ámbitos en los que se propicia la trata y mencionó, en especial, las plataformas digitales.
La jerarca describió otros delitos, como el de vientres subrogados y el de adopciones ilegales, que deben ser abordados en el ámbito internacional. Añadió que la trata mueve cifras millonarias de dinero, asimilables al tráfico de armas y drogas, y remarcó el rol clave del sistema financiero para establecer las rutas de ese dinero ilegal.
Asimismo, señaló que la política pública experimenta rezagos, pero también avances a partir de normativas internas de los organismos implicados en la temática, como el Ministerio del Interior o la Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad de Víctimas y Testigos.
Ambos progresos forman parte de la actualización del Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas. Además se presentó, en las últimas horas, el primer informe nacional de gestión y estado de situación, que se renovará cada año para permitir dimensionar el alcance de las políticas desarrolladas.
En Uruguay la ley n.° 19.643, del 20 de julio de 2018, creó el ámbito interinstitucional para el abordaje de la problemática y especificó la tipificación de los delitos de trata y los mecanismos de protección de las víctimas, entre otros asuntos.
Participaron en el evento la secretaria ejecutiva del Ministerio de las Mujeres de la República Federativa de Brasil, Eutália Barbosa; la ministra de la Mujer de la República del Paraguay, Alicia Pomata Gunsett, y la directora nacional de Protección y Asistencia de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación de la República Argentina, Lucía Soldani.