Segundo Censo Nacional de Personas Privadas de Libertad permitirá diseñar políticas públicas más eficaces e integrales
El Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación presentaron los resultados del segundo Censo Nacional de Personas Privadas de Libertad, realizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Durante la actividad, la subsecretaria de la cartera, Gabriela Valverde, sostuvo que comprender la realidad penitenciaria permite diseñar, implementar y evaluar políticas públicas más eficaces, integrales y humanas.
La presentación de los resultados del segundo Censo Nacional de Personas Privadas de Libertad se desarrolló este viernes 16, en el Ministerio del Interior (MI), con la presencia de la subsecretaria de la cartera, Gabriela Valverde; la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche; el representante del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Uruguay, Miguel Porrúa; la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar), Carmen Midaglia, y el docente e investigador de la Udelar y encargado del proyecto, Eduardo Botinelli.
En este segundo estudio, precedido por el efectuado en 2010, fueron censadas 13.182 personas en 25 centros penitenciarios. El documento muestra la trayectoria vital de la referida población en temáticas como infancia, trabajo, educación, salud y vínculos familiares, entre otros puntos.
Según los datos aportados, la tasa de encarcelamiento aumentó, de 253 cada 100.000 habitantes a cerca de 480. Además, el 20,5% vivió en la calle de niño o adolescente, el 26,8% estuvo en el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) y el 46,4% cometió su primer delito antes de los 18 años.
Mientras las mujeres cargan con más responsabilidades de cuidado y maternidad temprana, los varones comienzan antes a delinquir y reinciden más, se indica en el reporte. Las unidades de Montevideo y el área metropolitana son las que presentan condiciones más desfavorables.
Respecto a la educación, más de la mitad abandonó los estudios antes de los 15 años y tres de cada cuatro no superaron el ciclo básico de Secundaria. La participación en cursos creció desde 2010, pero más de la mitad no accede a este derecho. Persisten desafíos en justicia, salud, trabajo, convivencia y seguridad.
Por otra parte, más de tres de cada cuatro reclusos creen que el Estado puede ayudarlos: piden trabajo, vivienda, educación, atención del consumo de sustancias, salud mental y revinculación familiar.
Políticas más eficaces, integrales y humanas
Durante la presentación, Gabriela Valverde consideró que este censo aporta evidencia indispensable para comprender la realidad penitenciaria y diseñar, implementar y evaluar políticas publicas más eficaces, integrales y humanas.
Dijo que la responsabilidad del Estado es administrar la privación de libertad, pero también prevenir las trayectorias que conducen al delito, garantizar derechos durante la reclusión y generar condiciones reales para la reinserción.
Ana Juanche agradeció la actualización de datos para planificar las políticas con base en evidencia.
Además, mencionó la apertura de varias unidades penitenciarias, como la n.° 28, la primera especializada en personas encarceladas por primera vez. También resaltó el “ingreso histórico” de funcionarios penitenciarios y la ampliación de las plazas educativas mediante nuevos programas. Entre ellos, citó el plan de finalización del ciclo básico, Rumbo, y la capacitación de 8.000 personas a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).
La jerarca también aludió al lanzamiento de la marca penitenciaria Ciclo y la nueva Ley de Empleo Integral, n.° 20.506, del 26 de junio de 2026, que permitirá incluir en los programas de empleo protegido a personas liberadas del sistema penitenciario.
Finalmente, Juanche se refirió a la creación de la Dirección de Género y Diversidad y el diseño de una estrategia nacional para mujeres a fin de asegurar condiciones de equidad para la población LGBTQ+ privada de libertad.
Proyectos de vanguardia
Miguel Porrúa subrayó que parte del éxito de Uruguay es la continuidad en las políticas públicas. En ese sentido, recordó que el BID viene trabajando en el país para elaborar herramientas de valoración del riesgo criminológico y utilizar tecnología para gestionar mejor los perfiles de riesgo de cada una de las personas privadas de libertad.
Este conjunto de iniciativas posicionan a Uruguay como modelo por el uso de herramientas de vanguardia, dijo.
Asimismo, recordó que el organismo internacional desarrollará con el MI un nuevo proyecto de inversión en tres temas:
- fortalecimiento de la infraestructura de establecimientos penitenciarios
- incorporación de tecnología y equipamiento relacionados con la seguridad en centros de rehabilitación
- mejora de la capacidad operativa de las instituciones del INR
“Esto, con lo anterior que hemos mencionado, dota al Gobierno de las herramientas necesarias para una gestión ordenada y acorde con los tiempos en esta temática”, expresó.
Por su parte, Carmen Midaglia valoró la información que brinda el relevamiento para rediseñar políticas públicas en la materia: “El censo aporta conocimiento para tomar medidas y tiene un sentido político-institucional, ya que posibilita identificar cual es el rol que cumple el sistema penitenciario y asignar mejor los recursos”.