Unidad de Acceso a la Información Pública

El Intai mide el nivel de cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008 sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública y su decreto reglamentario N° 232/010, así como otras normas vinculadas, por parte de los organismos públicos, estatales o no, alcanzados por esta normativa. 

En los resultados de la tercera edición se destaca un incremento significativo en la cantidad de participantes del Índice, con un porcentaje de 86% equivalente a 215 respuestas de organismos sobre un total de 250. En el 2022 este indicador llegaba a 68%, y en 2021 fue del 55%. El número de organismos que respondieron en 2023 es muy alto, considerando que se trata de una consulta voluntaria.

Dentro de las dimensiones evaluadas en el Índice, la Transparencia Pasiva se posicionó como la mejor calificada, alcanzando un promedio de cumplimiento del 82%. Por su parte, la Transparencia Activa obtuvo un 80%, mientras que el indicador Institucional se situó en un 57%. El puntaje promedio general para los organismos fue de 0,75, lo que indica un cumplimiento del 75% en los aspectos evaluados.

Uno de los aspectos más positivos de esta edición es la mejora en los puntajes de los organismos. El 65% de ellos incrementó su calificación en comparación con 2022, mientras que un 16% reportó una disminución en su puntaje.

Acceder al visualizador con los resultados de la edición 2023 de Intai

¿Cómo se construye el Intai?

El Intai es una herramienta elaborada por el Órgano de Control de la Ley 18.381, que evalúa el cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta norma para todos los organismos públicos, sean estatales o no. El Índice se construye a partir de la información proporcionada por los sujetos obligados, incluyendo datos sobre transparencia activa, transparencia pasiva y las condiciones institucionales necesarias para el cumplimiento de la normativa.

También se evalúan los procesos y la infraestructura requerida para implementar estas obligaciones, la existencia de canales para solicitar información, la gestión documental y archivo, la publicación de datos abiertos y la capacitación de las personas que desempeñan tareas en esta materia en el Estado. Adicionalmente, se consideran las obligaciones derivadas de la Ley N° 18.220 de 20 del diciembre 2007 sobre el Sistema Nacional de Archivos y otras normas relacionadas.

El Índice analiza y mide tres dimensiones en función de dos fuentes de información:

1. Información reportada por los organismos a través del formulario de autoevaluación en línea.
2. Información enviada por los sujetos obligados en el informe sobre estado de cumplimiento de obligaciones (artículo 7 de la Ley No 18.381). Esta información se consideró solo para los organismos que participaron respondiendo el formulario de autoevaluación.

Toda la información obtenida fue proporcionada por los organismos en marzo de 2023, quienes fueron responsables de que estuviera completa, disponible y actualizada. Los organismos que no completaron ni enviaron el formulario fueron puntuados con cero (0) en todas las dimensiones, lo que afectó su ubicación en el Índice.