Unidad Nacional de Seguridad Vial

Luis Carlos Rodríguez León, Fiscal Coordinador de Sevilla (España) fue uno de los importantes aportes que dejó el 1er. Foro Iberoamericano sobre Justicia Vial, realizado recientemente en el Paraninfo de la Universidad de la República.

El representante del Ministerio público español tuvo una intervención específica relatando el proceso en su país, para que la figura del Fiscal adquiriera el porte protagónico que hoy tiene en cuanto al juzgamiento de los delitos viales.

En ese sentido quitó relevancia al protagonismo en sí de la Fiscalía, desde el momento en que los lamentables resultados de convivencia que genera la inseguridad vial, no se resuelven exclusivamente desde un único abordaje. “Por lo tanto, la experiencia de la justicia penal, el último eslabón de esta cadena, no es en absoluto el más importante.”

Se trata de un conjunto de actitudes que tiene que ver con la normativa, la mentalidad en la propia Justicia, la fiscalización “que al final modifican los resultados del problema que tenemos con el tránsito” señaló. “No podemos pretender que con una sola de estas cosas se resuelva el problema” sostuvo. “Mucho menos con el cambio de la administración de Justica; justamente porque es la última que interviene”.

El proceso español de la normativa de tránsito

Rodríguez León señaló que la normativa española sobre este tema, ha evolucionado ‘sin llegar a ser perfecta’. “Desde 1928 hablamos del culposo y doloso y del dolo eventual, que es una cosa diabólica que han inventado en la doctrina del Derecho”, sostuvo el experto.

Sucesivas reformas legislativas a mitad de siglo dieron pie a nuevas regulaciones; y posteriormente nuevas modificaciones promovieron un cambio de mentalidad en la materia.

Los delitos relacionaos con el tránsito en España abarcan un 60% relacionados con alcohol y drogas: luego carencia de licencia y permisos. “Pero cuando hablamos de fallecidos, el 42 % tiene que ver con el  alcohol o las drogas”. Por lo que el énfasis se debe poner en la elaboración de políticas preventivas, sostuvo,

Educación y sanción, como criterios preventivos

“La reforma de 2007 cambió el criterio legislativo de imputación. Los delitos relacionados con el tránsito se definen como de riesgo abstracto: tenemos que anticipar las barreras de protección. No tenemos que esperar que haya fallecidos o lesionados. Tenemos que evitar esas conductas antes de que haya resultado. Esa es una política preventiva. Y esa política viene de la mano de la Educación y de la mano de la sanción cuando falla la Educación”, dijo el experto español.

Una y otra vez, Rodríguez León, insistió en que “lo primero es la prevención. Tenemos que anticipar las barreras de protección por ser un delito de riesgo”, dijo.

Y cuando eso falla no se corresponde con la conducta social “no podemos olvidar el resultado, y tenemos que castigar el delito de riesgo, con mayor pena. Tenemos que castigar cuando hay resultado, porque no sirvió la primera advertencia de ‘lo que estás haciendo es peligroso’; y además se ha producido lo que todos queríamos evitar; por lo tanto eres mucho más responsable de lo que ha ocurrido”, sentenció.

Especialización de la Justicia

El Titular de la Fiscalía en tránsito de Sevila, reivindicó la formación especializada de los fiscales para poder atender eficientemente los temas que tienen que ver con delitos de tránsito, Defendió un criterio único a nivel nacional, donde le tiene que corresponder a la propia Fiscalía la dirección jurídica de la policía de tránsito. Es la Fiscalía quien debe dirigir la investigación, aportando los criterios para realizar la misma. “Ello ofrece seguridad jurídica a la propia Policía ya que sigue los criterios necesarios requeridos desde la propia Justicia para recabar las pruebas suficientes y necesarias”.

“Desde el ámbito de la administración de justicia el criterio fue radical en el cambio. Primero era necesario especializarse en determinadas materias. La delincuencia nos es la misma que en 1950. Han cambiado los criterios y la forma de producirse los delitos económicos, las grandes mafias, la violencia en el ámbito familiar o en el tráfico requiere de nuevos conocimientos. No sólo jurídicos, sino multidisciplinarios. Y para eso el Ministerio Fiscal tiene que estar especialmente preparado, ya que es quien tiene que investigar y perseguir.”

La estructura judicial española

En España también conducir a velocidad excesiva (60 km/h por encima de la máxima) es delito; “no falta o infracción, porque está poniendo en peligro la vida de los demás”. Según las circunstancias especiales de cada caso la sanción es prisión, multa o tarea comunitaria en beneficio de la comunidad; con privación de la licencia de conducir de hasta 4 años.

También conducir bajo efecto de alcohol o drogas, tiene el mismo tratamiento sancionatorio que el exceso de velocidad. La conducción temeraria, negarse a practicar las pruebas de alcoholemia; conducir sin permiso o licencia, y generar cualquier riesgo para la conducción segura, “es un delito porque se está poniendo en peligro la vida de los demás”,

El secreto de un funcionamiento armónico del sistema lo reviste el hecho de la creación de una Fiscalía de Seguridad Vial “con una estructura jerárquica donde hay un Fiscal de Sala del Tribunal Supremo que coordina a nivel nacional y da las instrucciones para que todo el mundo, a nivel del territorio nacional, haga lo mismo ante un mismo asunto”.

“Por debajo están los Fiscales Delegados y los Fiscales en cada una de las Provincias” explicó Rodríguez.

El resultado es un 85% de condenas de efectividad en materia de tránsito a nivel nacional. “En Sevilla el nivel de éxito es de 92% de sentencias condenatorias. Y esto se debe a un trabajo perfectamente coordinado entre la Policía de Tránsito y el Fiscal aportando las pruebas necesarias”.

No es comprensible que Uruguay se permita 500 muertos por año

Respecto a las cifras de siniestralidad en nuestro país, Rodríguez león reflexionó que no es comprensible que 500 familias se rompan por año por esta causa. “¿Uruguay se puede permitir esa sangría? Tiene un agujero por el cual se le están yendo sus ciudadanos. No es comprensible”, dijo.

El factor ‘Educación Vial’ es clave. “Desde el Colegio hasta el anciano cuando está en la residencia con su coleguita, porque ha perdido la capacidad de reflejos.”

“Es necesario mejores medios técnicos, radares y tecnología para el control de sustancias. (La Policía) debe montar controles preventivos. Debe vigilar el tránsito. El ciudadano debe sentirse vigilado. Tenemos que cambiar la mentalidad y la forma de actuar” insistió.

Sobre la Policía de tránsito señaló el poco respaldo social con que cuenta a la hora de actuar, “siendo nuestros pies y nuestras manos en la carretera. Tenemos que tener una legislación más rigurosa y detallada” reivindicó.

El sistema político debe involucrarse

“Todo lo que pone en peligro la vida de las personas no puede considerarse una simple falta o un delito menor. Es un delito con todas las consecuencias. ¿Por qué un muerto con un cuchillo vale más que un muerto con un coche? ¿Por qué? Si el muerto es el mismo. Ha cambiado el arma. ¿Es que un coche no es un arma mal utilizada? No hay razón alguna para no serlo así. Es necesaria una Fiscalía especializada en Tránsito que coordine y dirija. Si sumamos todo esto logramos más eficacia, menos riesgos y más vidas salvadas”.

El camino es la prevención, y el gesto político de asumirla bien vale la vida de cada ciudadano del país. “La cuestión no está en castigar a todo el mundo. La cuestión está en que ojala los Juzgados estuvieran vacíos. Y los jueces holgazanes, pero porque no tengan nada que hacer. Entonces habríamos triunfado en la prevención y no habríamos llegado a la sanción. En eso nos tenemos que empeñar. No en condenar a troche y moche. Se trata de evitar, no castigar. En definitiva, que salvar una sola vida justifica el esfuerzo de todas la administraciones. El primer mandamiento de cualquier gobierno es proteger la vida de sus ciudadanos. Por lo tanto, es la primera responsabilidad de los gobernantes. Y si nosotros no cambiamos las normas, no funcionará el sistema. Por más buena voluntad que haya entre jueces, policías, fiscales y Asociaciones. Lo primero es el paso valiente de la política. Si en el paso de la política complica el paso del Legislador de poner normas coherentes, no vamos a ninguna parte. Y Uruguay no se merece esta sangría de pérdida de vidas humanas.