Plan Estratégico
2025 -2029 Plan Nacional de Seguridad Vial
Este Plan está organizado en seis líneas estratégicas que permiten fortalecer la coordinación interinstitucional y promover intervenciones basadas en evidencia científica sostenidas en el tiempo; en consonancia con el objetivo global de reducir a la mitad las muertes y lesiones en el tránsito.
Los datos de siniestralidad 2025
Las cifras recientes de siniestralidad vial en Uruguay confirman la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a proteger la vida en el tránsito. En 2025 fallecieron 471 personas, se registraron 22.482 siniestros y 28.342 personas resultaron lesionadas. La tasa de mortalidad alcanzó 13,5 cada 100.000 habitantes, lo que evidencia la magnitud del desafío y la urgencia de avanzar en respuestas estructurales, coordinadas y sostenidas.
Es en este contexto que Unasev impulsa el Plan Nacional de Seguridad Vial para el período 2025-2029, que define un marco de trabajo orientado a revertir la tendencia creciente de la siniestralidad vial y avanzar hacia una movilidad más segura.
Este Plan se apoya en el enfoque de Sistema Seguro, que parte de una premisa central: las personas pueden cometer errores, pero el sistema de movilidad debe estar diseñado para que estos no deriven en muertes o lesiones graves.
Este enfoque implica actuar de manera simultánea sobre múltiples dimensiones: velocidades seguras, infraestructura adecuada, vehículos más seguros, usuarios responsables y una respuesta eficaz después del siniestro.
La clave está en la coordinación, el seguimiento permanente y la sostenibilidad en el tiempo de las de estas acciones. Por eso, consolidar la seguridad vial como política de Estado —transversal, sostenida y basada en información robusta— es el camino para proteger la vida.
Revertir la tendencia creciente de la siniestralidad vial no es solo una meta técnica: es un compromiso colectivo.
Líneas estratégicas
Fortalecimiento institucional y gobernanza
El fortalecimiento institucional es clave para el diseño, la implementación y el seguimiento de las políticas públicas de seguridad vial. Para esto, resulta fundamental consolidar el rol de Unasev como organismo rector, así como sus capacidades técnicas, operativas y de articulación con los distintos actores del sistema.
La reinstalación de la Junta Nacional de Seguridad Vial constituye un hito relevante en este proceso. Este ámbito reúne a ministerios, gobiernos departamentales y organismos nacionales, y permite definir prioridades comunes, coordinar acciones y sostener una agenda permanente basada en información sistemática.
Asimismo, la creación de un gabinete operativo con capacidad de ejecución refuerza este enfoque, favoreciendo el pasaje de la planificación estratégica a la acción coordinada en territorio
Educación vial y formación para la prevención
La educación vial constituye un componente clave de la formación ciudadana, con énfasis en la prevención, la percepción del riesgo y la construcción de una cultura de movilidad segura.
En particular, los jóvenes concentran una proporción significativa de las personas lesionadas en el tránsito, por lo que el trabajo en el sistema educativo formal resulta fundamental para intervenir antes de que se consoliden conductas de riesgo.
Unasev desarrolla contenidos y experiencias pedagógicas junto a la comunidad educativa, orientadas a promover cambios sostenidos en las conductas y fortalecer la responsabilidad individual y colectiva en el tránsito.
En este marco, se impulsa la incorporación de propuestas de educación vial en educación media superior, a través de talleres y experiencias formativas que permitan sensibilizar, generar aprendizajes y producir insumos para futuras acciones de mayor alcance.
Fiscalización y control coordinado
La fiscalización es un componente central de la política de seguridad vial. En Uruguay, el control en el tránsito involucra a distintos organismos, por lo que la coordinación interinstitucional resulta clave para mejorar la presencia del Estado en el territorio y contribuir a la prevención de conductas de riesgo.
La Unidad a través de su rol articulador, coordinador y de apoyo técnico, promueve el fortalecimiento de las capacidades operativas de los organismos competentes, la formación específica de los equipos de fiscalización y la incorporación de herramientas tecnológicas que mejoren el monitoreo, la planificación y la respuesta en territorio.
Asimismo, se promueve la coordinación de operativos de control orientados a prevenir infracciones, reducir factores de riesgo y fortalecer la percepción de cumplimiento de las normas.
Aplicación normativa y respuesta institucional
La efectividad de la política de seguridad vial no depende únicamente de la prevención y el control, sino también de una aplicación normativa clara y consistente.
En este sentido, se promueve la especialización y formación de actores vinculados a la aplicación de la normativa de tránsito y seguridad vial, así como el fortalecimiento de los mecanismos de respuesta ante infracciones y faltas que generan riesgos significativos.
La aplicación de la Ley de Faltas constituye una herramienta relevante para sancionar conductas que, sin constituir delitos graves, afectan la seguridad de las personas. Su implementación sostenida contribuye a fortalecer la percepción de control, cumplimiento y responsabilidad.
Participación social y gestión territorial
La seguridad vial requiere participación activa de la comunidad y apropiación territorial de las políticas públicas. La reducción de la siniestralidad demanda intervenciones alineadas con los lineamientos nacionales, pero adaptadas a las realidades locales.
La Red de Familiares y Víctimas de Siniestros de Tránsito y las Unidades Locales de Seguridad Vial cumplen un rol estratégico en este proceso, facilitando la articulación entre actores públicos, privados y sociales.
La coordinación entre los diferentes niveles de gobierno resulta fundamental para evitar la fragmentación de esfuerzos y asegurar intervenciones coherentes, sostenidas y con impacto en el territorio.
Gestión operativa y herramientas de mejora
La gestión de la seguridad vial también implica abordar aspectos estructurales y operativos que inciden en la eficiencia del sistema. Esto supone mejorar las capacidades de gestión, optimizar procesos y fortalecer las herramientas disponibles para la toma de decisiones y la intervención pública.
Entre los aspectos priorizados se encuentran la mejora de las condiciones logísticas asociadas a los depósitos vehiculares, la gestión de vehículos fuera de uso y el avance en instrumentos que permitan vincular el comportamiento de los conductores con consecuencias progresivas sobre su habilitación para conducir.
Estas acciones contribuyen a fortalecer la responsabilidad individual, mejorar la gestión pública y avanzar hacia un sistema más eficiente, sostenible y orientado a resultados.