07/2013

Columna de opinión: Uruguay clasificado como país de renta alta

Por Martín Rivero Illa Uruguay clasificado como país de renta alta por el Banco Mundial: ¿qué implicancias tiene para la cooperación internacional?
Columna de opinión: Uruguay clasificado como país de renta alta

Por Martín Rivero Illa

Uruguay clasificado como país de renta alta por el Banco Mundial: ¿qué implicancias tiene para la cooperación internacional?

Desde el 1 de julio de 2013 Uruguay - junto a Chile, Rusia y Lituania - ha ingresado en la categoría de “Países de Renta Alta”, según la clasificación del Banco Mundial. Para el Banco Mundial los países se clasifican, según su renta per cápita, en tres categorías: países de renta baja (<US$1.035), países de renta media (US$1.036 a US$12.615) y países de renta alta (>US$ 12.616).


Aunque esta clasificación es elaborada y empleada por el Banco Mundial para otorgar sus préstamos, en los hechos ejerce una gran influencia en los principales cooperantes bilaterales y multilaterales que utilizan ésta u otras clasificaciones similares basadas en la renta per cápita a la hora de fijar sus criterios para la asignación de la cooperación internacional al desarrollo.


¿Qué problemas presenta la clasificación de los países según su renta per cápita como criterio de asignación de la cooperación internacional al desarrollo?


La adopción de la clasificación del Banco Mundial o de otras similares, basadas fundamentalmente en la renta per cápita de los países como criterio para la asignación de la cooperación internacional al desarrollo, presenta una serie de problemas técnicos, conceptuales y de cariz político. Es por ello, que en todos los espacios nacionales e internacionales de discusión sobre cooperación y desarrollo en que participamos desde AUCI desde hace tres años, hemos intentado, en conjunto con muchos otros países y organizaciones, poner en cuestión tanto el fundamento sustantivo de este criterio como las decisiones de política de cooperación y ayuda al desarrollo asociados a este.


Desde el punto de vista conceptual, utilizar una clasificación de los países según su renta per cápita para la asignación de la cooperación al desarrollo puede ser útil para los organismos financieros para la evaluación de la capacidad de repago de los países pero no refleja la multi-dimensionalidad del concepto de desarrollo humano sustentable como ejercicio efectivo de todas las capacidades y derechos de todas las personas para elegir la vida que quieren vivir. Durante las últimas décadas, los estudios sobre desarrollo han permitido la acumulación de conocimiento teórico y evidencia empírica que merece ser tenida en cuenta y reflejada en indicadores más comprehensivos, como el índice de desarrollo humano o el índice de progreso social, que pueden capturar mejor las necesidades de desarrollo de los países.


En cambio, clasificar a los países por una sola variable – su producto interno bruto per cápita -implica asimilar la noción de desarrollo únicamente a la de crecimiento económico, lo que representa una simplificación y un retroceso frente a los desarrollos conceptuales arriba mencionados. Es sabido que para que un país se desarrolle necesita crecimiento, pero comprobado está también que el crecimiento por sí mismo no implica desarrollo y menos aún, desarrollo sustentable. El crecimiento genera más recursos que pueden ser aplicados en políticas y proyectos favorables al desarrollo sustentable y, en consecuencia, al bienestar de las personas. Pero no es posible saber si un país está recorriendo ese camino, midiendo únicamente su nivel de renta per cápita.


Saber cuál es el nivel promedio de ingreso de un país y ubicarlo arbitrariamente arriba o abajo de un umbral como “renta alta” o “renta baja” nos dice muy poco sobre la capacidad de ese país para combatir la pobreza o sobre sus posibilidades para la redistribución de ingresos a nivel doméstico. Por el contrario, el indicador de renta per cápita utilizado por estas clasificaciones invisibiliza los niveles de pobreza y de desigualdad que los países tienen al interior y entre sí, especialmente los países latinoamericanos.


Tampoco refleja las vulnerabilidades a los shocks externos e internos que sufren los países (especialmente los pequeños como Uruguay), debido a una débil consolidación de sus capacidades y/o persistentes brechas estructurales. Estas vulnerabilidades y brechas estructurales obstaculizan el desarrollo aún en contextos de crecimiento y avances significativos en ciertos indicadores socio-económicos, lo que repercute en que cualquier posible retroceso tenga efectos devastadores sobre los niveles de desarrollo humano de estos países.


Desde el punto de vista técnico-metodológico, se cuestionan los criterios utilizados en la clasificación del Banco Mundial. Por ejemplo, las franjas de niveles de ingreso fueron fijadas arbitrariamente por dicho organismo en 1989 según el método “Atlas” y son ajustadas en el tiempo por la inflación internacional tomando en cuenta los niveles de inflación de EEUU, Japón y la zona euro y el umbral de graduación fue fijado en 1988 de acuerdo a la preferencia para las obras civiles , en lugar de utilizar el criterio de paridad de poder de compra que podría arrojar una información más adecuada para realizar comparaciones entre países.


Pero también desde el punto de vista político, si el fin último de la cooperación al desarrollo es la lucha y erradicación de la pobreza y el desarrollo sustentable de los pueblos, como consagrado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en la Conferencia Intergubernamental de Rio+20, es paradójico utilizar un criterio de asignación de la cooperación internacional que no atiende las necesidades de desarrollo de más del 70% de los pobres que hoy en día viven en países que no son de “renta baja”, sino que residen en los llamados “países de renta media” de acuerdo a las clasificaciones basadas en la renta per cápita.

Solamente un abordaje de derechos asegura la universalidad y la des-territorialización de los problemas del desarrollo ya que todas las personas tienen derecho a una vida digna, independientemente de donde residan, o de la renta per cápita de sus países. No hay desarrollo posible sin derechos humanos respetados desde la indivisibilidad, inalienabilidad y sin el bienestar y el goce de la gente al centro de la agenda.


Finalmente, si bien la clasificación de Uruguay como “país de renta alta” es el resultado de un proceso de crecimiento sostenido y esto son buenas noticias, especialmente en un contexto de crisis global, el propio crecimiento económico plantea desafíos porque se requieren nuevas capacidades humanas e institucionales para gestionar los proyectos e inversiones para avanzar hacia un desarrollo sustentable. Es fundamentalmente en la mejora de la calidad de las políticas públicas la introducción de temas sensibles para el desarrollo sustentable en la agenda política, la implementación de experiencias piloto y en el fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales que la cooperación al desarrollo ha jugado, juega y jugará un papel fundamental en un país como el nuestro.


¿Qué implicancias tiene la clasificación de “País de Renta Alta” para Uruguay?


Esta nueva categorización viene impactando, e impactará cada vez más, en las características de lo que entendíamos hasta hace poco tiempo como cooperación al desarrollo en nuestro país. Un impacto ya evidente es el de la salida de Uruguay de la lista de países elegibles para la cooperación bilateral de algunos donantes tradicionales, ya oficializada en ciertos casos como el de la Unión Europea a partir de 2014 y de España para el periodo 2013-2016. Si bien esto no perjudica a los proyectos que se encuentran actualmente en curso ejecutando fondos de cooperación internacional, significa que nuestro país no podrá postular a proyectos de cooperación bilateral con estos cooperantes a partir de estos períodos.


La cooperación al desarrollo, es decir nuestra razón de ser, sin duda no será en los próximos años lo que solía ser. Sin embargo, también estos cambios están produciendo nuevas oportunidades de establecer marcos de cooperación conjunta con estos u otros países, alianzas estratégicas, partenariados, mecanismos de cooperación regional, cooperación sur sur y triangular a partir de las capacidades adquiridas por el país, muchas veces gracias a la cooperación internacional, que antes no eran siquiera imaginables para un actor con la reducida escala, limitada experiencia y débiles capacidades institucionales y profesionales en gestión de la cooperación internacional.
En resumen, la cooperación seguirá cambiando, y con ella la naturaleza de nuestra tarea. Estamos trabajando con la mayor dedicación y compromiso para estar a la altura de estos desafíos.

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