Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional

El objetivo de esta doble jornada fue reflexionar sobre la gestión de las políticas penales, penitenciarias y de reinserción, presentar medidas alternativas a la privación de libertad y generar conciencia sobre las ventajas que estas propuestas novedosas y efectivas implican en términos judiciales, económicos, sociales y políticos para todos los países. 

El acto de apertura estuvo a cargo de Jorge de la Caballería, de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea; junto a la representación uruguaya formada por Ariel Cancela, Fiscal adjunto de Corte; Elena Martínez Rosso, ministra de la Suprema Corte de Justicia; y Andrea Vignolo, directora ejecutiva de AUCI.

Jorge de la Caballería destacó que esta instancia “busca debatir e intercambiar experiencias sobre una problemática relevante para América Latina y el Caribe, que nos afecta y preocupa a todos a ambos lados del océano”.

“No se trata únicamente de ofrecer una solución circunstancial al problema del hacinamiento en las cárceles, sino de hacer uso de alternativas al encarcelamiento para brindar mejores perspectivas de rehabilitación social y menor reincidencia”, ilustró de la Caballería.

“Sabemos que este tema genera reticencias en sectores de la opinión pública. Pero necesitamos trabajar en sensibilizar a los diferentes actores y a la sociedad en su conjunto. Debemos informar sobre las consecuencias del crecimiento de las tasas de encarcelamiento y sobre las ventajas del uso de medidas alternativas a la privación de libertad”, agregó. 

La directora ejecutiva de AUCI, Andrea Vignolo,  destacó la solidez institucional democrática para avanzar hacia el cumplimiento de todos los estándares internacionales. “En Uruguay podemos convivir en paz y pensar en seguir construyendo nuestro país hacia el futuro”, sostuvo. 

Vignolo dijo que “el país progresó en desarrollo humano en los últimos 15 años gracias a un sostenido crecimiento económico y políticas sociales orientadas a la igualdad”.

“La cooperación internacional cumple un rol estratégico al acercar experiencias exitosas y lecciones aprendidas, las cuales nos permiten avanzar hacia el cumplimiento de todos los estándares y de la agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, en la que nos propusimos todos los países no dejar a nadie atrás”, remarcó.

Vignolo agregó que se reafirma el compromiso de Uruguay “con el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y su necesaria reinserción social para avanzar  hacia una sociedad donde todos y todas tengamos igualdad de oportunidades para vivir  una vida digna y plena”. Asimismo, expresó que todos los países tienen un gran desafío global que es la lucha contra el delito organizado, el narcotráfico y la trata de personas. 

Ariel Cancela, Fiscal adjunto de Corte, quien reflexionó sobre las posibles soluciones aplicables a los delitos.

“Un conflicto penal resuelto puede llevar verdaderamente a una pacificación social. Nuestro país tiene un alto índice de personas privadas de libertad y el número tiende a ascender,  lo que nos lleva a pensar que hay que buscar alternativas”, expresó.

Por su parte, Elena Martínez Rosso, Ministra de la Suprema Corte de Justicia, aseguró que la sociedad uruguaya no ha resuelto bien la problemática de los centros penitenciarios ni las personas privadas de libertad. “La población en general no muestra preocupación por las personas encarceladas, aunque la seguridad es el tema que más interesa a la ciudadanía”, dijo. 

También participaron de la presentación Claudia Liebers Gil, responsable de Relaciones Institucionales y Estrategia de COPOLAD II; Juan Gama y Xavier Cousquer, directores de EL PAcCTO; y Juan Manuel Santomé, director de EUROsociAL+. Los expositores coincidieron en la importancia de poner foco en las desigualdades que impulsan a personas a actuar al margen de la ley, la lucha contra el crimen trasnacional organizado y el análisis y desarrollo de políticas de reducción de oferta y demanda de drogas.

En América Latina y el Caribe, la tasa media de personas privadas de libertad supera ae 263 cada 100.000 habitantes. En tanto, el uso creciente de detenidos en prisión preventiva supera el 30% de la población carcelaria y llega en algunos países a más del 70%; y la tendencia es al incremento. Expertos en Justicia, actores del sector penitenciario y representantes institucionales de distintos países participaron en mesas redondas y conversatorios con el objetivo de promover el debate y compartir experiencias exitosas en torno a la aplicación de las medidas alternativas a la privación de libertad encaminadas a reducir el hacinamiento en las prisiones, bajar las tasas de reincidencia, facilitar los procesos para mejorar la reinserción social de los reclusos y luchar de forma más efectiva contra el crimen organizado que prospera en las prisiones de la región. Estos retos se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, e incluyen la perspectiva de género en las políticas de medidas alternativas a la privación de libertad.