Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional

Este proyecto tiene por objetivo fortalecer la cooperación y las capacidades técnicas de las instituciones mexicanas y uruguayas, públicas y no gubernamentales, especializadas en la protección de los derechos de las personas usuarias de los servicios de internación por razones de salud mental y tratamiento de adicciones.

Las instituciones responsables que intervendrán en esta iniciativa son la Institución Nacional de los Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo-Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes; la Junta Nacional de Drogas (JND); y el Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay; y por México, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México (IAPA) y Documenta, análisis y acción para la justicia social. 

Salud mental como prioridad de Gobierno
En el lanzamiento del proyecto, el director ejecutivo de AUCI, Martín Clavijo, destacó que esta iniciativa fue aprobada en la VI convocatoria del Fondo Conjunto Uruguay - México. “Esta iniciativa fortalece las capacidades técnicas en salud mental y aborda una de las problemáticas que afecta, de forma significativa, a ambos países. Es una de las prioridades del Gobierno de Uruguay”, afirmó. Enfatizó que Uruguay trabajará en este tema a nivel departamental y para ello es necesario construir alianzas interinstitucionales, con el fin de tener resultados colectivos positivos para todos. 

En tanto, el director general de Operación de Proyectos en México de Amexcid, Carlos Acosta, manifestó que es significativo para la agencia construir servicios de salud sin violencia, proyecto que responde a una problemática crítica en México y Uruguay. “Ambos países tienen marcos normativos avanzados pero dificultades en la implementación de modelos de salud mental. Este proyecto tiene una visión integrada de la salud mental enfocada en alcanzar el bienestar, en el marco de sociedades más justas”.

"Este proyecto demuestra cómo las sociedades de México y Uruguay apoyan la salud mental, dando voz a los técnicos y expertos  para proteger derechos con dignidad. El fondo conjunto entre ambos países es un puente que pretende no dejar a nadie atrás y esoeranis que este proyecto sea el inicio de un cambio duradero", precisó el encargado de Negocios, a.i. de la Embajada de México, Andrés Ruiz Pérez.

Mientras que la directora general de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, María Elizabeth Bogosian, manifestó su aspiración de profundizar la Cooperación Su Sur desde la cancillería y, en este caso, visibilizar y sensibilizar a la temática salud mental.

Necesidad de atención digna centrada en las personas
La propuesta responde a una problemática crítica y persistente en México y Uruguay, países los que la atención a la salud mental y adicciones no garantizan una atención integral digna ni centrada en las personas, especialmente en aquellos grupos etarios en riesgo de exclusión social. En ambos países persisten modelos basados en la institucionalización prolongada, muchas veces, sin consentimiento y en condiciones inadecuadas. Pese a los avances normativos, la implementación de marcos de derechos humanos, sigue siendo limitada. 

La directora del IAPA, Amaya Ordorika Imaz, señaló como sustancial el diálogo y la experiencia, así como el aprendizaje colectivo para la transformación y la atención en el cuidado en salud mental, con las personas como sujetos de derecho. Destacó que es necesario construir un nuevo modelo de cuidados en la vida cotidiana y en los territorios. "Las políticas públicas deben tener como centro la justicia social", afirmó. 

En tanto, la directora de la Inddhh del MNP, Jimena Fernández Bonelli, dijo, entre otras cifras que hay 12.500 internaciones por año en Uruguay (datos de 2024) y que 6.000 se atienden por año. Agregó que es un proyecto necesario que apuesta a fortalecer el monitoreo sobre la violencia institucional.

Fortalecimiento institucional y normativo
En tanto, el secretario de la JND, Gabriel Rossi, recordó la importancia de este proyecto de Cooperación Sur -  Sur, en un momento internacional complejo. "Que los lugares sean dignos es algo que nos debemos todos. Muchas veces eso no pasa y están violentados los derechos de las personas", dijo en referencia a las instituciones de salud mental. “Hay fragmentación de servicios y se deben cerrar instituciones que no estén funcionando de acuerdo a la ley. Estamos trabajando en diferentes niveles de fiscalización”. También reiteró el compromiso con la rendición de cuentas y la mejora continua a través de la cooperación entre instituciones.

Al presentar el proyecto, Gianina Podestá, Ana Inés Machado y Alicia Saura, integrantes del equipo técnico del MNP/Innddh, dijeron que esta iniciativa se propone establecer un precedente en la región a través de 3 ejes. Por un lado, el  fortalecimiento institucional y normativo con la adopción e implementación de las salvaguardas de protección de derechos humanos en Uruguay y México, lo que permitirá construir un marco común para el monitoreo de espacios de atención a la salud mental, con el fin de prevenir y combatir la tortura y los malos tratos. También con el intercambio de buenas prácticas y desarrollo de capacidades técnicas de las instituciones que implementan el proyecto, los prestadores de servicios y los operadores de justicia en condiciones de encierro. Además de la sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, instancia liderada por personas expertas por experiencia y organizaciones de la sociedad civil.