Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional

Furtado valoró los esfuerzos obtenidos y mencionó que este proyecto "fue el único escogido en América Latina y el Caribe y en el que se estará trabajando durante dos años". Manifestó que el último Censo de Población arrojó que el 60% de las personas en situación de discapacidad son mujeres y que "el proyecto plantea trabajar en tres componentes bien diferenciados, uno, tiene que ver con el acceso a la salud de las personas con discapacidad, otro, tiene que ver con mejorar el acceso a la información de los derechos que tienen las personas con discapacidad y por último, y donde se enmarca esta capacitación de hoy, el de prevenir la VBG", enfatizó.

Sobre la capacitación que inicia, la directora de ONU Mujeres, dijo que tiene la expectativa de que los sistemas de respuesta actuales identifiquen las barreras actitudinales que hacen que mujeres con discapacidad, que sufren violencia, tengan obstáculos para llegar o usar los servicios, para transformarlos y que sean servicios inclusivos, expresó.

Por otro lado, Furtado destacó la interinstitucionalidad del Proyecto ya que están involucradas muchas instituciones del gobierno, agencias de Naciones Unidas y la sociedad civil organizada, y destacó el rol de AUCI como articulador entre estos tres pilares instiucionales.

Karina Ruiz destacó la oportunidad que otorga el proyecto para profundizar en la política de respuesta a la violencia basada en género (VBG) y recordó que "en Uruguay existe un Consejo Nacional Consultivo por una vida libre de violencia de género, que se refundó a partir de la aprobación de la Ley 19.580, en diciembre de 2017, y que existía desde el 2002 pero era un Consejo de Violencia Doméstica", enfatizó.

Destacó la experiencia acumulada "que llevó a profundizar el marco conceptual de trabajo, no solo de trascender las distintas manifestaciones de la violencia como la doméstica, y donde el Estado uruguayo se ha ido haciendo cargo de que la violencia que sufren mujeres, niñas y adolescentes, es una violación de los derechos humanos, y por ende, el Estado debe dar respuesta”. En este sentido, subrayó, “dar respuesta en todo lo que tiene que ver con la prevención de la violencia pero también con la atención con las consecuencias de la violencia y también en la reparación de los daños. Desde 2005 a la fecha se profundizó la política y que, actualmente, estemos con la mirada sobre la discapacidad, era impensable y es un gran logro, un gran desafío, pero también es un compromiso y un deber”, señaló.

Asimismo, Ruiz enfatizó en la importancia de volver a re pensar los modelos de atención actuales, las formas de mostrar los servicios y difundirlos, “cómo hacemos para que estos servicios sean accesibles para todas las mujeres, porque algo pasa que las mujeres con discapacidad que llegan al sistema de atención son muy pocas. Hay que empezar a romper las barreras para que esas mujeres lleguen, es nuestro compromiso y desafío”, reflexionó.

Por su parte, Macarena Duarte, destacó que la implementación del proyecto demuestra la madurez de la política implementada, “desde hace tiempo se trabajan con estos enfoques  y donde se reconocen faltantes se construye nuevamente”, señaló.

Al finalizar, Duarte destacó el trabajo interinstitucional del proyecto, la sinergia y conjunción de todas las organizaciones de gobierno, sociedad civil organizada y la cooperación internacional.

En la ocasión, el taller contó con la participación de referentes de los departamentos de Montevideo, San José y Canelones y fue dictado por las consultoras Valentina Delgado y Valentina Gómez Soñora; se realizará otro taller en Montevideo que incluyen referentes de Colonia, Flores y Florida; otro en Salto con la participación de referentes de Bella Unión, Salto, Paysandú, Río Negro; otro en Paso de los Toros, donde van a participar de Rivera, Tacuarembó, Durazno, Artigas y Soriano; y por último en Minas donde participarán referentes de Lavalleja, Maldonado, Rocha, Cerro Largo y Treinta y Tres.