Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional

El proyecto Fortalecimiento de capacidades operativas de las agencias gubernamentales de protección al consumidor de los países socios que tuvo como contrapartes a la Unidad de Defensa al Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (Udeco-MEF) y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, con la articulación de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC) fue aprobado en la Comisión Mixta entre Uruguay y Colombia, el 8 de julio de 2024. 

De la reunión de evaluación, que se realizó este jueves 21 en las instalaciones del MEF, participaron por Uruguay, el director de Udeco, Álvaro Fuentes, la encargada de Asuntos Internacionales, Laura Da Costa, la encargada de Educación al Consumidor, Laura Font, el encargado de Control y Fiscalización, Omar Gnazzo; además de la coordinadora técnica de AUCI, María Gracia Delgado y el técnico de Cooperación Sur – Sur, Santiago Rebellato. Mientras que por Colombia estuvieron presentes en la reunión de cierre, la superintendente delegada para la Protección del Consumidor, María Carolina Ramírez, la directora de Investigaciones de Protección al Consumidor, Neyireth Briceño Ramírez y el asesor de Despacho del Superintendente, Guillermo Augusto Múnera. 

En el período de ejecución que transcurrió entre setiembre de 2024 y agosto de 2025 se llevaron adelante 9 actividades, en las que los funcionarios de las agencias de defensa del consumidor de ambos países tuvieron la oportunidad de capacitarse, conocer las buenas prácticas y el trabajo cotidiano.

La delegación colombiana visitó Uruguay entre el 19 y el 21 de agosto. En ese tiempo junto al equipo inspectivo de Defensa del Consumidor realizaron diversas visitas a comercios, con el fin de conocer la forma en que se realiza la fiscalización en Uruguay. También llevaron adelante inspecciones de oficio, y otras por denuncias recibidas. Se realizaron tres inspecciones en la que se labraron tres actas de infracción y un acta informativa. Asimismo se realizó una inspección ocular en 20 comercios, a los efectos de controlar los precios a la vista del público, constatando que los mismos estaban exhibidos. 

Con el objetivo de conocer las iniciativas de Colombia y poner en común algunas propuestas nacionales se generó una Mesa de Diálogo en educación al consumidor y educación financiera, con la participación de referentes del Banco Central del Uruguay (BCU), el Instituto Nacional de la Juventud (INJU) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Consejo de Educación Secundaria (CES) y la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), la Fundación Banco República y el Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU). 

En las reuniones se identificaron buenas prácticas, desafíos para lograr implementar acciones con el objetivo de educar financieramente a los consumidores, con diferentes estrategias de abordaje. 

Los equipos destacaron la importancia de trabajar en red y crear sinergias interinstitucionales para atender la diversidad de poblaciones relacionadas a cultura, territorio, lenguaje, competencias de base, etapas de la vida, necesidades y deseos.

La delegación colombiana visitó las oficinas de la Unidad de Defensa del Consumidor y dialogó con los equipos de las distintas oficinas, lo que fue destacado por el funcionariado como enriquecedor y motivador para su tarea. 

También dialogaron sobre la cooperación existente entre ambos países. En tal sentido mencionaron que Uruguay es miembro activo del Comité Técnico N° 7 – Defensa del Consumidor de Mercosur y sus aportes a la experiencia regional, los desafíos actuales y las mejoras normativas que se están analizando en estos espacios.  

En el cierre del proyecto, los equipos manifestaron su conformidad por la realización de nueve actividades virtuales y presenciales que calificaron como actividades "útiles y relevantes", en las conocieron realidades diferentes, además de procesos administrativos novedosos. 

Los funcionarios manifestaron que, en el marco de este proyecto de Cooperación Sur-Sur y Triangular, se fortalecieron las capacidades institucionales de los equipos y de los países, lo que constituye un aporte a la generación de mejores políticas públicas que tienen impacto en la vida de los ciudadanos.